La investigación contra KeikoFujimori y Fuerza Popular se ha consolidado en tres casos: los aportes fantasma de la campaña de 2011, los cócteles de la campaña de 2016, y los aportes de la empresa Odebrecht.

 

 

 

El juicio contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, iniciará en julio. La acusación fiscal ha encontrado evidencias de lavado de activos en 11 hechos, que tendrían su origen en delitos vinculados a Odebrecht y empresas peruanas. El Ministerio Público también ha documentado acciones de interferencia en la acción de la justicia de parte de la hija del expresidente Alberto Fujimori y su partido. Tras conocerse parte del testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavídes, el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, considera que la cúpula de Fuerza Popular sigue operando como una organización criminal. Por eso, explicó, pedirá la inclusión de estas declaraciones como nueva prueba en el proceso y que el exasesor sea admitido como testigo.

 

 

 

Aunque todavía están pendientes de corroboración, las declaraciones de Jaime Villanueva Barreto, exasesor de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas, han abierto un nuevo capítulo en el caso Cócteles, donde Keiko Fujimori Higuchi y la alta dirección de Fuerza Popular han sido acusados de formar una presunta organización criminal dedicada a lavar dinero ilícito para utilizarlo en las campañas presidenciales de 2011 y de 2016.

 

En las mismas —a diferencia del testimonio que ofreció al despacho de Marita Barreto, donde es aspirante a colaborador eficaz—, Villanueva Barreto ha señalado, en calidad de testigo, que la alta dirección de Fuerza Popular negoció con Benavides Vargas la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a cambio de su apoyo en el caso Lava Jato y la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Este último ha dirigido, desde 2017, las indagaciones contra Fujimori Higuchi, que en julio iniciará la etapa de juicio oral.

 

En la carpeta final de la investigación se han unificado tres casos: los aportes fantasma de la campaña electoral de 2011, los aportes de la campaña de 2016, que se habrían simulado a través de cócteles, y los aportes de la empresa brasileña Odebrecht.

 

El fiscal José Domingo Pérez confirmó a OjoPúblico que ha solicitado al despacho de la fiscal Delia Espinoza Valenzuela, a cargo de la investigación contra Patricia Benavides, todas las declaraciones de Jaime Villanueva Barreto para evaluar su inclusión como prueba en el juicio. También ha adelantado que solicitará la admisión del exasesor como testigo.

 

 

 

“Es mi obligación solicitar aquellas declaraciones que tengan relación o que hayan hecho referencia al caso [Cócteles], a personas vinculadas a Fuerza Popular o personas que hayan tenido alguna participación con los acusados en ese caso”.

 

A consideración del fiscal, lo declarado por el exasesor de Benavides Vargas confirma que la presunta organización criminal, enquistada en la cúpula de Fuerza Popular según la tesis del Ministerio Público, ha seguido operando hasta la actualidad.

  

 

 

 

  La Fiscalía ha pedido más de 30 años de prisión para Keiko Fujimori. Entre otros delitos, por organización criminal y lavado de activos.

 

 

 

 

De acuerdo a la acusación fiscal, Fuerza Popular lavó dinero ilícito por más de USD 17 millones, provenientes de Odebrecht, de los empresarios peruanos Dionisio Romero Paoletti y Enrique Gubbins Bovet, entre otros, para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y de 2016. Por este caso, se ha solicitado 30 años de cárcel para Fujimori Higuchi y la disolución de la organización política que lidera.

 

OjoPúblico ha recogido las principales evidencias de la acusación sobre los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Entre ellos, los 11 hechos vinculados al lavado de dinero, las acciones de Fuerza Popular y Keiko Fujimori para interferir en diferentes poderes del Estado (Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público) y las estrategias utilizadas, según la Fiscalía, para inducir a las personas a declarar falsamente.    

 

 

 
La acusación contra Keiko Fujimori

 

 

 

A inicios de diciembre de 2023, el juez Víctor Zuñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó el auto de enjuiciamiento contra Keiko Fujimori Higuchi, 38 personas naturales y dos personas jurídicas —Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) y MVV Bienes Raíces S.A.C., de propiedad de Mark Vito Villanella—. Con ello, ordenó el inicio del juicio oral, que ha sido programado para el próximo 1 de julio.

