TOKIO - El ministro de Agricultura, Pesca y Política Forestal de Japón, Hiroshi Moriyama, ha defendido que el controvertido programa de caza de ballenas del país asiático es "indispensable" para la investigación científica sobre los cetáceos.

Así se expresó el ministro en el día en el que cuatro barcos japoneses han zarpado desde distintos puertos de las prefecturas de Yamaguchi (oeste), Hiroshima (oeste) y Miyagi (este) con el objetivo de pescar 333 ejemplares de ballena Minke en el Océano Antártico.

De esta manera Japón retoma su programa de captura de ballenas, interrumpido en 2014 tras el fallo vinculante de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que obligaba al país a reducir el número de cetáceos pescados por campaña y ponía en tela de juicio los "fines científicos" del mismo.

El ministro nipón incidió en que la captura de los cetáceos que inicia Japón se enmarca dentro de un programa científico que respeta la ley internacional y que se extenderá hasta el próximo mes de marzo.

Respecto al anuncio de la asociación conservacionista Sea Shepherd de boicotear la faena de estos cuatro barcos balleneros, Moriyama calificó la intención de los activistas de "extremadamente lamentable" y aseguró que Japón garantizará la seguridad de sus embarcaciones.

Moriyama anunció que esta expedición contribuirá a que el país asiático retome la caza de ballenas con fines comerciales en el futuro, según recoge la cadena pública NHK.

Moratoria total de la pesca comercial

Sin embargo, el país suscribió la moratoria total de la pesca con fines comerciales de ballenas que entró en vigor en 1986, aunque al año siguiente inició programas de capturas científicas defendiendo que están amparadas por la Convención de 1946 de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
 
Las capturas de cetáceos han provocado en los últimos años fricciones con las organizaciones medioambientales y con otros países, como Australia, que demandó a Japón ante la Corte Internacional de Justicia en mayo de 2010 al considerar que su programa perseguía fines comerciales.

A raíz de esta demanda, el CIJ sentenció en 2014 que el programa científico japonés era "poco transparente" y obligó al país a reducir en dos tercios el volumen de capturas, que entonces alcanzaba los 950 ejemplares.