La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, sostiene que en el Perú las reivindicaciones sociales han pasado a un segundo plano porque ahora la prioridad de los ciudadanos es mantenerse con vida, que no los maten por salir a trabajar.

El del Perú es un Estado que ha sido copado por la delincuencia para operar con impunidad, afirma.

Preocupa mucho la inseguridad ciudadana. Entre un sector del Congreso y del Gobierno hay coincidencia en que la solución pasa por incorporar la figura del terrorismo urbano. ¿Puede ser efectiva o es más una medida efectista, sin sustento?

Es una medida efectista. El nuevo actor social en el país se llama delincuencia. No hablo del clásico Pedro Navaja que describía Rubén Blades, sino que estamos hablando de una delincuencia de cuello y corbata que trabaja en una organización criminal, que tiene brazos jurídicos, que establece reglas para protegerse desde el Congreso y con brazos operadores desde el Ejecutivo, con ministros del Interior que no funcionan. La delincuencia ha ido copando al Estado, ubicándose dentro de su estructura para operar con mayor funcionalidad, protección e impunidad. Esa es la realidad. No hay que dejar de mirar que la pobreza en nuestro país ha aumentado, que uno de cada tres peruanos es pobre según las cifras del INEI. Claro, todos dicen que la delincuencia ha crecido, sí, ¿y cómo están tus indicadores laborales, de perspectivas de crecimiento? Lo del terrorismo urbano es puro populismo punitivo.

Mientras, el Congreso se resiste a derogar la Ley 32108 que varios expertos han advertido que beneficia a las organizaciones criminales.

Exactamente. ¿Usted cree que los delincuentes actúan solitariamente? Acá hay una organización criminal y, por lo tanto, quien forma parte de esa organización es el Congreso. En todo caso, si quisieran deslindar tendrían que comenzar derogando esa ley para que la Policía pueda ser más eficiente y hacer los allanamientos con más efectividad. También se tendría que derogar la (nueva) tipificación de organización criminal. Este tipo de delincuencia no opera sola, opera en conjunto, en grupo y tiene diferentes formas de organización. Yo digo: la clase política forma parte de la organización delincuencial y por estamos como estamos.

¿El Congreso entonces parece actuar como brazo legal de organizaciones criminales?

Totalmente de acuerdo, no podemos decir que existe terrorismo urbano sin mirar a quienes protagonizan, toleran y generan leyes para poder blindar a este tipo de personas. El Congreso forma parte de esa organización criminal. Y no solo el Congreso, también el Ejecutivo, con decisiones ineficientes, con designaciones de ministros del Interior que no están a la altura de poder dirigir una lucha como la que se necesita.

¿La reacción de los transportistas le parece la esperable? Se ha convocado a un nuevo paro este jueves.

La discusión ya no es cómo mejoro salarialmente. Las reivindicaciones sociales pasaron a un segundo plano. Ahora la discusión es cómo protejo mi vida, ese es el reclamo central, y para mí ese va a ser el punto de caída de esta clase política, sobre todo de quien está gobernando el país, que es Boluarte. Todos somos víctimas de la inseguridad y eso va a permitir que los ciudadanos se unan para apoyar esta causa. Insisto, la discusión no es por temas salariales, es para proteger nuestras vidas. Plantean sanciones más graves cuando eso es algo inocuo. Por ejemplo, se han aumentado las penas para los que roban celulares, ¿y acaso ha disminuido su robo? No.

El proyecto del Ejecutivo que propone lo del terrorismo urbano plantea, además, que los policías y militares denunciados por actos de función durante los estados de emergencia sean investigados en el fuero militar y policial. Eso sabe a impunidad garantizada, ¿cierto?

Abiertamente, es impunidad. En el fuero militar se juzgan delitos como la deserción. Pero si un militar o policía viola, asesina, lesiona, eso es un delito común y tiene que ser juzgado en un escenario de imparcialidad. Lo que se está buscando en medio de todo este desorden es nuevamente la impunidad para el abuso que pueda generarse desde el ejercicio de la violencia por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Ve algún rumbo, algún norte, aunque sea mínimo en este Gobierno?

Al contrario. Este Gobierno está acelerando la destrucción del país. Quiero decir algo: queremos más seguridad, más educación, algo de salud, pero desde el año 90, desde que intervino Fujimori, lo único que se ha buscado es destruir al Estado, debilitarlo. En algún momento todos los ciudadanos nos daremos cuenta de que necesitamos un Estado fuerte para luchar contra la minería ilegal, contra la tala ilegal, contra la extorsión. Necesitamos un Estado fuerte, no podemos seguir manteniendo esta lógica del Estado reducido a la mínima intervención. Esa es una reflexión. Y una segunda es que acá no se trata de ideologías vinculadas a la izquierda o a la derecha porque a mí me parecen conceptos anacrónicos. Acá hay una sola ideología: o estás con la delincuencia o no estás con la delincuencia. Veo una dinámica delincuencial en la que se destruye la democracia, la seguridad, el medio ambiente y la naturaleza. Hacia eso estamos caminando, lamentablemente.

¿Es un proceso involutivo?

Así es, un proceso involutivo. Y los propios ciudadanos van a decir basta, como ya lo están diciendo los señores transportistas. Vuelvo a decir: acá el tema central ya no es mi reivindicación salarial sino evitar que me maten.

Usted no ofrecía entrevistas desde hace varios meses. Recuerdo que la cuestionaron por defender la idea de la insurgencia, que está expresada en la Constitución, dicho sea de paso. ¿Se reafirma?

Totalmente. No he respondido a las críticas porque quiero asumir que son producto de la ignorancia jurídica y, bueno, uno tiene que ser tolerante con las opiniones. Pero sí permítame aclarar que el derecho a la insurgencia y el derecho a la resistencia son mecanismos constitucionales que tenemos los ciudadanos para rechazar cuando se altera el orden democrático. Un gran ejemplo: el autogolpe de Fujimori. Los golpes de Estado ya no son como antes que se hacían con los militares. Ahora el que es elegido democráticamente, tipo Fujimori, rompe las reglas de juego y toma para sí el control de toda la institucionalidad del país. Vuelvo a leer el artículo 46 de la Constitución, que lo tengo por acá. Dice “nadie debe obediencia al Gobierno usurpador, la población tiene el derecho de insurgencia”. Y cuando yo hablé del derecho de insurgencia lo hice, inclusive, inspirada en un comunicado que salió del Ministerio Público cuestionando un proyecto de ley que pretendía recortarle sus facultades. Eso es alterar el modelo democrático. Y -me dio mucho gusto- el Ministerio Público salió y habló para hacer respetar, por lo menos, la institucionalidad de su función. Bueno, yo como ciudadana, en atención al artículo 46 que le leí, también hablé de la posibilidad de ejercer este derecho a insurgir.

¿Qué es insurgir?

Insurgir es protestar, es decir “no estoy de acuerdo”, es decir, aunque sea desde una posición minoritaria frente al poder, que acá hay algo que no va de acuerdo con las reglas. (Insurgir) es defender el modelo democrático en el que yo creo en un 100%. Yo no creo en los pensamientos totalitarios ni autoritarios, los detesto, no están en mi ADN. Ejercer el derecho a la insurgencia para hacer prevalecer un modelo democrático es sencillamente utilizar las reglas de juego que la propia Constitución da a todo ciudadano.

Las elecciones que vengan serán casi una tómbola. Hay 35 partidos inscritos, unos 30 en proceso. ¿Se ha degradado el ejercicio de la política en el Perú?

Totalmente. Recuerdo cuando estaba en San Marcos, había grandes debates ideológicos entre un grupo y otro y eso es saludable en el ejercicio de un modelo democrático. Ahora no hay nada de esto. La delincuencia ha tomado el poder. Diríamos que hay una ideología de la delincuencia en el poder a fin de lograr réditos para sus actividades. Vivimos en una organización criminal en nuestro país y el brazo legal está dado por el Congreso a través de las normas que se dan para blindar actividades ilícitas. ¿Cómo se justifica la minería ilegal, la tala de árboles, la extorsión?

En el Tribunal Constitucional (TC) hay una sentencia que se debería haber emitido ya hace semanas referida a la demanda competencial que el Congreso presentó contra el Poder Judicial y que podría terminar afectando la composición de la Junta Nacional de Justicia. En paralelo hay un dictamen en la Comisión de Constitución para reducir de cinco a cuatro los votos para dar por fundada una demanda competencial, incluyendo aquellos casos que se están viendo en la actualidad en el TC. Cuando uno ve todo el escenario la impresión es que hay un juego en pared. ¿Qué reflexión tiene?

El juego en pared del Congreso con el TC no es una novedad. Ha sido una constante. La verdad, como siempre he dicho, no espero nada de este Tribunal, no tengo ni la mínima expectativa de lo que pueda decidir. Más bien es el brazo extendido del Congreso. Hace tiempo ha abdicado de hacer ese ejercicio del control de la institucionalidad. Ya no me llama la atención.

En un momento usted estuvo analizando la posibilidad de involucrarse en la política partidaria. Entiendo que eso se frustró. ¿Ya lo dejó de lado definitivamente o sigue siendo una opción más adelante? Se lo pregunto porque la he escuchado con un discurso bastante encendido.

Claro porque para mí la política no me ha sido ajena. Vengo de una cuna donde mi padre (Genaro Ledesma) era un luchador y realmente murió creyendo en sus ideas, con consecuencia. La política era entrega de la vida y de la familia en aras de un ideal. Tal vez por eso siempre voy a tener la emoción y la fuerza para hablar con mucha convicción de lo que debe ser el pensamiento y el ejercicio político. Pero, lamentablemente, no advierto condiciones para poder tener una práctica política. He ejercido 40 años en el Estado y sería para mí una nueva experiencia que, por el momento, no he incorporado en mi actividad.

Entrevista publicada inicialmente en La Republica