 

El fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación en marzo de 2021 y pidió 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori Higuchi por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. En junio de ese mismo año, inició la etapa de control de acusación, que comprendió varias subsanaciones.

DELITOS. El Ministerio Público identificó que la cúpula de Fuerza Popular incurrió en cuatro delitos en las campañas de 2011 y de 2016.
 

 

La tesis del Ministerio Público señala que la hija del expresidente Alberto Fujimori habría conformado una organización criminal al interior de su partido, para ocultar el origen de los fondos que recibió la agrupación política para las campañas electorales de 2011 y de 2016.

 

Además, el dinero proveniente de fuente ilegal habría sido declarado como ingresos proselitistas, como cócteles, rifas, almuerzos, etc. Como parte de este caso, la Fiscalía cuenta con más de 1.030 testigos, que ya han sido admitidos para el juicio.

 

La carpeta comprende la investigación por los aportantes fantasma y los cócteles que organizó Fuerza Popular, a través de los cuales —según declaró  a la ONPE— recolectó fondos que, como informó OjoPúblico en 2018, lo convirtieron en el único partido en sumar millones por este concepto.

aportes
 

 

MILLONES. En 2018, OjoPúblico identificó que Fuerza Popular fue el partido que más registró en cócteles, cenas y almuerzos. Gráfico: OjoPúblico

 

A estas se añade, finalmente, la indagación por los aportes de Odebrecht, de acuerdo al testimonio de Jorge Barata, exrepresentante de la empresa brasileña en el Perú. Por estos casos, Keiko Fujimori Higuchi ha enfrentado prisión preventiva en dos ocasiones.

 

Las indagaciones por los aportes de la campaña electoral de 2011, que no fueron sustentados adecuadamente, iniciaron en octubre de 2015, a cargo de la 26º Fiscalía Provincial Penal de Lima. Esta investigación surgió porque personas que figuraban en la lista de aportantes del partido señalaron no haber hecho depósitos a favor de la organización política.

 

Meses después, en marzo de 2016, la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos abrió una nueva investigación a Fujimori Higuchi. Esta se concentró en los aportes que declaró el partido por la venta de tarjetas para cócteles. Dichos eventos, según la tesis fiscal, sirvieron como fachada para ocultar el ingreso ilegal de dinero.

 

En agosto de 2017, tras la información que reveló IDL-Reporteros sobre la anotación “aumentar Keiko para 500 eu fazer visita” en la agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, se abrió una investigación a Fujimori Higuchi vinculada al caso Odebrecht. Inicialmente, la misma estuvo a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche. Pero, luego, pasó a manos del fiscal José Domingo Pérez.

 

Tiempo después, en febrero de 2018, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró en Sao Paulo ante el fiscal José Domingo Pérez que se había entregado USD 1,2 millones para la campaña de Keiko Fujimori Higuchi de 2011, tanto en la primera como en la segunda vuelta.

   

 

 

La acusación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular incluye las investigaciones de los aportes a las campañas de 2011 y de 2016, así como de Odebrecht.

 

 

 

 

La carpeta por el caso Cócteles comprende a 38 personas acusadas. Entre los imputados, además de Fujimori Higuchi, se encuentran sus exasesores Pier Figari Mendoza y Ana Herz Garfias de Vega; su exesposo Mark Vito Villanella; su abogada, Giulliana Loza Ávalos; el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka; el exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper Ackerman, y Vicente Silva Checa, un hombre cercano a Vladimiro Montesinos, entre otros.

 
 

Organización criminal y lavado de activos

 

 

El acta de enjuiciamiento, que recoge todas las pruebas fiscales presentadas y admitidas por el juez Víctor Zuñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, indica que la presunta organización criminal, es decir Fuerza Popular, a través de su alta dirección, lavaron activos de origen ilícito que, luego, introdujeron en las cuentas del partido.

