La Contraloría General de la República emitió el Informe de Auditoría N° 378-2018-CG/GRL-AC, mediante el cual se revela que 12 funcionarios y servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL Maynas (Loreto) y de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes no atendieron oportunamente 56 denuncias contra docentes, formuladas por escolares de diferentes instituciones educativas por delitos contra la libertad sexual durante los años 2014 al 2017.

La inacción de estos funcionarios y servidores evitó que las denuncias sean comunicadas pertinentemente al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes por delitos de violación sexual (25), acoso sexual (21), hostigamiento sexual (3) y tocamientos indebidos (7).

Esta falta de acción permitió además que los maestros denunciados continúen enseñando en los colegios, ya que tampoco se dispuso su separación preventiva conforme lo establece el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, señala el Informe de Auditoría.

Se evidenció además que no se iniciaron oportunamente los procedimientos administrativos disciplinarios contra los profesores denunciados a fin de determinar la sanción o inhabilitación que corresponda, situación que conllevó a que los plazos legales se encuentren vencidos, transgrediendo el Reglamento de la Ley N° 27942 – Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES, que regula las medidas administrativas extraordinarias para el personal docente o administrativo implicado en delitos de violación de la libertad sexual.

Docentes acusados son contratados en otros colegios

Del Informe de Auditoría N° 378-2018-CG/GRL-AC se desprende también que algunos docentes acusados de delitos contra la libertad sexual, fueron separados preventivamente de las instituciones educativas en las cuales habrían cometido el delito, sin embargo, al no contar con informe de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes que determine el inicio del proceso administrativo respectivo, fueron contratados en otros colegios.

A ello se suma que, durante la auditoría a los ambientes de la UGEL Maynas, donde funciona esta comisión, se evidenció que la documentación de los procesos administrativos disciplinarios se encuentra apilada sin ninguna clasificación e inventario, generando el riesgo de pérdida, deterioro o utilización indebida y dificultando el control de los mismos.

Debido a la inacción de las autoridades educativas, la Contraloría comunicó directamente al Ministerio Público 23 denuncias por delitos contra la libertad sexual (violación sexual, actos contra el pudor, tocamientos indebidos y hostigamiento sexual). Las otras 33 denuncias fueron presentadas por la UGEL y la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes.
Asimismo, el Informe de Auditoría con los recaudos documentales correspondientes fueron remitidos al Órgano Instructor competente y a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría, para el inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales, respectivamente, respecto a los 12 funcionarios y servidores señalados.

Se recomendó también impulsar mecanismos de información, sensibilización, concientización y formación de los escolares, padres de familia y docentes en temas relacionados a salvaguardar la seguridad e integridad de los educandos en situaciones de amenaza a su integridad e indemnización sexual.

El documento fue notificado al Ministerio de Educación, que dispuso instalar una comisión especial en Iquitos para retirar inmediatamente de las aulas a los docentes acusados de estos delitos. De igual forma, se impulsará la investigación fiscal a fin de retirarlos de igual forma del sector.

Dato

De los 56 procesos administrativos sancionadores iniciados a estos docentes, 27 se iniciaron fuera de plazo, 22 expedientes se encuentran sin apertura de proceso y siete expedientes se encuentran con proceso dentro del plazo.

Fuente: Contraloria