Ayer viernes, el Ministerio Público, representado por el coordinador del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez, sustentó, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la denuncia N.º 322 formulada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto - en calidad de instigador- encubrimiento personal y encubrimiento real.
 

El representante del Ministerio Público sustentó los hechos ocurridos el 5 de enero de 2019, fecha en la que la exasesora de Chávarry Vallejos, Rosa Venegas, y tres policías, que eran parte de la escolta del ex Fiscal de la Nación, ingresaron a las oficinas del coordinador parlamentario y también exasesor de esta institución, Juan Manuel Duarte, lacradas por requerimiento del fiscal José Domingo Pérez como parte de las investigaciones que se siguen a la organización política Fuerza Popular por lavado de activos.

 
“El hecho atribuido al ex Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, es haber planificado y ordenado la irrupción a una oficina lacrada por el fiscal José Pérez Gómez en el curso de una investigación contra Keiko Fujimori y el partido político Fuerza Popular”, manifestó.
 

El fiscal adjunto supremo González Rodríguez expuso la hipótesis fiscal que señala la existencia de una relación de favorecimiento entre el investigado Chávarry Vallejos y la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, investigada por el Equipo Especial Lava Jato.
 

Rosa Venegas y Manuel Duarte

Para acreditar estos hechos, señaló que, antes de integrarse como asesores de la Fiscalía de la Nación, Rosa Venegas y Manuel Duarte fueron asesores de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República. Asimismo, refirió que los parlamentarios de Fuerza Popular brindaron su apoyo a Chávarry para mantenerse en el cargo de Fiscal de la Nación. Una prueba de esta afirmación sería la existencia de conversaciones en el grupo de Whatsapp denominado ‘La Botika’, que estaba integrado por legisladores de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, en donde hacían clara referencia a la elección del imputado al cargo de Fiscal de la Nación.

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“Como declaró un testigo protegido, que está consignado en nuestra denuncia, y además como se evidencia en el contenido del chat ‘La Botica’, efectivamente, había un favorecimiento, un apoyo para la elección de permanencia en el cargo. Para reseñar uno de los mensajes escritos por Keiko Fujimori donde dice textualmente: ‘Daniel, manda un mensaje a bancada de prudencia, Chavarry es una persona correcta y le están haciendo un cargamontón caviar’ precisó.
 

Finalmente, el fiscal adjunto supremo González Rodríguez ratificó la denuncia y tipificación penal contra la ex máxima autoridad del Ministerio Público y solicitó a los legisladores presentes en la sesión virtual declaren procedente la demanda.
 

“Se deslacró ilegalmente la oficina para sustraer y desaparecer documentos con la finalidad de frustrar la diligencia del fiscal provincial (José Domingo Pérez). Es por esta razón que, en la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación, se consignan dos delitos que no pueden separarse: atentado contra la conservación e identidad de objetos, pero además la finalidad que tuvo esta acción, que era el encubrimiento real, es decir, la desaparición de esos documentos, por lo cual nosotros nos ratificamos en el contenido de toda nuestra denuncia en todos los extremos, incluida la tipificación penal que corresponde al Ministerio Público, por lo que concluyo solicitando que esta denuncia sea declarada precedente”.

Sigue el intento de blindaje a Pedro Chávarry

Sesión estuvo a punto de ser suspendida a falta de quorum. Fujimorista Carlos Mesía, que fue abogado del investigado, se retiró de la reunión a pesar de reportar asistencia.

El ex fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry se presentó ayer ante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, pero la audiencia estuvo a punto de ser suspendida debido a la baja concurrencia de los parlamentarios.

La más notoria ausencia corresponde al fujimorista Carlos Mesía, quien antes se desempeñó como abogado del investigado Chávarry. Este parlamentario registró su asistencia, pero luego se retiró, dejando sin quorum a la subcomisión.

Algo similar ocurrió con María Gallardo, de Podemos Perú, quien se ausentó y solo quedaron nueve. Se necesitaba un mínimo de once para el quorum.

El nuevo presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, se vio obligado a pedir la revisión de quorum hasta en dos oportunidades y cuando ya la sesión iba a ser suspendida se sumaron José Ancalle (Frente Amplio) y Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso).