GINEBRA (12 de enero de 2021) | La policía de Perú hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza ante las protestas masivas ocurridas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. El documento, publicado este 12 de enero, destaca el incumplimiento de normas y estándares internacionales de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

El informe es fruto de una misión que la Oficina de Derechos Humanos realizó en Lima del 17 al 22 de noviembre, a invitación del gobierno peruano, para recabar información sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas para cuestionar la legitimidad del presidente interino, así como para expresar otros motivos de descontento social.

Entre sus principales hallazgos, el informe señala que agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos -que eran la mayoría- y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta.

En referencia a grabaciones de audio y video disponibles, entrevistas con víctimas y testigos, así como registros médicos, el informe afirma que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia. Dos manifestantes murieron por perdigones de escopeta disparados contra su torso y más de 200 personas, incluidos transeúntes, resultaron heridas.

“El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales”, comentó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Bachelet señaló que, potencialmente, la fuerza letal solo podría usarse contra personas específicas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. También destacó que las armas menos letales deben ser empleadas según requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, en situaciones donde las medidas menos dañinas son claramente ineficaces para enfrentar la amenaza.*

La Alta Comisionada subrayó que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos deben ser investigadas de manera rápida, independiente y exhaustiva, notando que algunas investigaciones preliminares ya han sido iniciadas. También destacó la importancia de que el gobierno reconociera públicamente que se cometieron violaciones.

“El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición. El gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas. Sin embargo, es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, expresó la Jefa de Derechos Humanos de la ONU.