Por: Gustavo Mohme Llona - Publicado en La República

La propuesta de adelanto de elecciones ha caído como un baldazo de agua helada sobre el fujimorismo, sus bancadas satélites y aliados públicos, casi al mismo tiempo en que celebraban la victoria de sus candidaturas a la Mesa Directiva del Congreso, y cuando se aprestaban a iniciar otro ciclo de encono y obstrucción en su relación con el Gobierno.

Quienes se preparaban para una etapa de incertidumbre, sin importarles la economía, como no les importó desde agosto del año 2016, esgrimen como primer argumento para no dejar sus curules, el efecto que una probable incertidumbre generaría en la economía. La presidenta de la CONFIEP, exdirigente de Fuerza Popular, sin dignarse a consultar a sus afiliados, ha emitido peligrosas expresiones, como que es inminente una recesión, espoleando ella misma la desconfianza en sus filas, dando la impresión de que desea que ello suceda.


Si la esencia de ese diagnóstico es que el cese de los actuales legisladores podría generar desaliento entre los inversionistas y el mercado, habría que concluir que mucha más desconfianza y pesimismo originaría que los legisladores se atrincheraran en sus escaños por dos años, cometiendo tropelías legales, contra la opinión de más del 80% de los ciudadanos.

El segundo argumento es francamente infantil y revela una fantasía legislativa, que solo vale para animar a las tribunas. Se afirma que la propuesta de adelanto de elecciones significa que el presidente Martín Vizcarra está cansado de gobernar y que debería renunciar o ser vacado, confiando en la traición en las filas del Gobierno. De ese modo, el poder del Estado ultra rechazado por el país, carente de prestigio y símbolo del desgobierno, asume que el problema son otros.

Un tercer argumento, de clásica factura leguleya, abunda en plazos, requisitos legales, actas y votaciones. Lo cierto es que siendo todo ello necesario de abordar, una condición inexcusable del cambio es la aceptación de la realidad para luego elaborar los arreglos institucionales. Si el Congreso no acepta que debe dar paso a la renovación democrática de la representación, toda excusa sonará tramposa y penosa.

Ninguno de estos argumentos asume con valentía el hecho de que los actuales legisladores, varios de ellos de notable desempeño, no pueden quedarse en sus curules como poder público elegido luego de que su mayoría perpetrara, amparada en el número, una legislatura escandalosa, encubridora y repudiable. Su tiempo ha terminado; sería correcto que entiendan eso lo más pronto posible.