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Los hermanos Sánchez Aranda, dueños de "Mi Barrunto", en la mira del Ministerio Público

Los dueños de la conocida cevicheria limeña, se encuentran bajo investigación por presunto delito de lavado de activos y desbalance patrimonial de muchos millones de soles.

Vehículos de alta gama, departamentos de estreno y costosos viajes, formarían parte del desbalance patrimonial de 12 millones de soles, que la Fiscalía advirtió en los dueños del restaurante Mi Barrunto. De acuerdo a la tesis fiscal, los hermanos Sánchez Aranda forman un clan familiar dedicado al lavado de activos.
Vehículos de alta gama, departamentos de estreno y costosos viajes, formarían parte del desbalance patrimonial de 12 millones de soles, que la Fiscalía advirtió en los dueños del restaurante Mi Barrunto. De acuerdo a la tesis fiscal, los hermanos Sánchez Aranda forman un clan familiar dedicado al lavado de activos.

 

En noviembre del año pasado, el dueño de la cevichería “Mi Barrunto”, Luis Sánchez Aranda ocupó varios titulares. No precisamente por la popularidad de su negocio, sino por su presunto vínculo con Andrés Hurtado y la sospechosa compra y devolución de un auto Porsche.

 

 

A inicios de este mes, el fiscal Elías Pizarro formalizó una investigación por lavado de activos contra Luis, sus dos hermanos, César y Jhonatan, y su pareja, Itamar Orellana Menjivar. Esto sucedió luego de que el Ministerio Público rastreara que entre el año 2014 y el 2017, el clan habría recibido depósitos desde el extranjero, sin justificar su procedencia, por $3′400.000, es decir, cerca de S/12 millones.

 

  Luis Sánchez.

 

La entidad sostiene en su expediente que los tres parientes integrarían la organización criminal ‘Clan familiar Sánchez Aranda’, y que habrían realizado una serie de operaciones con la finalidad de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de “actividades delictivas como el tráfico de drogas”. Según el Ministerio Público, los investigados se encargarían de ingresar dinero maculado a través de personas jurídicas constituidas para ingresarlo al sistema financiero nacional, obteniendo por dichas acciones grandes ganancias económicas.

 

Los hermanos Sanchez Aranda inmensamente ricos solo "vendiendo cebiches".

 

Las razones detrás de la investigación

 

En mayo del 2023, la Dirección de Lavado de Activos (Dirla) de la Policía Nacional del Perú colocó su atención en Luis Sánchez Aranda luego de que se difundieran diversos videos donde se lo veía repartiendo dinero durante el desarrollo de una actividad deportiva en La Victoria, según informó el semanario Hildebrandt en sus trece. Este mismo medio detalló que la policía descubrió que entre el 2016 y 2023, Sánchez Aranda compró varios inmuebles y vehículos de lujo por aproximadamente $3.5 millones.

  

Durante el año 2020, Sánhez habría adquirido un Lamborghini Urus, un Mercedes Benz C200 de segunda mano, un BMW X7 y al año siguiente, un Ferrari F8 Spider. En total, habría gastado $787.000. Luego de esos dos años de gastos, en 2023 compró un Porsche Cayenne a Andrés Hurtado, auto que devolvió luego de tres meses.

 

 

El semanario también detalló que en el mismo periodo que Sánchez Aranda compró varios bienes, sus hermanos César y Jhonatan habrían comprado autos de alta gama. Asimismo, el titular de “Mi Barrunto” habría adquirido una casa valorizada en $1 millón en la avenida Golf de Los Incas, un departamento de S/920.000 en Monterrico y otro de S/500.000 en la urbanización El Polo, en Surco.

 

¿Qué relación tendrían con el narcotráfico?

 

Los vínculos de “Mi Barrunto” con actividades delictivas están bajo investigación. Testimonios claves, incluido el del narcotraficante Mauro Algumer, señalan que el restaurante era frecuentado por diversos miembros del crimen organizado. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, el Ministerio Público investiga si existe alguna relación entre Luis Sánchez Aranda y Algumer Vilca, socio de Zoran Jaksic, líder de la organización criminal internacional de narcotraficantes ‘Grupo América’.

 

Mauro Algumer alias "Demonio" también tenía orden de captura internacional (PNP) igual que el serbio Zoran Jaksic.
 

Hace cuatro años, en 2021, Algumer fue sentenciado a 25 años de cárcel luego de ser detenido con más de 100 kilos de cocaína. Durante su proceso judicial, él declaró que el año 2016 “Mi Barrunto” era un punto de encuentro de narcotraficantes donde coordinaban entregas de cocaína.

 

¿Cuáles serían las implicancias legales en el caso?

 

El abogado penalista Vladimir Padilla explicó que el delito de lavado de activos debe estar vinculado a un ilícito previo. Detalló que la conversión de dinero de origen ilícito con el propósito de ocultar su procedencia, evitar su incautación o decomiso, se sanciona con una pena privativa de libertad de entre 8 y 15 años.

 

Asimismo, señaló que cualquier persona que adquiera, utilice, posea, administre, custodie, oculte o mantenga en su poder dinero, bienes o ganancias de origen ilícito, a sabiendas o con indicios suficientes para presumir, enfrentará una pena de entre 8 y 15 años de cárcel.

 

 

Padilla también destacó la existencia de circunstancias agravantes. Entre ellas, si el delito es cometido por un funcionario público, agente inmobiliario, financiero, bancario o bursátil, la pena se incrementa a un rango de 10 a 20 años de prisión. Del mismo modo, la sanción será mayor si el responsable actúa como parte de una organización criminal o si el valor del dinero, bienes o ganancias supera el equivalente a 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

 

“Cuando el dinero tiene efectos o ganancias provenientes de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, secuestro, extorsión o trata de personas, la pena puede ir de entre 25 a 35 años”, dijo Padilla.

 

En tanto, el abogado penalista Jimmy Sotomayor resaltó que el delito de lavado de activos cuenta con una regulación especial a partir del Decreto Legislativo N° 1106. Además, precisó que la conducta que se sanciona en el delito es ingresar al sistema financiero dinero que proviene de una actividad ilícita con la particularidad que se le trata de dar apariencia de licitud.

 

Indicó que en ese caso, donde la fiscalía estaría imputando el delito de lavado de activos proveniente del delito de narcotráfico, se puede corroborar que es una circunstancia agravante, por lo que la pena sería no menor de 25 años. “El proceso que ellos enfrentarían estaría sobre la base de una pena no menor de 25 años por el delito fuente, ese es el nombre técnico que se le da a la actividad ilícita de la cual habría provenido este dinero”, dijo el experto.

 

Sotomayor también subrayó que en este tipo de delitos los principales actos de investigación son el levantamiento del secreto bancario, de la información migratoria, del secreto bursátil y todo lo relacionado a las actividades empresariales que hayan realizado estas personas. “En estos casos siempre existe una pericia oficial que la realiza el Ministerio Público para determinar desbalances patrimoniales a través de una pericia contable”, concluyó.

 

El Comercio intentó comunicarse con uno de los hermanos Sánchez Aranda pero no obtuvo respuesta al cierre de este informe. Asimismo, hasta el momento la Fiscalía de la Nación no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a la investigación que se estaría llevando a cabo en contra de los mencionados.

 

Fuente: El Comercio

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