Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

En el Perú, tres de cada diez mujeres se unieron a un hombre cuando eran menores de edad; María de nombre supuesto, pertenece al grupo del 62% de niñas y adolescentes entre los 10 y 15 años que tuvieron entre 3 o más hijos; por esa causa abandonó sus estudios, se complicaron sus problemas de salud, es violentada regularmente, corriendo muchas veces graves riesgos en su salud y vida a causa de castigos físicos y violencia emocional de parte de su pareja, que también es un adolescente.

En el documento “Las adolescentes peruanas en matrimonio o unión: tradiciones, desafíos y recomendaciones”, elaborado por el Plan International y el UNFPA Perú, se indica que “las adolescentes en matrimonios o uniones tempranas tienen un mayor número de hijos”; un problema escondido o apenas mencionado. El embarazo adolescente se refleja claramente en los casos de las adolescentes rurales, las adolescentes que viven en zonas de Selva y las adolescentes que hablan una lengua distinta al castellano. 

En El Perú más de 56 mil adolescentes viven en uniones tempranas y forzadas; y de estas, el 86% se unieron en las edades de 10 a 15 años; cada cuatro minutos una mujer sufre violencia sexual; y cada día, cuatro niñas peruanas menores de 15 años se convierten en madres, información revelada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes)), más de la mitad de las mujeres embarazan sin planificarlo.  

Dicho Fondo indica que “en situaciones de migración, las niñas, adolescentes y mujeres gestantes son poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Las adolescentes corren mayor riesgo ante situaciones de violencia sexual, acoso y de ser captadas por redes de traficantes y tratantes de personas”. Se estima que en promedio 80 mujeres gestantes venezolanas ingresan al Perú cada mes.

En el diagnóstico del UNFPA se recomienda básicamente la capacitación, incluyendo en las escuelas la materia de educación sexual integral, es decir que comprometa a educandos, padres de familia, autoridades y educadores; éstos impidiendo la deserción escolar de las adolescentes unidas o embarazadas; los padres inmiscuyéndose abiertamente y las autoridades facilitando el acceso a la justicia en violencia intrafamiliar y centros de salud adaptados a las necesidades de las/os adolescentes y entrega de anticonceptivos modernos.

El crecimiento demográfico se ha pretendido atajar con programas de planificación familiar; sin embargo, ahora existe “un nuevo consenso”, que facilita el acceso voluntario a anticonceptivos modernos; pero ante todo que establece “firmemente que los derechos y la dignidad de las personas, no los objetivos demográficos, eran el mejor modo de que las personas lograran sus propias metas de fecundidad”.

Recientemente en Perú una decisión judicial ordenó de nuevo la distribución gratuita del AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia), en todos los centros de salud estatales. Hace diez años el Tribunal Constitucional había prohibido la distribución gratuita del AOE por considerar existía “una duda razonable”.

A propósito del cuarto de siglo de la CIPD (Conferencia internacional sobre población y desarrollo), “un hito de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva”, se ha percibido que las autoridades mundiales no adelantan las suficientes acciones para que esos programas ocupen un lugar privilegiado en sus políticas.

@luforero4