 

La Fiscalía sostiene que se utilizó la modalidad del “pitufeo”—dividir un gran aporte monetario en pequeñas transacciones— con falsos aportantes, y otras actividades simuladas como “cócteles” o “rifas” para el blanqueo del dinero.

 

De este modo, de acuerdo a la tesis fiscal, la presunta organización criminal lavó más de USD 17’307.359 entre 2010 y 2016. Todo ese dinero, según la acusación, fue blanqueado por la organización para evitar declarar a los verdaderos aportantes en sus reportes de campaña de Fuerza 2011, en 2011, y de Fuerza Popular, en 2016.

 

 

“Sumas altas de dinero no bancarizadas, entregadas, por ende, en efectivo, la utilización de medios de camuflaje del dinero; con esto me estoy refiriendo al ‘pitufeo’, la manera como se fracciona el dinero para que pueda ser justificado, luego, en aportes de campaña y, finalmente, las actividades de campaña propiamente dichas”, explicó el fiscal José Domingo Pérez sobre la modalidad usada por la presunta organización criminal para lavar el dinero.

 

El primer hecho, de acuerdo al acta de enjuiciamiento, corresponde al USD 1 millón proveído por la empresa Odebrecht, a través de sus funcionarios. Entre ellos, el superintendente en Perú, Jorge Simões Barata, para la campaña de 2011.

 

Dicho dinero, según las declaraciones de Simões Barata y del entonces presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, provenía del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa, área creada para manejar los fondos destinados al pago de sobornos en licitaciones públicas y para financiar campañas políticas.

 

También están consignadas las entregas de dinero de Dionisio Romero Paoletti, presidente de Credicorp entre 2009 y 2020. El empresario declaró al Equipo Especial Lava Jato que le dio a Keiko Fujimori Higuchi y a Jaime Yoshiyama Tanaka USD 3’650.000, en 2011, a través de la empresa Credicorp.

   

 

 

 

La empresa Odebrecht entregó USD 1,2 millones para la campaña de 2011 de Fuerza Popular, según evidenció la Fiscalía.

 

 

 

Mientras que, para la campaña de 2016, aseguró haber entregado a las mismas personas USD 450.000, esta vez por intermedio de la empresa Inversiones Piuranas. Al ser dos entregas realizadas en diferentes periodos, la Fiscalía las ha considerado como dos hechos de lavado distintos.

 

Romero Paoletti ha sido considerado como testigo del Ministerio Público y el fiscal José Domingo Pérez espera que, en el juicio, el empresario confirme que le dio el dinero directamente a la lideresa de Fuerza Popular. “Estamos a la expectativa que el señor Dionisio Romero concurra al juzgamiento y manifieste que entregó esas cantidades de dinero en bolsas a la candidata Keiko Fujimori, como lo señaló a la Fiscalía”, aseguró.

 

El cuarto, quinto y sexto hecho, aprobados en el acta de enjuiciamiento por el juez Víctor Zuñiga Urday, corresponden a las entregas de dinero que realizó el fallecido Juan Enrique Rasmuss Echecopar, junto a sus socios Enrique Manuel Gubbins Bovet y José Leandro Mariátegui, entre otros representantes del grupo empresarial Rassmus, a los miembros del partido.

 

Como en el caso anterior, Enrique Gubbins Bovet reconoció al Equipo Especial Lava Jato que, entre 2010 y 2011, las empresas del conglomerado —como Sudamericana de Fibras y Metalúrgica Peruanas S.A.— entregaron USD 3’500.000 a los miembros de la presunta organización criminal.

 

Luego, entre 2012 y 2014, entregaron USD 440.000. Y, entre 2015 y 2016, la Fiscalía identificó la entrega de otros USD 3’730.000. Gubbins Bovet también ha sido consignado como testigo de la Fiscalía para el juicio.

