Por: Marcos Garfias Investigador proncipal IEP

Pedro Castillo y Juan Cadillo, dos maestros de aula de escuelas públicas, se encuentran hoy en la cúspide del poder. Castillo es el presidente de la República y Cadillo el ministro de Educación de su primer gabinete.

Ambos se formaron en instituciones públicas. El énfasis es fundamental en un país como Perú, donde lo público en el campo educativo, además de sus complejos problemas, hace décadas está marcado por un estigma cargado de prejuicios clasistas y políticos.

El presidente es de Cajamarca y el ministro, de Áncash. Estos datos también son significativos, porque además de su origen provinciano, resulta importante anotar que, en el caso del presidente, toda su experiencia vital, que incluye su trayectoria profesional y política, ha trascurrido en su región. Ahí obtuvo una plaza docente en una escuela rural y formó su propia familia. El ministro, por su parte, ha tenido una mayor experiencia de movilidad, pero ha sido esporádica. Hasta antes de convertirse en una celebridad en el campo educativo por su destacada labor en las aulas, llevaba varios años enseñando en una escuela de la capital ancashina.

La diferencia entre ellos se encuentra en el activismo gremial que ha recorrido Castillo y en la excelencia profesional por donde se ha conducido Cadillo. El presidente es sindicalista y político, tareas a las cuales ha dedicado sus mayores horas. Como se sabe, está ligado al grupo de docentes que impulsaron el Conare para disputarle la hegemonía a Patria Roja en el Sutep. Esta actividad gremial lo puso en la palestra pública durante la huelga magisterial de 2017. Cuatro años después, ese protagonismo fue decisivo para recibir el respaldo de miles de docentes de la educación pública. Muchos de ellos, en distintos rincones del país, se convirtieron en los principales voceros de su campaña, y, al menos en la primera vuelta electoral, fueron quienes sostuvieron el triunfo de Castillo.

Juan Cadillo transitó otro camino. Mientras ejercía la docencia también se hizo ingeniero de sistemas. Su perfil corresponde a quien ha priorizado la trayectoria profesional antes que la actividad sindical o política. La innovación educativa fundamentada en las nuevas tecnologías informáticas fue donde depositó sus esfuerzos. No se equivocó, pues esa apuesta lo llevó a convertirse en un docente reconocido y premiado. Después de eso no tardó en ser convocado a la gestión pública. Si el nuevo gobierno buscaba a alguien con indiscutible legitimidad para el Ministerio dentro del gremio magisterial, y frente a los demás actores políticos y otros grupos de interés en la educación, Cadillo cumplía las exigencias, y no dudó en aceptar el cargo.

Castillo y Cadillo no son los únicos maestros en el poder. Entre los congresistas de Perú Libre se cuentan varios docentes, y en el entorno presidencial hay otros tantos. ¿Basta esta presencia para mantener la centralidad de la educación en la agenda gubernamental de los próximos años y para materializar reformas tantas veces postergadas? Pese a ser importante, todo indica que no es una condición suficiente.

¿Gobierno para la educación? Expectativas y realidades

Desde la campaña presidencial, Castillo levantó las banderas de la educación. Las promesas iban de la mejora de la calidad de la escuela pública a la reforma de la carrera magisterial y varias reivindicaciones del gremio docente. Lo propio hicieron varios candidatos al Congreso del partido de gobierno, y ofrecieron, entre otras cosas, un significativo incremento del presupuesto del sector y el ingreso libre a la universidad.

A diferencia de las elecciones precedentes, la educación fue una materia de especial demanda hecha a los candidatos. Los estragos de la pandemia tuvieron un efecto detonador en este ámbito debido a que millones de estudiantes de distintos niveles tuvieron que alejarse de las aulas para adaptarse a la enseñanza virtual, y muchos de ellos no lograron hacer ese tránsito con éxito. Frente a eso, para las familias peruanas el Estado debía asumir un papel central en la recuperación de lo perdido.

