El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, por la denuncia que interpuso Óscar Romero, titular de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), en medio de la polémica con algunos clubes de la Liga 1 por la negociación de los derechos televisivos del torneo.

La querella contra Lozano Saavedra fue presentada a raíz de una “presunta comisión de los delitos de extorsión, coacción y organización criminal”, detalla un documento publicado por la Fiscalía de la Nación.

Además de Lozano, Romero incluyó en su denuncia a otros 12 directivos del ente rector del fútbol peruano, entre ellos Jean Marcel Robilliard, secretario de la junta directiva. Todos los involucrados fueron invitados a declarar a din de que “brinden detalles respecto a los hechos materias de investigación”.

FPF se pronuncia tras medida cautelar

Este sábado, desde la página web de la FPF se emitió un comunicado para reafirmar la postura de la entidad respecto a su propiedad de los derechos televisivos de la Liga 1 2023 y justificar el proceso iniciado contra el Consorcio Fútbol Perú.

“Esta medida fue iniciada por la FPF al recibir informaciones de diversas fuentes respecto a posibles nuevos acuerdos o renovaciones de contratos que el actual operador pretendía realizar sin consentimiento de la FPF sobre sus derechos de transmisión”, indica el comunicado al inicio.

“Todos los términos de los estatutos de la FPF son plenamente válidos y vinculantes a sus miembros. Asimismo, se debe tener la plena seguridad de que todas las acciones que realiza la Federación son informadas previamente a la FIFA y la Conmebol”, agrega la FPF.