Colombia acaba enterrar la guerra con las FARC después de más de 50 años, pero el Estado aún no ha logrado contener uno de los males vinculados al conflicto armado. El último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC reporta un incremento del 52% en los territorios afectados por cultivos de coca al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016.

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El mayor crecimiento se registra en zonas fronterizas, especialmente en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, los mismos territorios con mayor número de hectáreas reportadas en el informe del 2015.

 

El precio promedio del kilo de hoja de coca es 43% más alto respecto a las estimaciones del 2013, año en el que la tendencia empezó a ser el aumento del área sembrada.

Este año el informe también registra un incremento en las incautaciones del 49%. 253 toneladas de cocaína fueron confiscadas en 2015. En 2016 ese número aumentó a 378.

Erradicadores de cultivos de coca en Antioquia, en una imagen de archivo. Raúl Arboleda AFP

Aunque los datos indican una situación preocupante, el escenario en Colombia se muestra propicio para una solución sostenible a partir de la transición de una estrategia centrada en los cultivos a una estrategia centrada en la transformación de los territorios y en las comunidades. Empieza a consolidarse un panorama de confianza entre el Estado y las comunidades para la construcción conjunta de soluciones sostenibles. Para ello serán necesarias acciones coordinadas, focalizadas e integrales que enfrenten las economías ilícitas y el crimen organizado, permitan a las comunidades tomar decisiones libres sin la presión de grupos armados al margen de la ley y promuevan en el territorio alternativas legales de desarrollo.  

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