Representante de APP, Eduardo Salhuana, tiene tres carpetas en Madre de Dios. Wilmar Elera, de Somos Perú-Partido Morado, enfrenta cuatro procesos en Piura. Se suma a ellos Jorge Montoya (RP), investigado por sedición. (Fotomontaje a titulo indicativo)

Hay un proceso célere para elegir a los reemplazantes de los seis magistrados que ya cumplieron su mandato en el Tribunal Constitucional (TC). El Pleno del Congreso ya aprobó la conformación de una comisión especial. Las bancadas ya acreditaron a los nueve parlamentarios que integrarán este grupo de trabajo. Primera alerta: tres de estos congresistas enfrentan investigaciones en el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción o sedición.

El caso más público y reciente tiene que ver con Jorge Montoya Manrique, de la bancada de Renovación Popular (RP). El almirante en situación de retiro de la Marina fue denunciado ante el Ministerio Público por el presunto delito de sedición.

Como se recuerda, Montoya Manrique emitió mensajes públicos incitando a desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral que dieron como ganador al actual presidente constitucional, Pedro Castillo.

A mediados de junio, a través de sus cuentas en redes sociales, Montoya planteó nuevas elecciones y la renuncia de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente”, escribió, al tiempo de denunciar irregularidades que nunca fueron objetivamente demostradas.

Si bien inicialmente, en junio de este año, la fiscal Juana Meza Peña había declarado improcedente el inicio de la investigación, a mediados de julio el fiscal superior Gustavo Quiroz Vallejos emitió una resolución ordenando incorporar en la investigación preliminar a Montoya Manrique y también al legislador José Cueto.

La investigación contra los legisladores Jorge Montoya y José Cueto es por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en las modalidades de conspiración para sedición y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Jorge Montoya forma parte de la bancada de Renovación Popular. Foto: difusión

Elera, cuatro carpetas

Otro de los virtuales miembros de la Comisión Especial para la elección del TC es Wilmar Elera García, quien fue acreditado por la bancada de Somos Perú-Partido Morado.

Este parlamentario representante de la región Piura enfrenta hasta cuatro carpetas por el presunto delito de corrupción, según información que contrastamos con el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.

Uno de estos cuatro casos ya está en la etapa de juicio oral. Se trata de la carpeta 5574-2015, que obra en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas. Wilmar Elera es procesado por el presunto delito de colusión agravada, en agravio de la municipalidad distrital de Pacaipampa, por irregularidades cometidas en la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de dicha localidad.

Las otras tres carpetas están en el Ministerio Público. La más antigua es del 2013. Este caso (248-2013) se encuentra ya con requerimiento acusatorio por el presunto delito de colusión agravada, por irregularidades en la obra de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano. La entidad agraviada es la municipalidad distrital de La Unión.

Por otro lado, según la carpeta 360-2015, existe también una investigación formalizada contra Elera por usurpación de función pública, colusión simple y negociación incompatible.

El caso proviene de una investigación que hizo la Contraloría General de la República que detectó un posible favorecimiento al Consorcio Agua Tambogrande, en la licitación de una obra de agua y saneamiento del distrito de Tambogrande.

Elera, según el ente contralor, integró como experto independiente la comisión especial.

Finalmente, según la carpeta 6568-2018, existe una investigación formalizada contra el parlamentario por concusión, colusión agravada y peculado, en agravio de la municipalidad distrital de Sondorillo.

Wilmar Elera forma parte de la bancada de Somos Perú. Foto: difusión

Salhuana, tres carpetas

Otro legislador que enfrenta investigaciones fiscales y que está a un paso de integrar la comisión para elegir a los futuros magistrados del TC es Eduardo Salhuana Cavides, acreditado por la bancada de Alianza para el Progreso (APP).

Fuentes de la Procuraduría Anticorrupción confirmaron a esta redacción que el legislador tiene tres carpetas aún en curso: Nº 1469-2016, Nº 609-2017 y Nº 872-2018. Este último caso es por el presunto delito de malversación de fondos.

Consultado sobre estas investigaciones, el parlamentario de APP apuntó que los tres casos provienen de su desempeño como gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios y tienen su origen en “denuncias políticas”.

“Son casos que vienen de denuncias de terceros. Ninguno procede de una investigación de la Contraloría ni de un órgano de control interno”, expresó.

Eduardo Salhuana precisó que fue la bancada de APP la que le pidió formar parte de la comisión especial para elegir a los miembros del TC. “Pero si hay alguna situación, yo no tengo ningún problema en retirarme”, expresó.
Congresistas con carpetas en la Fiscalía

Comisión TC

Los acreditados. Según documentación revisada por La República, los nueve integrantes de la Comisión Especial para elegir al TC serán: Jorge Montoya (Renovación Popular), Hernando Guerra (Fuerza Popular), José Balcázar (Perú Libre), Adriana Tudela (Avanza País), Luis Aragón (Acción Popular), Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), Wilmar Elera (Somos Perú-Partido Morado), Ruth Luque (Juntos por el Perú) y Enrique Wong (Podemos Perú).

Ante la recomposición de la Comisión Especial para elegir nuevas magistraturas del TC, es legítimo preguntarnos si es capaz de ejecutar su mandato de manera independiente e imparcial, dada su nueva conformación.

No es poca cosa, pues al tratarse de un concurso público de méritos, de ello depende que las candidaturas sean evaluadas objetivamente en condiciones generales de igualdad, y que los puntajes no sean asignados por motivos indebidos.

Fuente: La Republica