Así, los efectos de la pandemia en la educación terminaron marcando las primeras pautas del gobierno de Castillo y su ministro Cadillo, porque el regreso a las clases presenciales se convirtió en un reclamo social que ha sido aprovechado por la oposición. La vuelta a la plena presencialidad todavía es irrealizable, y se ha optado por el plan del retorno gradual y voluntario; aunque el Gobierno titubeó para reconocer esa realidad, porque esto significaba admitir un fracaso apenas en el inicio de la gestión. Esto, además, trae una disyuntiva adicional: ¿es sensato volver al estado de la educación peruana antes de la pandemia o es necesario realizar cambios sustanciales? La declaración en emergencia del sector indica una apuesta por los cambios. ¿Pero cuáles?

En su presentación ante el Congreso, el ministro Cadillo trazó una ruta general. En ella, se anunció la implementación de algunas de las promesas de campaña; sin embargo, el anuncio mayor fue plantear cambios en el diseño curricular de la educación básica. Esto no es poca cosa. Supone dotar de un nuevo sentido a los objetivos de la educación de los peruanos. En ese teatro, se teme que pierdan vigor los denominados enfoques transversales, destinados a edificar una cultura de tolerancia y de paz en la convivencia cotidiana. En contraste, la apuesta de Cadillo pone el énfasis en una educación más ligada a las demandas prácticas como la empleabilidad, donde el dominio de las tecnologías ocupa un papel central. No obstante, todavía no ha planteado con claridad la vía por donde caminará esta reforma, y tampoco se ha sondeado el terreno para verificar si existe consenso al respecto.

El ministro Cadillo se ha mostrado optimista; sin embargo, el escenario no parece ser el más propicio, y la voluntad del ministro puede terminar colisionándose con la realidad. Junto a los problemas estructurales del sistema educativo, su primer desafío será llegar a acuerdos razonables con el gremio magisterial —que ahora tiene una cuota real de poder en la toma de decisiones del Gobierno— y evitar que los conflictos internos de ese gremio afecten su gestión. Será crucial en este marco salvaguardar la mejora de la calidad de la educación pública y al mismo tiempo satisfacer realistamente las expectativas de los maestros.

De otro lado, la relación con el Congreso plantea un desafío adicional. Aquí se comenzó con mal pie. La bancada oficialista no logró hacerse de la Comisión de Educación. Esta quedó bajo el control de Renovación Popular, un partido de derecha ultraconservadora, insatisfecha con las reformas educativas de los últimos años. A ello se suma la presencia de varios representantes de los empresarios de la educación, muchos de los cuales han petardeado la reforma universitaria y han cuestionado la tarea de la Sunedu. Por lo pronto, se intenta agujerear el proceso de licenciamiento de las universidades aludiendo a los costos sociales que están pagando miles de estudiantes. Pese a esto, todavía no sabemos hasta dónde estará dispuesto el gobierno de Castillo a defender las reformas por la calidad de la educación, fortaleciendo en ese camino la acción estatal; y tampoco conocemos hasta qué punto las reformas del ministro Cadillo coinciden o no con las agendas de los congresistas y otros sectores con intereses en la educación.

El gobierno de Castillo no ha tenido luna de miel. Cincuenta días no han sido suficientes para que el nuevo presidente y su gabinete terminen de acomodarse, y la oposición no ha dado tregua. Al mismo tiempo, las demandas de sus propios aliados, y en particular del gremio magisterial, no parecen contribuir a despejar la bruma que envuelve la tarea educativa del Gobierno. La legitimidad, la voluntad y el optimismo del ministro Cadillo, que sostienen la confianza en mantener la centralidad de la educación en la agenda, corren el riesgo de desgastarse tarde o temprano si no logra construir consensos más allá del ámbito congresal y la de sus aliados del magisterio. Vistas así las cosas, todavía es muy temprano para asegurar que los maestros en el poder lograrán hacer de este quinquenio un gobierno de la educación.

Fuente: IEP