Las bancadas cuyos líderes políticos tienen problemas con la justicia e intereses económicos son los que han presionado en el Congreso, para que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Las cabezas visibles para llevar adelante este concurso, que fue cuestionado desde el inicio, son Luis Valdez y César Combina de Alianza para el Progreso, quiénes no toman ninguna decisión sin consultar con la comisión política del partido que preside César Acuña.

El 14 de noviembre del 2020, cuando estaba en plena campaña electoral, Acuña escribió en sus redes sociales que “la renovación del Tribunal Constitucional debe ser postergada para su decisión por el próximo presidente y Congreso electos en las elecciones de abril de 2021”.

Tras quedar relegado en las elecciones, Acuña cambió de opinión y ahora, a través de su bancada, pretende nombrar en el TC a magistrados que le puedan ser útiles. Precisamente, el congresista César Combina de APP, fue el que pidió con insistencia la segunda reconsideración de la votación que dejó fuera de carrera a Aarón Oyarce.

Fernando Meléndez, también de APP, fue quien pidió el cuarto intermedio para que se suspenda la sesión del pleno hasta mañana, cuando era evidente que no tenían los votos suficientes.

Fuerza Popular por medio de Carlos Mesías y Diethel Columbus, es otro de los grupos que a toda costa quiere nombrar un nuevo TC. Esta bancada no toma ninguna acción sin el conocimiento de Keiko Fujimori, quien tiene serios problemas con la justicia con pedido de 30 años de prisión en su contra y es una de las más interesadas en tener un Tribunal Constitucional a su medida.

Al igual que Acuña, en la campaña electoral, Keiko se pronunció en el sentido que sea el nuevo Congreso el que nombre a los magistrados del Tribunal Constitucional, pero ahora no se pronuncia al respecto.

Tras conocerse la medida cautelar contra la elección de los magistrados, Fuerza Popular fue uno de los que hizo más presión para que los demás grupos participen en el pleno. Ayer, en la junta de portavoces en que se decidió no acatar la orden judicial, los fujimoristas conminaron a las demás bancadas para que nombren a los nuevos miembros del TC, con el argumento de la defensa del fuero parlamentario.

Sin embargo, no les salió como esperaban. Inicialmente el Frepap dijo que participaría, pero en la mañana de hoy se pronunció en el sentido de respetar la disposición judicial, lo que fue un baldazo de agua para los fujimoristas, que no podían creer esa decisión.

El partido Podemos Perú de José Luna Gálvez también es otro de los que está detrás de la apresurada decisión de nombrar a los nuevos magistrados. El líder de ese grupo tiene serios problemas judiciales, pero también intereses económicos con sus universidades, por lo que necesita un nuevo organismo jurisdiccional amigable.

Sus fichas en el Parlamento son Carlos Almerí y su hijo José Luna, quienes junto a los fujimoristas y los de APP, han tratado de convencer de todas las formas a los congresistas de las demás bancadas para que voten por sus candidatos.

Buena parte del sector de Acción Popular que lidera Manuel Merino se ha sumado a esta suerte de coalición para llevar adelante el concurso, siendo uno de los más efusivos Ricardo Burga, quien tiene incluso más protagonismo que Rolando Ruiz, presidente de la Comisión de Selección del Tribunal Constitucional.

No se puede dejar de mencionar el papel de José Vega (UPP), personaje estrechamente ligado a Antauro Humala, quien desde prisión mueve los hilos de su bancada.

Fuente: La Republica