Frente a la ola de criminalidad a nivel nacional, Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, defendió el trabajo de su institución y lamentó que en el país exista "una cultura de no denunciar las extorsiones"

La violencia desatada por las bandas de extorsionadores con respecto al servicio de transporte en la capital se ha desbordado en un mes. Un informe publicado el domingo por El Comercio da cuenta de que, del 20 de agosto al presente, se han cometido 15 atentados contra 11 empresas dedicadas a ese giro en nueve distritos limeños. ¿El saldo? Tres conductores asesinados, muchos heridos y aproximadamente 350 mil pasajeros aterrados de recurrir a este medio de traslado. Las autoridades se muestran hasta ahora incapaces de frenar la expansión de esta violencia criminal y, si bien las medidas policiales serán fundamentales para avanzar en ese sentido, hay otro aspecto del problema que merece ser contemplado. A saber, el de la informalidad, absolutamente mayoritaria, en la prestación del servicio en cuestión.

Recordemos que no basta que una empresa de transporte sea formal para que todas sus actividades lo sean. Preguntémonos primero cuántos de sus trabajadores no están en planilla y cuántos de sus vehículos tienen una existencia fantasma. ¿No es eso lo que permite que se cometan infracciones de las que luego nadie se hace responsable? Por otro lado, hay que considerar que el contexto de ilegalidad en el que se mueven los choferes y cobradores de esas unidades los hace renuentes a denunciar las extorsiones de las que son víctimas. Y no olvidemos, por último, que el asalto a los pasajeros de una combi o microbús se ha revelado muchas veces como producto de una previa confabulación entre los hampones que cometieron el atraco y los conductores –generalmente informales– de esos vehículos.

Por lo que se sabe, en este momento dos bandas igualmente sanguinarias –la que encabeza Erik Moreno Hernández ‘Monstruo’ y la que comanda Adam Lucano Cotrina ‘Jorobado’– compiten ferozmente por el control de la extorsión en este rubro. Y en medio de ellas, miles de personas inocentes arriesgan diariamente la vida, ya sea por cumplir su trabajo o por trasladarse al lugar donde lo realizan. Miles de personas que no tienen más remedio que seguir arriesgándose en cada nueva jornada... Las cifras, como hemos visto, son pasmosas y los gobiernos central y municipal no pueden dilatar esta dramática situación.

La coyuntura, no obstante, se presta para atacar dos problemas simultáneamente: el de la inseguridad propiamente dicha y el de la informalidad que la favorece, pues acabar con esta última reduciría severamente la expansión del mal que está asolando nuestra ciudad.

Fuente: Editorial EC y RPP