 

El séptimo hecho documentado por el Ministerio Público es el aporte de Luis Santiago Calle Quiroz, un empresario presuntamente vinculado a una red internacional de lavado de dinero del tráfico ilícito de drogas, en 2011, de acuerdo a información de las autoridades estadounidenses. El monto entregado fue de USD 15.000.

 

En 2013, luego de conocerse su presunta vinculación con actividades ilícitas, Keiko Fujimori Higuchi informó que había devuelto el dinero a través de un cheque de gerencia. En este sentido, el fiscal José Domingo Pérez señala que esto se dio solo después de conocerse públicamente el caso, y que sí se llegó a confirmar la presencia del dinero en las cuentas de la organización política. “El dinero ingresó a la actividad de la campaña [2011]”, sostuvo.

 

El juez también admitió como un hecho de presunto lavado la entrega de USD 2’077.500 por parte de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para la campaña de 2011. La tesis fiscal considera que la entidad, entonces presidida por Ricardo Briceño Villena, recaudó dinero de varios empresarios reunidos en la institución para favorecer a la lideresa de Fuerza Popular.

 

 

Allanamiento CONFIEP
DILIGENCIA. Como parte de la investigación, las oficinas de Confiep fueron allanadas en noviembre de 2019. Foto: Andina

 

Dentro de lo recaudado se encuentran USD 200.000 de Odebrecht, según la declaración de Jorge Barata. No obstante, la defensa del empresario Ricardo Briceño ha señalado que el dinero recaudado fue para una campaña de promoción de la inversión privada.

 

El noveno hecho presentado por la Fiscalía al despacho del juez Víctor Zuñiga Urday corresponde a la entrega de USD 52.000 y S/ 18.000 por parte de los empresarios ligados al Club de la Construcción, quienes son investigados por presuntamente pagar sobornos a funcionarios para lograr la buena pro de obras públicas.

 

El acta de enjuiciamiento menciona, por ejemplo, a Ricardo Manrique Daemish, Fernando Castillo Dibós, Ernesto Tejeda Moscoso, Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, Julián Siucho Dextre y Federico Aramayo Málaga.

 

Asimismo, están los USD 200.000 entregados por Vito Modesto Rodríguez Rodríguez, fundador del grupo Gloria. El empresario confirmó al Equipo Especial Lava Jato haber entregado dicho monto directamente a Keiko Fujimori.

 

Finalmente, el décimo primer hecho documentado por la Fiscalía corresponde a los USD 2’192.859,72 obtenidos por la empresa MVV Bienes Raíces, por presuntos servicios de corretaje, que, según la fiscalía, fueron activos ilícitos que terminaron inscritos en el patrimonio de los entonces esposos Mark Vito Vilanella y Keiko Fujimori Higuchi, a través de la compra de inmuebles.

 

Para el lavado de activos existen, por lo menos, dos requisitos relevantes establecidos en la Ley Penal contra el Lavado de Activos Ley Nº 27765 y en el Decreto Legislativo Nº 1106: que los acusados conozcan o presuman el origen ilícito del dinero y la identificación del delito que originó el activo ilícito, conocido como delito precedente o delito fuente.

 

Sobre el primero, existe un debate que se verá a fondo en el juicio. La defensa de Keiko Fujimori Higuchi, a cargo de la abogada Giulliana Loza Ávalos, ha señalado que los acusados no tenían conocimiento de los actos de corrupción en los que estaba involucrada la empresa Odebrecht cuando ingresó el dinero al partido y, también, que la entrega de dinero de los empresarios peruanos se realizó en el marco regular de cada entidad. Por lo que, de acuerdo a este argumento, no habría conciencia de algún hecho delictivo.

   

 

 

La Fiscalía identificó 11 hechos en los que Fuerza Popular lavó dinero proveniente de presuntas fuentes ilícitas.

 

 

 

El fiscal José Domingo Pérez sostiene, en cambio, que la entrega irregular de activos (maletines, bolsas, etc.) y el posterior ocultamiento de los mismos demostraría que sí hubo conciencia o, por lo menos, presunción del origen ilícito.

