La minería es un eje fundamental de crecimiento y desarrollo del país. Según el Anuario Minero del 2014 editado por el Ministerio de Energía y Minas, participa con el 14.4% del PBI, con el 61% de las ventas nacionales y es el que genera más ingresos tributarios del fisco.

Reactivar la minería requiere superar los problemas de origen, más que sus efectos, con intervención previa del Estado en su papel subsidiario de regulador del mercado cuando existan asimetrías.

De acuerdo a nuestra experiencia en finanzas públicas y de pequeño productor minero en una comunidad campesina de Apurímac, departamento con las mayores reservas mineras del país, y sin embargo uno de los más pobres, concluimos que los principales problemas son tres:

- Problemas sociales entre las comunidades campesinas y las empresas mineras: la carencia de proyectos agropecuarios técnicamente elaborados y la capacidad para gerenciarlos de manera eficiente es el origen de los conflictos que generan desconfianza desde el inicio de las relaciones entre ambas partes.

Habitualmente, la empresa ofrece dinero como compensación por la servidumbre de sus tierras, generando así, sin proponérselo, una mala administración y corrupción en las dirigencias; además de la inadecuada asignación de estos recursos probablemente en obras intrascendentes o que dupliquen esfuerzos con obras públicas de responsabilidad del Estado, generando un círculo vicioso de cuestionamientos.

El caso de la empresa minera MILPO con el pueblo de Chavin (Chincha)  es un ejemplo emblemático de las relaciones con las comunidades campesinas. Históricamente podemas citar la mina Santa Bárbara en Huancavelica.

 

El campesino no rechaza aquello que afecte positivamente su calidad de vida como pequeño empresario agropecuario, que mejore genéticamente su ganado, la calidad de sus semillas y que tecnifique el riego limpio y permanente de sus tierras. Pero ello requiere la elaboración de proyectos privados de desarrollo previos a la firma de convenios, labor que debería hacerse con el apoyo del Estado, racionalizando a escala macrorregional al personal profesional especializado que se tiene en las direcciones regionales de Agricultura y Riego, Transportes y Comunicaciones y de Energía y Minas; y las direcciones desconcentradas de Agro Rural, Sierra Exportadora y Sierra Productiva y en las universidades nacionales que reciban canon minero, cuya entrega debería estar condicionada a la elaboración de proyectos de desarrollo y/o investigación.

- Falta de una infraestructura vial moderna competitiva, como el ferrocarril para el transporte masivo de minerales y concentrados desde los Andes hacia los puertos de exportación: el ferrocarril es una mejor alternativa económica, ecológica y social que la carretera y el mineraducto; por eso, la aprobación del Gobierno central a través del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, de la ruta alterna para la construcción del Tren Transoceánico Brasil-Perú, auspiciado y financiado por el gobierno chino, por el corredor económico paralelo a la Carretera Transoceánica del Sur –de cuyas ventajas escribimos en este diario el 30/10/15 y el 15/11/15– es crucial y sería histórico en el desarrollo potencial gasífero, hidroeléctrico, agroexportador y turístico de dicho corredor. La propuesta está liderada por la Mancomunidad Regional de los Andes, formada por los gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín e Ica.

- Dependencia de las fluctuaciones de la economía china, nuestro principal comprador de las exportaciones: la diversificación productiva es el medio para superar la dependencia de los grandes compradores, siempre que se tenga tecnología, infraestructura vial y energética adecuadas y competitivas para desarrollar los recursos existentes en los corredores económicos con potencial minero, como el antes mencionado corredor paralelo a la Carretera Transoceánica del Sur.

La necesidad de emitir normas para reactivar la minería en el corto plazo, sugeridas en el presente artículo, puede hacerse mediante decretos de urgencia de acuerdo a las facultades constitucionales del Ejecutivo.

Falta una infraestructura vial moderna y competitiva, como un ferrocarril de transporte masivo.