Por Luis Almagro | @Almagro_OEA2015 (*)

En tiempos de pandemia hemos visto el desarrollo de ideas sobre la solidaridad, ideas que se extienden buscando comprender y/o juzgando cada esfuerzo humano -y, por lo tanto, cada esfuerzo político-.

El otro día alguien me decía que adelantarse al turno que le correspondía a cualquiera para vacunarse en cualquier contexto social que sea es exactamente lo mismo que sentarse en un bote salvavidas en lugar de los ancianos y los niños. Entender la solidaridad en cada sociedad debería ser relativamente fácil dado que la misma esta delineada en principios que tienen una clara continuidad cultural. No es difícil para la sociedad integralmente darse cuenta cuando alguien viola estos criterios básicos, lo podemos ver a niveles nacionales o subnacionales, también a niveles comunitarios cómo la gente se indigna, se enoja o en otros casos encuentra discursos indulgentes incomprensibles.

La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que las vacunas contra el covid-19 deben distribuirse equitativamente. En primer lugar, porque creemos en el principio de justicia. Por eso proporcionamos la vacuna a grupos prioritarios en función de necesidad, exposición y vulnerabilidad. En segundo lugar, y de forma más pragmática, porque nuestro éxito en la lucha contra el virus depende de la vacunación universal. Si esto es cierto dentro de nuestros países, también debería serlo entre países aliados, socios, miembros de una misma comunidad.

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¿Por qué entonces no distribuimos las vacunas de forma equitativa entre las naciones?

Esta pandemia es la peor crisis de salud pública a la que se ha enfrentado el mundo moderno.

La pandemia también ha devastado las economías de los Estados miembros de la OEA, en particular, las que dependen en gran medida de fuentes de ingresos externas, como el turismo.

El desempleo se ha disparado, la pobreza y la desigualdad han aumentado y la inversión ha disminuido. Las perspectivas económicas son especialmente sombrías para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que, en virtud de su tamaño, producen una estrecha gama de bienes y servicios que también son muy vulnerables a los choques externos y a los desastres naturales.

Las vacunas contra el covid-19 ofrecen la posibilidad de hacer retroceder el virus y encaminar a cada nación hacia la recuperación sanitaria y económica. Sin embargo, en la actualidad, el acceso y la distribución de las vacunas no son iguales. Teniendo en cuenta los niveles actuales de disponibilidad y distribución limitada de vacunas, la pandemia se prolongará mucho más tiempo para la mayor parte de la población mundial que para los países más ricos. Eso incluye a los de América Latina y el Caribe, lo que socava sus derechos a la vida, la salud y el sustento.

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Acojo con satisfacción el mecanismo Covax, dirigido por la Organización Mundial de la Salud, que fue diseñado para ayudar a los países en desarrollo a garantizar el acceso a las vacunas a precios asequibles. Sin embargo, creo que Covax necesita algo más que promesas de apoyo financiero; necesita la entrega de los fondos necesarios para posibilitar la adquisición de vacunas en un mercado que claramente favorece a los que mas tienen, así como para que las mismas sean suministradas y distribuidas de manera justa.

Ningún país está seguro hasta que todos los países estén seguros. Por lo tanto, me uno al llamado para que se aumente masivamente la producción de vacunas y se fijen precios más asequibles para que los países en desarrollo puedan asegurarse las vacunas e inocular a su población.

También hago un llamamiento a todos los Estados para que faciliten la exportación, el acceso igualitario y la distribución equitativa de las vacunas covid-19, de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Tal como lo indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para cumplir con los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, es imperativo que las vacunas estén al alcance de todas las personas, para lo cual se debe asegurar su distribución justa y equitativa y, para lograrlo, es indispensable garantizar que resulten accesibles equitativamente para todos los países.

En este sentido, comprometo a la Secretaría General de la OEA a trabajar con nuestros Estados miembros, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo como hemos venido coordinando, pero también con las instituciones financieras internacionales y demás socios mundiales para formular e implementar soluciones en el menor tiempo posible.

En medio de una pandemia, la solidaridad en materia de salud es también solidaridad en materia de conocimiento. Ello no puede ser nuevamente negado. Las capacidades especiales que dan la ciencia y la tecnología nuevamente no las tenemos, como para contar con soluciones propias al respecto desde un primer momento en los estados de América Latina y el Caribe. Como todo aquel que ignora cosas está más limitado en la posibilidad de acceder a derechos sociales y económicos. Es innegable todo lo que nos falta a nivel global en solidaridad del conocimiento: se nota cuán lejos estamos, cuánto dependemos porque no sabemos, cuán pobres somos porque no sabemos, cuánta tecnología nos falta y con la tecnología nos faltan otras cosas, que son la educación y la salud. Compartir conocimiento en estos tiempos es esencial.

Aumentar el acceso a la vacuna covid-19 en las Américas significa aumentar el acceso a diferentes derechos en el hemisferio como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a medios de vida sostenibles.

Debemos trabajar codo con codo como hemisferio si queremos que los países de las Américas se encaminen hacia la recuperación y el crecimiento poscovid, porque es la única manera de garantizar nuestra seguridad: juntos.

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Para algunos países la acumulación financiera es imposible por un tema de escala, les resulta casi imposible lograr las condiciones financieras para hacer frente a la adquisición de las vacunas.

Debemos tener en cuenta que los países caribeños (y en gran medida los centroamericanos) son la primera línea en la lucha de la humanidad contra el cambio climático, cada año algunos de estos países son arrasados durante la temporada de huracanes y ven su infraestructura completamente destruida. Son costos adicionales que sufren. La cooperación y la solidaridad internacionales son esenciales para resolver el tema de la vacunación contra el covid-19, con fundamentos que permitan entender que la justicia debe tener también dinámicas regionales.

El trabajo de la OPS ha sido encomiable al respecto. Debemos seguir aportando en esa dirección para que el derecho a la salud sea una realidad regional y no una solución que alcanza solo a algunos.

(*) Secretario general de la Organización de los Estados Americanos.