 

“Imaginémonos que, en algún momento de su trayectoria, vienen y le ofrecen un maletín con medio millón de soles en efectivo para que usted lo pueda ingresar a su entidad o a la actividad que está realizando. Entonces, usted debe presumir que ese dinero tiene procedencia ilícita porque, en el contexto en el cual nos encontramos, ese dinero o esa cantidad elevada de capital no puede ser canalizado bajo esos medios, sino que se tiene que utilizar los medios financieros”, dijo el fiscal en relación a la presunta conciencia de los acusados.

 

Con respecto a los delitos fuentes, la Fiscalía ha establecido diversos orígenes ilícitos del dinero que ingresó a la organización política: en el caso del dinero proveniente de Odebrecht, el origen sería el delito de corrupción transnacional, reconocido por los propios directivos de la empresa brasileña, como Jorge Barata, a los fiscales del equipo Lava Jato.

   

 

 

El fiscal José Domingo Pérez ha precisado que los empresarios vinculados a las entregas de dinero están comprendidos en otra carpeta fiscal.

 

 

 

En lo que corresponde al dinero entregado por las compañías de Dionisio Romero Paoletti (Credicorp e Inversiones Piuranas), de Juan Enrique Rasmuss Echecopar (Grupo empresarial Rassmus) y del gremio liderado por Ricardo Briceño Villena (Confiep), el delito de origen —según la acusación fiscal— fue fraude en la administración de personas jurídicas. Es decir, una operación que busca perjudicar el patrimonio de una empresa.

 

Mientras que, en el caso de los aportes del empresario Luis Santiago Calle Quiroz, el delito fuente, de acuerdo a la Fiscalía, es el tráfico ilícito de drogas. Los montos de los empresarios del Club de la Construcción, en tanto, se sustentan en el delito de corrupción de funcionarios, según la acusación fiscal.

 

“Nosotros, a nivel de la Fiscalía, consideramos que esto tiene procedencia ilícita porque tenemos distintas fuentes [delito precedente]: dinero que procede de la empresa Odebrecht, que tenía una caja de sobornos cuyas ganancias se ingresaban, luego, a las campañas políticas. Después, tenemos el dinero que procede del fraude de la administración de personas jurídicas, en este caso estamos hablando de dos fuentes: el Banco de Crédito del Perú y otros más [Rasmuss, Confiep]”, precisó.

 

 

El fiscal explicó a OjoPúblico que los empresarios peruanos que aportaron el presunto dinero ilícito a la organización política no se encuentran como acusados en el caso Cócteles, sino como testigos, debido a que ellos son parte del delito precedente al lavado de activos, y este es un delito autónomo, que solo castiga a los que participaron en el proceso de blanqueamiento de activos, y no a los que participan en el delito previo.

 

Asimismo, José Domingo Pérez indicó que las pruebas en contra de estos empresarios han sido enviadas a otro despacho fiscal para que se proceda con la investigación pertinente.

 

“Conocemos el caso del financiamiento de la campaña; es decir, del dinero que es recibido por aquellas personas que, luego, van a hacer el blanqueamiento a través de diversas actividades. Sobre [las personas] que han originado este dinero, que es el delito precedente o la actividad criminal previa, nosotros lo hemos remitido para que sean investigados por las fiscalías que sean competentes”, precisó en referencia a los empresarios Dionisio Romero Paoletti y Enrique Gubbins Bovet, entre otros.

 

 

ENTREGA. El empresario Dionisio Romero declaró que entregó USD 3’650.000 para el partido, a través del grupo Credicorp. Foto: Grupo Romero
 
 

Obstrucción a la justicia y falsa declaración

 

 

La Fiscalía ha acusado a Keiko Fujimori Higuchi de haber ordenado, como líder de una presunta organización criminal, que el estudio Oré Guardia provea abogados que ayuden a evitar el avance de las investigaciones fiscales. Esto se habría ejecutado a través de diferentes modalidades, ya sea instruyendo a testigos a declarar falsamente, así como amenazándolos, si no lo hacían como se les indicaba.

