Eduardo Arana señaló que la ley fue aprobada por el Congreso, no por el Ejecutivo, y que la responsabilidad de su aplicación recae en jueces y fiscales. «Ya es un hecho consumado. La ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla.

El Ejecutivo no aplica esta norma (…) Desde luego, corresponderá a los jueces y fiscales disponer desde su perspectiva si aplican control difuso, control de convencionalidad o eventualmente si es que ponen una acción que el Tribunal Constitucional tenga que resolver», manifestó.
 

Omisión del Ejecutivo ante advertencias

Pese a los pronunciamientos de organismos que advertían sobre los impactos negativos en los procesos por violaciones a derechos humanos, el Ejecutivo no observó la ley. Arana no mencionó esta prerrogativa del Ejecutivo en sus declaraciones. Afirmó que respetan las posturas institucionales sobre la norma y se mantendrán al margen de las acciones legales que se presenten contra ella. «En ese sentido, respetamos profundamente las posiciones que institucionalmente las entidades, como la Conferencia Episcopal y el Ministerio Público, puedan tener respecto al contenido, vigencia y alcance de la ley. Ya corresponde a ellos hacerlo y desde el gobierno nosotros vamos a tener que estar al margen de ello», comentó.

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Responsabilidad del Congreso y demanda de inconstitucionalidad

Ante las críticas por la inacción del Ejecutivo, Arana insistió en que la responsabilidad recae en el Congreso. «Hay que precisar que esta ley no ha sido promulgada por el Congreso. Esta ley ha sido promulgada por orden del Congreso de la República», indicó.

También recordó que se presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y será el Congreso quien defienda la legalidad de la norma. «Porque está siendo objeto de una demanda de inconstitucionalidad en la que le corresponderá al Congreso responder desde su Procuraduría, los inconvenientes o aquellos aspectos que desde estas instituciones consideren que no son aplicables», añadió.

Cumplimiento de la ley

Arana reiteró que el gobierno cumplirá las leyes promulgadas por el Congreso, dejando la decisión final en manos de los operadores de justicia. «La posición del gobierno es del cumplimiento de las normas que el Congreso expide. No existe otra disposición al momento que no corresponda a ser aplicada. Pero esta norma, está efectivamente destinada a ser aplicada por los jueces y fiscales», puntualizó.