LIMA | En esta entrevista, el exjefe de la ONPE y politólogo de la PUCP Fernando Tuesta alerta de que el nuevo defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, podría realizar cambios en la institución que hoy preside, dada su relación política con Vladimir Cerrón. Considera que el Congreso ejerce un poder conservador y de vena autoritaria.

—De acuerdo con la información revelada por La República, la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, no ha sido más que producto de tratativas entre Fuerza Popular y Perú Libre. ¿Qué opina de esta elección?

—La elección del defensor del Pueblo ha sido lastimosamente cuestionada durante todo el proceso, no solo por la sociedad civil, sino por recomendaciones de afuera que hacían ver que era necesario tener los cuidados para un cargo importante. Es lógico entender que los partidos van a tender a negociar esos puestos. Lo que ocurre es que cada vez más a quienes se designa no solo van a responder a determinadas corrientes políticas, sino que las calidades profesionales, por no decir en algunos casos personales, son altamente cuestionables. Ni siquiera en la lista última se encontraban personas idóneas para el cargo y esto ocurrió por invitación. Nunca hemos tenido los cuestionamientos que desde el inicio se tienen con la persona que ha sido seleccionada.

Josué Gutiérrez ganará más de 23.000 soles por ser defensor del Pueblo.

—¿Cómo evitar este tipo de selección altamente cuestionada?

—A lo largo de este siglo, si no es más, en casi toda América Latina y, en particular, en el Perú, por la baja calidad de los partidos políticos, esta función de elección de altas autoridades ha llevado a que las propuestas que se presentan no sean las mejores y estamos llegando a un momento en que lo que hay que cuestionar es si el Congreso debe elegir a las autoridades políticas de diversos rangos, vale decir Tribunal Constitucional, defensor del Pueblo, por decir dos de los cargos importantes, y tener otra figura de selección donde ya no esté comprometido el poder político.

—¿Cuál es el panorama para la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta que Gutiérrez ha sido abogado de Vladimir Cerrón?

—Por todos los antecedentes, tienen una relación más allá de lo profesional, es una relación política. Esperemos que este no sea el panorama negativo que se ofrece en la medida que la Defensoría del Pueblo es una institución que tiene funcionarios destacados de carrera. Tendría que llevar adelante una serie de modificaciones para cambiar una institución y eso sería nefasto. En el saludo de felicitación que le hace Vladimir Cerrón, hace ver que la Defensoría debe cambiar. El cerronismo lo que hizo en el Gobierno de Pedro Castillo fue colaborar para que sus allegados ocupen altos cargos públicos sin tener los requisitos. Si eso se hace en la Defensoría, estaremos ante un panorama penoso.

—Por otro lado, en la Comisión de Constitución hay proyectos para denunciar constitucionalmente a los jefes de los entes electorales. Otra vez, el Congreso pretende arremeter contra otras instituciones…

—Esperemos que eso no prospere. Es abiertamente inconstitucional. El tema es que desde hace 2 años se viene con esta campaña insostenible, pero permanente, de acusar que las elecciones del 2021 fueron un fraude. Produjeron un presidente nefasto, pero fueron elecciones transparentes. Nadie serio fuera del Perú acompañó esta campaña, que lo que ha hecho es empañar no solamente el prestigio de los profesionales que están en los puestos de dirección de los organismos electorales, sino la credibilidad del proceso electoral. Lo curioso es que aquellos que tanto criticaban excluían a las elecciones regionales y municipales; resulta que allí no hubo fraude. Se ha hecho un daño enorme a la democracia en el país. Y han logrado que un sector de la opinión pública convierta este asunto en un acto de fe.
 

—¿Qué tipo de poder es el que ejerce este Congreso con todo este escenario?

—Es un poder conservador, de vena autoritaria.

—¿Qué opina sobre la denominada ley mordaza que el Congreso está por votar?

—Creo que no va a pasar y que hay que despenalizar el tema, que es lo más preocupante. Todas estas normas deben estar limitadas al ámbito civil y no penal.

—¿Cómo ve que la presidenta Dina Boluarte quiera gobernar por Zoom para poder viajar al exterior?

—No es un tema menor en un país de los pocos que tienen dos vicepresidentes. La mayoría de los países tiene un vicepresidente. La salida podría ser la sucesión del presidente del Congreso, más allá de quién está ahora. Pero no estoy tan seguro de que la mejor salida sea darle la posibilidad de gobernar de manera virtual, porque necesitamos un presidente en todas las circunstancias, y esto significa en el día a día. Gobernar debe ser el cargo que más compromete la vida de cualquier ciudadano, y eso no es lo mismo que tenerlo a través de una laptop.

Desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre del 2022, Dina Boluarte no ha salido del país al no tener vicepresidentes a quien dejarles el cargo.

—Boluarte sigue acusando a Pedro Castillo de ser responsable de las muertes en las protestas sociales. No se hace cargo de las muertes ocurridas en su Gobierno.

—Castillo es responsable del desastre de su Gobierno y del impacto que ha producido en nuestro país. Las lamentables muertes de muchos peruanos son responsabilidad exclusiva de la presidenta actual y su Gobierno. Esto consta en los informes de diversos organismos internacionales.

—¿Qué tipo de democracia tiene nuestro país?

—Yo creo sinceramente que estamos en una situación difícil para la democracia peruana, es una democracia asediada, es una democracia que ha sido fracturada, donde todavía algunas instituciones funcionan, pero es una democracia en peligro. Creo que las élites políticas son las responsables de lo que ha ocurrido y lo que ocurre en nuestro país, y podríamos llegar a tener las formalidades democráticas, pero con una realidad autoritaria.

Entrevista publicada inicialmente en La Republica