NUEVO AYACUCHO (Chincha) - Vivir en las pampas del poblado Nuevo Ayacucho cada vez es más difícil para los chinchanos. Las dunas están dominadas por traficantes de tierra que amenazan a los más indefensos para quitarles sus predios. A fin de poner coto a esta situación, los dirigentes han solicitado la intervención de los diferentes niveles de gobierno, pero sino pasada nada recurrirán a los congresistas de la región Ica.

Ulises Orrego, uno de los dirigentes fundadores del poblado ubicado en el territorio de la provincia de Chincha, informó que estarán solicitando a los legisladores que los acompañen a la sede de la PCM para que ellos – en su condición de representantes de los intereses de la región – exijan un informe detallado sobre la condición actual de la pampa, al existir un problema de demarcación territorial con la provincia de Cañete.

“La PCM debe pronunciarse y decirnos esto todavía no está demarcado y, por lo tanto, nadie debe adueñarse ni tampoco puede haber actividades de venta mientras siga el conflicto. Las autoridades deben exigir al Sr. Zavala que se pronuncie porque Cañete continua diciendo que ya está todo resuelto y que son a ellos que les pertenece las tierras. Pero eso es totalmente absurdo” menciona el dirigente.

Cabe indicar que hace dos años en Nuevo Ayacucho se instaló un puesto policial móvil que por lo menos controlaba los actos delictivos que se cometían en agravio de los chinchanos. En la actualidad ya no existe fuerza policial alguna en la zona y cada día que pasa el desconcierto para los moradores registrados en la jurisdicción de Grocio Prado (Chincha) es calamitosa al tener que soportar la “guerra armada” que es desatada por los delincuentes de tierras.

Otro de los problemas que deben soportar los pobladores es la desigualdad de la inversión pública. Mientras que los moradores registrados en la región Lima gozan de diversos beneficios, los chinchanos son discriminados de los proyectos municipales. Los mismos programas de gobierno no benefician a toda la ciudadanía.

Ulises manifiesta además, por ejemplo, que la empresa Adinelsa facilita instalación de energía eléctrica para los traficantes.

En febrero de este ano seudodirigentes azuzaron a un grupo de moradores para que tomen en posesión un predio que ya tenía propietario.

Fuente: Correo