LIMA - La Contraloría General de la República aplicará el control concurrente a las obras y servicios que se ejecuten a partir de la transferencia de más de 6,200 millones de soles a los gobiernos regionales y locales para la ejecución de proyectos en los sectores Vivienda, Transportes, Educación, Salud, y Comercio Exterior y Turismo.
 
“Saludamos esta gran iniciativa, este enorme esfuerzo fiscal, reactivador y descentralizador que hoy se consuma con la transferencia de más de 6,200 millones de soles. De igual forma, es un enorme reto para el Sistema Nacional de Control y para la ciudadanía también, de llevar a cabo un proceso de control y fiscalización sobre estos recursos”, señaló el contralor general, Nelson Shack Yalta, durante su intervención en la ceremonia de transferencia de recursos económicos de parte del Gobierno Central a los Gobiernos Regionales y Locales.
 
Este acto estuvo encabezado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y ministros de Estado de los diversos sectores.
 
El contralor sostuvo que el control concurrente solo deja que se hagan las obras bien y de manera transparente, ya que la lógica es prevenir y ayudar a los funcionarios públicos honestos advirtiéndoles de riesgos y situaciones adversas de manera oportuna para que lo puedan corregir.
 
En ese sentido, añadió que está en curso un proceso de modernización, reestructuración y descentralización de la Contraloría, y en los próximos tres meses se desplegará a nivel nacional el modelo de control concurrente, que tiene un componente de control social.
 
Para ello, adelantó, se desplegará a nivel nacional el programa de Monitores Ciudadanos de Control, para que los ciudadanos sean “los ojos y oídos de la Contraloría” en la supervisión de la ejecución de obras que requieran presupuestos menores.
 
Los monitores son ciudadanos voluntarios que participan en forma cívica a favor de su comunidad ejerciendo el control social en la ejecución de obras públicas, previa capacitación y acreditación de la Contraloría General.