Por: Gustavo Mohme Llona

La designación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) está peligrosamente jalonada por intereses que intentan evitar su funcionamiento, o retrasarlo, un propósito cada vez más abierto contra la reforma judicial.

La escandalosa selección de Pedro Patrón Bedoya, objeto de un proceso judicial por haber cobrado al mismo tiempo sus pensiones de jubilado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y su remuneración en la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y que a pesar de ello recibió la confianza de la Comisión Especial, pone sobre la mesa la idoneidad de ese grupo de trabajo y la carencia de filtros para garantizar una elección pulcra e inobjetable.

Esta designación fue acordada por unanimidad, a pesar de que, como señala el mismo involucrado, la Comisión Especial conocía con suficiente antelación del proceso en contra suya. Este hecho no puede pasarse por alto, especialmente luego de saberse que el citado postulante tiene otras investigaciones abiertas.

Forman parte de la Comisión Especial los titulares del Poder Judicial y el Ministerio Público, instituciones en cuyas cúpulas –la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente- se encuentran magistrados designados por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en procesos denunciados como irregulares, y que la JNJ deberá revisar por mandato de la ley.

Es correcto preguntarse por qué el PJ y la Fiscalía no alertaron a la Comisión Especial de que el caso de Patrón Bedoya se encontraba en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y en la Segunda Fiscalía Suprema Penal, a cargo del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, relacionado con el grupo denominado ‘Los Cuellos Blancos’. Este silencio abarca, inclusive, a las otras denuncias contra el exaspirante a la JNJ.

Los voceros del fujimorismo baten palmas. Estos tropiezos no son adjudicados a la idoneidad del proceso de selección, que ahora mismo el Congreso regatea en cuanto a su extensión, sino a que no debió desactivarse el CNM, cuya vida defendieron con denuedo en el Congreso. En su fuero no tan interno, pretenden decirnos que las cosas estaban mejor con los “hermanitos” de los ‘Cuellos Blancos’ y que el cambio fue para peor.

Deben corregirse los errores advertidos en la selección de la JNJ y las instituciones cuyo funcionamiento podría ser alterado por decisiones de este organismo, deben descubrir sus cartas para que la opinión pública sepa a qué atenerse respecto de una etapa crucial de la reforma judicial, sin la cual no es posible imaginar el cambio.

Fuente: LaRepublica