 

Según la tesis fiscal, los letrados tenían encargado inducir a personas que fueron consignadas como aportantes del partido, y que estaban siendo citadas por el Ministerio Público, a no declarar con la verdad. De esta manera, la presunta organización criminal buscaba justificar el dinero ilícito que ingresó al partido de parte de empresarios.

 

“Cuando ellos tenían que atestiguar a nivel de la Fiscalía el aporte que habían realizado eran abordados por los abogados del partido Fuerza Popular”, narró el fiscal José Domingo Pérez a OjoPúblico.

 

Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exministro Jaime Yoshiyama Tanaka, declaró ante la Fiscalía que acudió al domicilio de Keiko Fujimori Higuchi para solicitarle apoyo legal porque sus amigos estaban siendo citados a declarar. Según dijo, la lideresa de Fuerza Popular “refirió que acudan al estudio Oré Guardia porque ellos son los abogados del partido”.

   

 

 

Según el Ministerio Público, Keiko Fujimori buscó interferir en la acción de la justicia a través de congresistas, jueces y fiscales.

 

 

 

Otra de las imputaciones de la Fiscalía es que Fujimori Higuchi ordenó a los abogados buscar vínculos con las máximas instancias de las salas del Poder Judicial para obstruir a la justicia y conseguir impugnaciones en los procesos en su contra.

 

Uno de los magistrados que fue contactado, según el auto de enjuiciamiento, fue el exjuez César Hinostroza Pariachi, principal implicado en Los Cuellos Blancos del Puerto, la mayor red de corrupción en el sistema de justicia peruano, que comprendía a jueces y fiscales.

 

Al igual que con César Hinostroza, la Fiscalía señala que Keiko Fujimori Higuchi habría mantenido comunicación con el exfiscal de la nación Pedro Chávarry Vallejos, a través del excongresista Daniel Salaverry. El objetivo era, nuevamente, obstruir a la justicia por medio de su respaldo en las investigaciones en su contra.

 

También se indica que la lideresa de Fuerza Popular tuvo nexos con funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de los que buscó que su partido sea favorecido en la fiscalización que el órgano electoral realizaba sobre el financiamiento de las campañas de las organizaciones políticas.

 

Lea también:

 

 

La acusación señala, asimismo, que el partido Fuerza Popular fue instrumentalizado por Keiko Fujimori Higuchi, Jaime Yoshiyama Tanaka, Agusto Bedoya Camere, Ana Herz Garfias de Vega, Pier Figari Mendoza, Vicente Silva Checa y otros miembros de la presunta organización criminal para obstruir a la justicia, a través de los abogados del estudio Oré Guardia.

 

Además, se ha señalado que otro de los objetivos era conseguir poder político para lograr culminar con los procesos en curso. Según el auto de enjuiciamiento, Keiko Fujimori Higuchi ordenó a sus exasesores Pier Figari Mendoza y Ana Herz Garfias de Vega que instruyan a los congresistas del partido para ejecutar actos de obstrucción, tanto en las diligencias fiscales como al interior del Congreso. Una de las evidencias de esto fue lo que se encontró en el chat de La Botica.

 

ÓRDENES. La Fiscalía encontró los chats de Fuerza Popular en Telegram en los que coordinaban acciones de obstrucción de la justicia desde el interior del Congreso. Foto: Andina

 

En dichas conversaciones vía Telegram, congresistas de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi y sus exasesores coordinaban acciones para interferir la acción de la justicia. Entre ellas, los ataques al fiscal José Domingo Pérez, el apoyo al exfiscal de la nación Pedro Chávarry Vallejos y el respaldo al exjuez César Hinostroza Pariachi en la acusación constitucional que se seguía en su contra en el Congreso.

 

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato considera que el reciente testimonio de Jaime Villanueva Barreto, exasesor de Patricia Benavides Vargas, evidencia, una vez más, la forma en la que se conduce la presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular, buscando obtener poder político.

