ICA |  Durante el año 2019, la Contraloría General de la República identificó aproximadamente 28,231,745 millones de soles de perjuicio al Estado en la región Ica, como resultado de los servicios de control posterior que revelaron hechos de inconducta funcional y uso inadecuado de los recursos del Estado por parte de algunos funcionarios y servidores públicos.

Este resultado de perjuicio económico fue producto de los informes de control posterior elaborado por la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control (SNC), de los cuales, S/ 20 963,964.32 millones corresponden a las ocho (8) auditorías de cumplimiento realizadas el año pasado, mientras que S/ 7 267,780 millones fueron detectados en los 17 servicios de control específico efectuados en la región.

Durante el 2019, los servicios de control posterior realizados en la región Ica permitieron detectar a un total de 138 personas con presunta responsabilidad administrativa, penal y civil.

En la provincia de Ica, se identificaron a 126 involucrados con presunta responsabilidad administrativa, así como a otros 7 con administrativa PAS. También se detectaron a 43 personas con presunta responsabilidad civil  79 con responsabilidad penal.

La labor de la Contraloría en la región Ica durante el 2019 también se vio reflejada en los 642 informes de control simultáneo, así como en cuatro (4) informes de control previo, los cuales buscan detectar, alertar y subsanar hechos que pongan el riesgo el correcto uso de los recursos públicos, lo que es uno de los pilares de la actual gestión que encabeza el contralor general Nelson Shack.

Datos a nivel nacional

A nivel nacional se emitieron 2,285 servicios de control posterior, 850 auditorías de cumplimiento y 557 servicios de control específico durante el 2019.

Producto de los informes de control se determinó un perjuicio de S/ 921 millones, de los cuales, S/ 793 millones fueron producto de auditorías de cumplimiento y S/ 128 millones por servicios de control específico.

Los informes de control posterior permitieron encontrar a 8,081 personas con presunta responsabilidad administrativa, penal y civil.