Buscarán debajo de las piedras. El fiscal Hans Alberto Aguirre Huatuco, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, dispuso levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los cuñados del presidente Pedro Castillo y sus principales colaboradores.

De acuerdo con fuentes fiscales, la medida alcanza a sus cuñados Yenifer, David y Walther Paredes Navarro, a fin de aclarar el origen y destino final de los depósitos por 90 mil soles, menos de 23 mil dólares, que habrían depositado en cuentas del empresario Hugo Espino Lucana.

La medida de levantamiento del secreto bancario también alcanza a Hugo y Anggie Espino Lucana y el alcalde Anguía, Nenil Medina Guerrero, entre otras personas del entorno presidencial. La medida fiscal también podría alcanzar a la primera dama, Lilia Paredes.

Alcalde. Nenil Medina debe sustentar proceso de licitación.

El Equipo Especial Contra el Poder sospecha que ese dinero podría tener un origen ilícito y ser un soborno o parte de un soborno o comisión inversa que se habría pagado a fin de que una de las empresas de Espino Lucana gane una licitación en la municipalidad de Anguía, en Chota-Cajamarca, por 3.098.263 soles en una obra de agua potable y saneamiento en dicha localidad.

Video de archivo

Diligencias

De acuerdo con un testigo protegido, que sería el recién capturado Bruno Pacheco, el presidente Castillo habría puesto interés excesivo en que el Ministerio de Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado, promueva el Decreto de Urgencia 102-2021 que aprobó la transferencia de 34,3 millones de soles para financiar obras de agua potable y saneamiento en diversos distritos, incluido Anguía.

A esto se suma un informe de la Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) que señala que los hermanos de la primera dama, Lilia Paredes, y cuñados del presidente Castillo le transfirieron 90 mil soles a los hermanos Hugo y Anggie Espino. Una transferencia de 70 mil soles (17.700 dólares) a Hugo Espino y 20 mil soles (5.000 dólares) a Anggie Espino.

El fiscal Aguirre se encontraba investigando a Yenifer Paredes y Hugo Espino por presunto tráfico de influencias, luego de que la prensa difundió un video donde la cuñada del presidente aparecía hablando con los pobladores de la comunidad de La Succha sobre la aprobación de una obra de saneamiento.

En las imágenes, se veía a Yenifer Paredes con un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC, empresa de Hugo Espino. Este personaje visitó Palacio de Gobierno, entre noviembre y diciembre del 2021.

Yenifer Paredes y Hugo Espino han declarado que las visitas fueron de carácter amical y laboral. Paredes reconoció que trabajó para la referida empresa por un sueldo de 1.500 soles para realizar una encuesta en diversas localidades de Chota.

La fiscalía inició la investigación por delito de tráfico de influencias, lo que ahora se ha ampliado a lavado de activos y organización criminal. Los involucrados en la investigación volverán a ser convocados a declarar, a partir de la primera semana de agosto.

Empresario. Hugo Espino dice que todo se aclarará. Foto: Marco Cotrina/La República

Como parte de las investigaciones también se ha pedido al Ministerio de Vivienda y Construcción que muestre toda la información y el sustento técnico para el Decreto de Urgencia 102-2021. Igualmente, se ha requerido información al municipio de Anguía sobre el uso de los 34,5 millones transferidos para obras de saneamiento y agua potable y las empresas o consorcios que se adjudicaron los proyectos.

Todo está bancarizado y se explicará

“Rechazamos enfáticamente que los depósitos obedezcan a algún tipo de pago ilícito. Las dos transferencias se dieron efectivamente a través del sistema bancario. Vamos a pedir al fiscal que mi cliente amplíe su declaración y en ese momento explicará y aclarará esta transferencia entre dos privados”, declaró el abogado del empresario Hugo Espino, Juan Carlos Ramos.

Anotó que “la forma en que se ha filtrado esta información, sin ningún contexto le hace daño a su cliente y solo justifica la ampliación de la investigación por lavado de activos y organización criminal”.

Fuente: La Republica