Por: Raúl Tola – Diario La República

"No es casualidad que estas nuevas acusaciones aparezcan al mismo tiempo y ocurran justo ahora, cuando falta menos de una semana para el 15 de febrero, día en que se hará la firma definitiva del acuerdo con Odebrecht y la información comenzará a fluir desde el Brasil".

Esta semana se ha sabido que el Ministerio Público viene investigando al fiscal José Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carhuancho por el allanamiento a las oficinas de los asesores de Pedro Chávarry.

A pedido del propio Chávarry, una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios evalúa si durante aquella diligencia se cometió abuso de autoridad. Como se recuerda, el personal de seguridad asignado a Chávarry violó el lacrado para sustraer varios documentos de una de las oficinas y que la publicación de este hecho precipitó la renuncia del ex fiscal de la Nación.

Casi al mismo tiempo, se informó que la Fiscalía de Control Interno del Ministerio Público viene investigando al fiscal Rafael Vela, jefe del equipo especial Lava Jato.

Se lo acusa de «conducta disfuncional» tras una queja presentada por el ex jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, Alonso Peña Cabrera. Aliado de Chávarry, Peña Cabrera fue acusado en su momento por filtrar información para entorpecer las investigaciones del megaproceso anticorrupción y sugerirle a Pérez que se abstuviera de preguntar sobre Alan García en un interrogatorio a Marcelo Odebrecht. Perdió el cargo una semana después de la partida del ex fiscal de la Nación.

Las denuncias son una prolongación de la disputa dentro del Ministerio Público, que llegó a su punto más álgido cuando, luego de muchos amagos, Chávarry despidió a Vela y Pérez el último día del año pasado, una decisión que debió revertir y que terminaría por precipitar su caída. Es evidente que esta guerra dentro del Ministerio Público es un apéndice de un conflicto mucho mayor: el que pelean quienes se enriquecieron gracias a las corruptelas de las constructoras brasileñas y quienes intentan hacer justicia y ponerlos tras las rejas.

En nuestro país no puede haber intocables, mucho menos si son funcionarios públicos que se encargan de asuntos del más alto interés nacional. Por la relevancia del cargo que ocupan, investigando, denunciando y juzgando el peor entramado de corrupción desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori —que involucra a políticos, empresarios, árbitros y miembros del sistema de justicia—, el desempeño de Vela, Pérez o

Concepción Carhuancho debe estar sometido a escrutinio, para señalar sus excesos, errores y faltas.

Pero lo que hemos visto hasta ahora ha sido una andanada de ataques fraudulentos, engañosos e interesados, lanzados por los investigados y sus aliados, que se han terminado deshilachando solos, a consecuencia de su inconsistencia y mala fe. Algunos ejemplos son la campaña de desprestigio contra el equipo Lava Jato —al que se acusó de ser el brazo armado de una persecución política emprendida por el gobierno contra sus opositores—, el mencionado despido de Pérez y Vela, los ataques al acuerdo con Odebrecht y su publicación con el propósito de derribarlo.

Acuerdo con Odebrecht

No es casualidad que estas nuevas acusaciones aparezcan al mismo tiempo y ocurran justo ahora, cuando falta menos de una semana para el 15 de febrero, día en que se hará la firma definitiva del acuerdo con Odebrecht y la información comenzará a fluir desde el Brasil. Ex presidentes, ex ministros, ex gobernadores regionales, la ex alcaldesa de Lima, empresarios y congresistas deben estar muy interesados en que estas prospe