La informalidad laboral en América Latina afecta a unas 130 millones de personas, más que la población de Argentina, Colombia y Perú juntas.

Esto significa que casi la mitad de los trabajadores de la región (el 47%) no tiene protecciones plenas como cobertura de salud o amortiguadores contra la pérdida de trabajo. Tampoco cotizan una pensión, con lo cual esa desprotección se proyecta en su futuro también.

Pero la distribución de la informalidad a lo largo de la región es bastante heterogénea. En varios países sudamericanos la informalidad oscila entre el 20 y el 40% de los trabajadores. Al otro extremo, en algunos países centroamericanos la informalidad puede alcanzar hasta al 70% de los empleados.

En esta entrevista, Rafael Roffman, experto en protección social del Banco Mundial, analiza el caldo de cultivo de la informalidad en América Latina, y ofrece posibles soluciones para reducirla.

Casi la mitad de los latinoamericanos tienen un trabajo informal, dato que nos convierte en la región con más informalidad del mundo, solo por detrás de África. ¿Por qué?

El problema de la informalidad laboral en Latinoamérica viene de lejos. De hecho, en el año 2000 solo el 35% de los trabajadores se consideraba formal, mientras que hoy en día representan aproximadamente el 53%. Las tasas de informalidad siguen siendo demasiado altas, pero ha habido una mejora en los últimos años gracias a un contexto macroeconómico muy favorable.

¿Cuáles son las consecuencias directas de estos niveles de informalidad tan altos?

El problema más evidente es la desprotección del trabajador: no tiene derechos plenos (como vacaciones, salud, garantías contra el despido, seguridad laboral), y esto hace que la calidad laboral sea menor (también cobra menos). Teniendo en cuenta que la informalidad afecta a casi la mitad de los empleados, podemos decir que en la región escasean los empleos de calidad. Además, el trabajo informal es más inestable, y las empresas invierten menos en ellos.

¿Cómo se puede seducir a trabajadores y empleadores para que entren al circuito de la formalidad?

No es un problema de seducción. El desafío es crear las condiciones para la formalización. En algunos países hay trabas burocráticas, en otros hay problemas asociados al costo del trabajador formal, en otros países tienen dificultades institucionales para controlar y penalizar la informalidad. Lo que sí es generalizable es que cuanto mayor es el nivel de estudios de un trabajador, menos probabilidades tiene de trabajar informalmente. Y esto tiene un fuerte impacto en la productividad, ya que solo la mitad de los trabajadores son formales.

¿Qué medidas han sido exitosas para reducir la informalidad en Latinoamérica?

Hay dos o tres líneas de trabajo paralelas, ninguna de éxito rotundo e inmediato. Estas tienen que ver con facilitarles la vida a las pequeñas empresas (bajarles los impuestos para facilitar la contratación de personal nuevo o simplificar la gestión de los trámites), aumentar la formación de los trabajadores para aumentar la productividad, y aumentar el control de las instituciones sobre la informalidad. Todo esto debe ir acompañado de políticas macroeconómicas que sustenten y posibiliten las medidas anteriores. Ejemplos concretos los encontramos en Uruguay, que duplicó la formalidad en última década, o en Perú, que mejoró mucho, aunque sigue teniendo bajos índices de formalidad.

¿Qué beneficios económicos traería reducir la informalidad laboral en la región?

Las ventajas son claras: incluir a más trabajadores dentro de los sistemas formales de empleo posibilitaría que los países de la región mejoraran la calidad de sus sistemas de pensiones y salud, hecho que mejoraría el bienestar de la población y ayudaría a dinamizar la economía.