 

“La misma manera criminal de actuar es lo que estamos viendo actualmente. Por eso, se incorpora el partido Fuerza Popular, por eso se solicita la disolución y liquidación, porque la organización criminal no ha cesado en sus actividades. Por el contrario, estas actividades, nuevamente, se han activado”, dijo a OjoPúblico.

 

Otro de los actos de obstrucción a la justicia, siempre de acuerdo a la tesis fiscal, fueron los realizados por Luis Mejía Lecca, Walter Rengifo Saavedra y Danae Calderón Castro. En noviembre de 2017, estos viajaron al distrito de Nueva Cajamarca, en la región San Martín, para conformar una “comisión de alto nivel” que se encargaría de inducir a testigos a prestar falsos testimonios.

 

En un restaurante del lugar, entregaron folders a las personas que contactaron con documentos relacionados a los aportes. Estos hechos sucedieron cuando ya estaba en curso la investigación contra Fujimori Higuchi por lavado de activos.

 

De igual modo, se habrían realizado entregas de dinero a algunas personas para que declaren falsamente. Al respecto, se han recogido declaraciones del colaborador eficaz 2018-2, quien señaló: “estos fólderes manila tenían pegado en la carátula nuestros nombres, número de DNI y refería ‘Aportaciones en campaña electoral 2da entrega EG2011’ (...) y una copia simple de un voucher del banco Scotiabank, con un aporte con el mismo monto que señalaba dicho recibo, el monto de cinco mil dólares para todas las personas antes indicadas”.

 

También se ha evidenciado que, para obstruir a la justicia y lograr la impunidad de sus actos, la presunta organización criminal buscó vincularse con Los Cuellos Blancos del Puerto, debido a las conexiones que tenía esta red criminal con “jueces, fiscales, congresistas, consejeros de la magistratura, jefes de instituciones autónomas”.

 

De acuerdo al auto de enjuiciamiento, el Equipo Especial Lava Jato también acusa a los integrantes de la presunta organización criminal de haber cometido el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

 

El despacho del fiscal José Domingo Pérez ha sustentado ante el juez Víctor Zuñiga Urday que la inclusión de presuntos falsos aportantes en declaraciones presentadas ante la ONPE por los aportes obtenidos para las campañas de 2011 y de 2016 es una muestra de la práctica delictiva de los acusados.

 

 

   

Fuerza Popular declaró ante la ONPE falsamente, según la Fiscalía, respecto a sus ingresos por supuestos cócteles.

 

 

Además, sostiene que, en los estados financieros anuales presentados ante la ONPE, la organización política consignó a los falsos aportantes como parte de sus ingresos y egresos en campañas electorales.

 

En entrevista con OjoPúblico, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato señaló que el presunto dinero ilícito entregado por Odebrecht, Credicorp y por el conglomerado Rasmuss, entre otros, fueron reportados a la ONPE como actividades proselitistas.

 

“Cuando declaran ante la autoridad electoral indican que el dinero que han recibido es producto de las actividades proselitistas, cócteles, rifas. Es decir, hicieron una falsa declaración, porque el dinero que ellos registran en este trámite es el dinero que le dio Dionisio Romero o Rassmuss”, precisó.

 

Asimismo, el fiscal José Domingo Pérez ha señalado que, entre los testigos que ha presentado la Fiscalía para el juicio, se encuentran las personas que fueron consideradas aportantes, pero que aseguran no haber hecho ningún depósito a favor de la organización política. En otras palabras, los falsos aportantes.

 

Este medio intentó comunicarse con Giulliana Loza Ávalos, representante legal de Keiko Fujimori Higuchi. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.

 

 

Las declaraciones de Jaime Villanueva Barreto

 

 

 

OjoPúblico accedió al testimonio brindado, en las últimas semanas, por el exasesor de confianza de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas, Jaime Villanueva Barreto, a la Fiscalía que investiga el caso La Fiscal y su Cúpula de Poder.

 

Estas declaraciones fueron dadas en calidad de testigo ante el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, el 30 de enero pasado. Sin embargo, se sabe que no es la única, pues Villanueva Barreto ha continuado con sus manifestaciones en días posteriores.

