Ayer en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la situación de los derechos de las más de 2 millones de mujeres indígenas de los 55 pueblos indígenas del Perú, que representan al 8% de la población nacional. Actualmente, ven restringidos sus derechos a acceder a servicios adecuados de salud, educación y un importante número de ellas, son víctimas de violencia.

Según las cifras de los Censos Nacionales del 2017, solo el 24% de las comunidades nativas de la Amazonía y el 40% de las comunidades campesinas cuentan con una institución educativa del nivel secundaria. Ello dificulta la permanencia y culminación de los estudios de niñas y adolescentes indígenas, quienes en un 20% están atrasadas en la realización de su educación básica, mientras que el 59% de ellas no llegan a concluirlos.

En cuanto al derecho a la salud, 6 de cada 10 comunidades nativas y 1 de cada 2 comunidades campesinas no cuentan con un establecimiento de salud, dificultando gravemente el acceso a los servicios de salud que requieren las mujeres indígenas. Del mismo modo, entorpece la implementación de medidas para la prevención del embarazo adolescente, en tanto al 2018, se registró que el 37% de adolescentes indígenas amazónicas estuvieron alguna vez embarazadas, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

En la lucha contra toda forma de violencia, las mujeres indígenas también se encuentran en una situación de desventaja. El 74.7% de mujeres quechua hablantes ha sufrido violencia ejercida por su esposo o compañero, en comparación con el 61.3% entre mujeres castellanohablantes. En particular, las niñas y adolescentes indígenas son más vulnerables a la violencia sexual, ya que, durante el 2018, el Ministerio Público registró 370 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes indígenas.

En esa  línea, destacamos la aprobación de los “Lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas u originarias”, publicado el día de hoy por el Ministerio de Cultura; el cual  representa un importante hito para mejorar el acceso a la justicia de esta población vulnerable, reconociendo la necesidad de brindar servicios en la lengua materna de la víctima, así como promover acciones para prevenir y desnaturalizar la violencia sexual en los espacios comunales. En ese marco, solicitamos adoptar medidas concretas y urgentes para su adecuada implementación.
 

#NormasLegales Decreto Supremo que aprueba los lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas u originarias https://t.co/mxNLslYj5q pic.twitter.com/haTSxIRZpM

— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) August 9, 2019

La participación, de las mujeres indígenas, en la toma de decisiones es limitada. En los procesos de consulta previa al 2018, el 39% de las personas que participan en talleres informativos son mujeres respecto de los hombres, mientras que durante el dialogo con el Estado solo representan el 23% de los representantes indígenas acreditados. La falta de condiciones para garantizar su participación, como el uso de lenguaje sencillo, en la lengua materna, en espacios diferenciados, capacitación para lideresas y la identificación de impactos sobre derechos colectivos desde un enfoque de género, dificultan el ejercicio de este derecho.

La Defensoría del Pueblo recuerda que es obligación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos constitucionales autónomos a adoptar medidas urgentes para elaborar e implementar políticas públicas que contribuyan a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, en igual de condiciones que sus pares hombres y el resto de la población nacional.