En tiempos de crisis, la contradicción entre capital y trabajo se acentúa. La disputa de fondo no es solo quién asume los riesgos y paga los costos de la crisis, sino también cuáles serán los nuevos términos de la distribución una vez que pase la tormenta. Un ejemplo lo observamos en la agroindustria.

La salida de Pedro Castillo del gobierno y el impacto del ciclón Yaku fueron vistos por los grandes empresarios del sector como una oportunidad. Desde mediados del año pasado iniciaron una intensa campaña para posicionar la idea de que la derogatoria de la Ley 27360, conocida como Ley Chlimper, habría golpeado severamente su actividad y que los daños generados deben ser reparados.

El presidente de AGAP, Gabriel Amaro, ha sido el principal vocero de esta campaña, secundado por la Confiep y por un radicalizado Cillóniz, que no duda en adjetivar y mentir sin control desde la web Lampadia. Este relato ha sido también asumido por el Ejecutivo, así como por la mayoría congresal. Un primer éxito del citado lobby fue la aprobación, en diciembre, de la Ley 31969, que otorga a estas empresas deducciones tributarias y un aporte reducido a Essalud (de 6% hasta 2028). Pero van por más: una nueva Ley de promoción agraria.

La información difundida por los gremios agrarios es fácil de refutar. Salvo la caída breve en las exportaciones el año 2023, producto del ciclón Yaku, que deterioró parte de la cosecha en la costa norte, los años 2021 y 2022, con la Ley 31110 vigente, las exportaciones crecieron 16,8% y 6,4%, respectivamente. Al cierre del 2023 también se elevaron en un 9,7%. Es claro que no están en crisis. Pero los trabajadores no pueden decir lo mismo.

Lo que está en crisis en la agroindustria son los salarios

Las empresas se han “resarcido” del aumento de costos que significó el cambio regulatorio reduciendo salarios. Un reciente análisis de Eduardo Zegarra *, realizado con datos de la Planilla electrónica del MTPE, muestra que entre 2021 y 2023 los salarios reales cayeron en -29%. Esta caída drástica no solo se dio por efecto de la inflación, sino también por caídas en los salarios nominales; es decir, se comenzó a pagar menos desde 2021 *2.

La conclusión del análisis se mantiene. Grandes empresas, a través de estrategias de contratación diferenciada y aumento de la temporalidad de contratos lograron evitar incremento de costo laboral en términos reales. Y en conjunto, trabajadores han perdido 12% de salario real.

— Eduardo Zegarra (@EZegarra3) July 1, 2024

Zegarra encuentra que esto ha sucedido más claramente en las empresas grandes, las mismas que concentran más del 80% del empleo en el régimen agrario. Esta caída de salarios se asociaría con el aumento de los contratos intermitentes, la contratación de más mujeres y jóvenes –quienes que reciben remuneraciones más bajas– y la caída de la sindicalización.

¿Cómo se explica que, a pesar de que los trabajadores lograron derogar la Ley 27360 en una sacrificada lucha que hasta costó la muerte de tres obreros, la situación hoy sea peor que antes? Es preciso ver lo que está detrás de las estadísticas. Es necesario acercarnos a ver la forma en que se organiza el trabajo en la agroindustria. Para ello tomaré el ejemplo de los trabajadores de la provincia de Virú (La Libertad), a partir de testimonios recogidos de forma directa.

El tridente de la explotación laboral en la agroindustria

Existen tres instrumentos que las grandes empresas agrarias han venido utilizando para elevar la productividad, precarizar el empleo y mantener desorganizada a la masa trabajadora. Estos tres instrumentos, que funcionan combinados, son las metas de producción, las órdenes de prioridad y los descansos temporales. Juntos son una suerte de “tridente” usado para mantener a los trabajadores bajo un permanente y extenuante acoso.

Los obreros de Virú denuncian que, tras el paro agrario de 2020, las empresas han aumentado de forma constante las metas de producción, expresadas en las tareas diarias que deben ser cumplidas. Estas metas son establecidas de forma unilateral por las empresas. De acuerdo con el nivel de cumplimiento, los trabajadores son clasificados y se les asigna una “orden de prioridad” (ODP). Esto es un como una ubicación en la cola para ser llamados a laborar de nuevo.

Aquí es donde entran a tallar los “descansos temporales” (DT). Los trabajadores enfrentan la presión de la posibilidad de ser enviados a DT. Bajo la excusa de que las labores agrarias tienen demanda laboral variable, las empresas deciden de forma unilateral si alguien debe mantenerse trabajando o si será enviado a DT por uno, dos o tres meses. En ese tiempo, no se recibe pago alguno. Quedará en cada trabajador ver cómo sobrevivir.

El telón de fondo de este sistema perverso de trabajo está en el uso indiscriminado de contratos a plazo fijo, sobre todo los intermitentes. Es común que estos contratos sean de solo un mes y estén constantemente sujetos a renovación, incluso en tareas que no son temporales. Así lo muestran los datos de la planilla electrónica de 2023: 93,5% de los contratos son inestables, a pesar de que el 73% del volumen de empleo anual promedio se mantiene constante durante el año. Hay trabajadores con varios años de antigüedad con contratos de uno o dos meses.

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El uso indiscriminado de la contratación a plazo fijo y de DT afecta de forma especial a las mujeres gestantes. Recordemos que la fuerza de trabajo de este sector es altamente joven. La mayoría de las mujeres está en edad fértil. Al parecer, la maternidad es vista como un problema para varias empresas. Son recurrentes las denuncias de trabajadoras gestantes que indican que cuando la patronal se entera de su embarazo, de inmediato son enviadas a descanso temporal.

Este tridente de la precarización laboral también le resulta útil al gran capital agrario para mantener a la masa trabajadora desorganizada. La tasa de sindicalización en el sector es de apenas 2%, a pesar de tener condiciones estructuralmente favorables para la organización sindical, como la existencia de grandes asentamientos proletarios que forman ciudades altamente homogéneas en términos económicos, donde la mayoría se dedica al trabajo agrario. La amenaza de no renovación o de envío a DT, es un fuerte disuasivo, que se suma a varias otras prácticas antisindicales y a la criminalización de los luchadores sociales.

La agroexportación es el segundo sector exportador después de la minería. Su crecimiento ha sido explosivo.

Curiosamente, tras varias décadas de desarrollo capitalista, pareciéramos volver al panorama de mediados del siglo pasado: un país dependiente de la extracción minera y de la actividad agraria. Ciertamente, los empresarios agrarios de hoy no son iguales a los gamonales de ayer, pero parecen estar hermanados por la misma concepción: sostener sus negocios en beneficios estatales, trabajo de bajo costo y control total sobre los trabajadores. Si hablamos de una nueva regulación, que sea, entonces, para corregir estas tendencias perversas contra la sociedad, no para acentuarlas.

Fuente: La Republica - Omar Cavero