 

En la primera conocida públicamente, el exasesor reveló hechos que involucran a nuevos actores en actos irregulares para favorecer a Patricia Benavides Vargas, así como otros eventos que ahora son materia de investigación por la Fiscalía y la JNJ.

 

Dentro todo lo que dijo Villanueva Barreto, resalta la referencia que hizo a la presunta negociación entre la alta dirección de Fuerza Popular con la entonces fiscal de la nación para lograr la remoción de los miembros de la JNJ y evitar el avance de las denuncias constitucionales en su contra en el Congreso.

   

 

 

El testimonio de Jaime Villanueva puede servir como nueva evidencia para el juicio, a consideración del fiscal José Domingo Pérez.

 

 

 

“[Patricia Benavides] me dijo que ella estaba coordinando con la alta dirección de Fuerza Popular, yo entiendo que con la Señora [Keiko] Fujimori, porque antes ya me había dicho que había conseguido un canal directo con Keiko [Fujimori] y [Luis] Galarreta”, se lee en el acta de declaración.

 

El exasesor también mencionó ante el fiscal Reynaldo Abia Arrieta que algunos congresistas fujimorista, entre ellos el fallecido Hernando Guerra García, Martha Moyano Delgado, Patricia Juárez y el abogado Miguel Torres, solicitaron, a cambio, el apoyo con el caso Lava Jato, donde se investiga a su lideresa por organización criminal y lavado de activos.

 

“[Martha Moyano] nos recibió con Nano Guerra, Patricia Juárez y Miki [Miguel] Torres, esto es en setiembre u octubre de 2022, entonces ahí se acuerda que ellos iban a apoyar en todo lo posible a Patricia Benavides. Nos piden también por el tema de la investigación de Lava Jato, a ver en qué se les puede apoyar”, dice el acta fiscal.

 

Asimismo, contó que la congresista Martha Moyano Delgado le había solicitado a Benavides Vargas la remoción de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato. Posteriormente, este hecho fue confirmado por la parlamentaria de Fuerza Popular en un medio de comunicación.

NEXO. El exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, ha señalado que Martha Moyano fue inicialmente el vínculo de Fuerza Popular para recibir respaldo de la suspendida fiscal de la nación. Foto: Andina

 

“[Martha] Moyano le pidió [a Patricia Benavides] que lo saque [a José Domingo Pérez] del equipo Lava Jato, y que saque a Rafael Vela. Entonces Patricia [Benavides] le dijo que José Domingo está postulando para ser juez y mejor esperábamos que se vaya por sus propios méritos, y cuando salió [Martha] Moyano me dijo que los de Fuerza Popular estaban muy interesados en que [Rafael] Vela y José Domingo [Pérez] salgan de ese equipo [Lava Jato]”.

 

El fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso Cócteles, sostuvo, en entrevista con OjoPúblico, que este hecho revela la intromisión del poder político al interior de la institución a cargo de perseguir el delito.

 

“Es una situación grave porque se demuestra la injerencia del poder político en la independencia y autonomía de una institución del sistema de justicia, como es el Ministerio Público. Esto debería llevar a acciones inmediatas por parte de la Fiscalía (...) Esto no es tolerable en un sistema democrático”, señaló.

 

Este medio buscó los descargos de las congresistas Martha Moyano Delgado y Patricia Juárez, al igual que del abogado Miguel Torres. Sin embargo, ninguno respondió hasta el cierre de este informe.

 

En opinión del fiscal José Domingo Perez, las declaraciones de Villanueva Barreto y el posterior reconocimiento de Martha Moyano Delgado revelan que la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori Higuchi sigue operando en la actualidad.

 

“Los últimos acontecimientos, en donde se ha buscado afectar la independencia y autonomía del Ministerio Público, me llevan a entender que la actividad de este partido, desde el aspecto criminal, no ha cesado. Buscar la suspensión o que se cesen a los fiscales que estaban investigándolos es una muestra clara de injerencia, interferencia y obstrucción a la justicia”, dijo.

 

Artículo producido y publicado por Ojo Público.