Para nadie es un secreto que el indultado Alberto Fujimori nunca tuvo ni tiene la intención de pagar la millonaria reparación civil que le adeuda al Estado peruano por los crímenes y delitos por los que fue condenado, que a la fecha supera los 51 millones de soles. Y tampoco hay cómo cobrarle, admiten en la Procuraduría Anticorrupción, porque no registra ni bienes ni cuentas bancarias a su nombre en el Perú.

En los últimos años, el autócrata se deshizo de todas sus propiedades  rastreables, reveló este viernes un informe de Hildebrandt en sus trece, que señala que la Procuraduría apunta a embargarle una parte de la pensión que tiene Fujimori de la Universidad Agraria, donde fue rector, para empezar a amortizar la deuda. "Sacando cuentas, el exdictador tardaría 4,740 años en cumplir con la reparación", reseña el semanario.

Poco después de iniciarse los primeros juicios por los casos de corrupción durante el fujimorismo, década en la que el latrocinio al Erario Nacional fue de 6.000 millones de dólares, según cálculos oficiales, en el 2003 el equipo legal de la  Procuraduría inició un rastreo de propiedades de Fujimori con el objetivo de solicitar su embargo para evitar que el exmandatario evadiera el pago de una eventual reparación civil en caso sea sentenciado.

En ese entonces, incluso, solo hallaron dos casas a nombre de Fujimori: una en el cruce de La Fontana y la calle Las Moreras (Ate), valorizada en medio millón de soles, inmueble sobre el que se logró trabar un embargo preventivo; la otra propiedad es un chalet en el jirón López de Ayala, en San Borja.

Las dos propiedades cambiaron de 'dueños' antes de que las autoridades logren el embargo definitivo. En la casa de La Fontana, Aldo Fosca Ferraro Fosca aseguró que había comprado el inmueble en 1998, pero que no lo había podido inscribir en Registros Públicos. Aunque nunca hizo trámite, en el 2017, Fosca apeló la orden de embargo del 2012 ante el Poder Judicial. El proceso se ventila ahora en la Corte Suprema.

Algo parecido sucedió con el inmueble de San Borja, cuyo valor también es de casi medio millón de soles. Una pareja —Rufino Huarcaya y Zoraida Evangelista Carranza— pidió a la justicia el levantamiento del embargo bajo el argumento de que eran los verdaderos dueños. Los esposos alegaron que habían comprado el inmueble a Fujimori en 1999, pero que tampoco lo habían registrado en  Sunarp. El caso está también pendiente de resolución en la Corte Suprema.

Así, sin propiedades a su nombre, a la Procuraduría solo le queda recurrir  a las eventuales pensiones que Fujimori pueda recibir. En junio del 2017, la defensa del exreo de la Diroes solicitó "la reactivación de su pensión de cesantía" a la Universidad Agraria, que le fue suspendida desde el 2001. Si su pedido es concedido, recibiría S/. 2,728 mensuales. Pero aun así, existe una restricción: la ley solo permite embargar una tercera parte de la renta, o sea, 909 soles mensuales en el caso de Fujimori.

Los 'financistas' de Fujimori

El malestar en la Procuraduría por este situación es insoslayable. "[Fujimori] nunca ha tenido la intención de pagar. Nunca ha ofrecido algún tipo de acuerdo para poder reducir la deuda. Está considerado en situación de rebeldía por este asunto", dijo un abogado de la Procuraduría que conoce de cerca el caso de la reparación civil, citado por Hildebrandt en sus trece.

Y la desazón es mayor cuando, tras ser indultado, el autócrata fijó como su residencia una mansión de 2 mil metros cuadrados en La Molina, cuyo alquiler mensuales cuesta alrededor de US$ 5.000, monto que según su entorno, es asumido por un grupo de amigos del exreo, quienes además pagan la camioneta Chevrolet blindada que utiliza y sufragan sus gastos de alimentación y vestimenta.

¿Quiénes son estas generosas personas? Hay cinco nombres claves: el del exministro de Agricultura Belisario de las Casas, los hermanos Augusto y Sergio Krüger Peschiera, el hombre de negocios Álvaro Bedoya Dubois y la excongresista y empresaria María Cordero Jon Tay.

Según fuentes del entorno del exreo, que cita el semanario en mención, los  cuatro primeros se encargan de pagar los 16,500 soles mensuales por el alquiler  de la residencia de La Estancia, en La Molina, cuyo propietario es Hugo Guevara Canal, fundador de Chroma Producciones, donde trabajó el  excongresista fujimorista Carlos Raffo.

Estos empresarios también sufragan los gastos que genera la camioneta Chevrolet Tahoe, de placa AXM-080, totalmente blindada a solicitud del mismo Fujimori, quien dijo a sus amigos que teme un atentado terrorista en su contra. El alquiler del vehículo, que está nombre de Renting Plan S.A.C., asciende a 345 soles diarios.

En tanto, la empresaria textil María Cordero Jon Tay asume los gastos de vestimenta y alimentación de Fujimori, quien fue además una de las más recurrentes visitantes del autócrata en su celda de la Diroes. Ahora hace lo mismo en la residencia de La Molina.

Fuente: La Mula