Desde Ucayali, el contralor Nelson Shack manifestó su preocupación por la demora del Tribunal Constitucional (TC) para responder el recurso de aclaración presentado a fin de precisar los alcances de la sentencia que suspendió la capacidad sancionadora administrativa de la Contraloría, hasta que las conductas infractoras sean tipificadas en una ley.

Señaló que si bien la sentencia no tiene efectos retroactivos para los casos de funcionarios sancionados, ya se han recibido cerca 600 solicitudes para declarar la nulidad, suspensión y el archivamiento de procedimientos administrativos sancionadores (PAS) que se encontraban consentidos o en trámite, lo que podría incrementar la sensación de impunidad.

Dichas solicitudes involucran a más de 15 mil funcionarios públicos a quienes se ha identificado posible responsabilidad administrativa como producto de auditorías de casos emblemáticos.
 
“Esperamos que el TC pueda resolver prontamente el recurso de aclaración respecto de la sentencia emitida en la que si bien reconoce la capacidad sancionadora de la Contraloría, declara inconstitucional el catálogo de sanciones, para que estén claras las consecuencias y la aplicación práctica de su sentencia. Hay muchas interpretaciones de estudios jurídicos no solo sobre los casos en marcha, sino que postulan que las sanciones ya ejecutadas se dejen sin efecto”, manifestó.

Shack Yalta dio estas declaraciones en el marco de la segunda fecha de la jornada de supervisión y traslado de su despacho a la región Ucayali,

Shack Yalta reiteró al Congreso de la República su solicitud para que se debata prontamente el proyecto presentado por la Contraloría que tipifica las conductas infractoras, integrándolas en una ley.

28 procedimientos administrativos

Por lo pronto, este mes de mayo y junio está próximo a caducar el plazo para continuar 28 procedimientos administrativos sancionadores que implica a 110 funcionarios públicos de gobiernos regionales, municipalidades, ministerios y que involucra casos relacionados al manejo de recursos públicos por más de 28 millones 680 mil soles.  
 
Se recuerda que el 28 de abril pasado, y luego de su publicación en el diario El Peruano, entró en vigencia la sentencia que suspendía los efectos de la sentencia hasta pronunciarse sobre el recurso de aclaración. Han pasado tres semanas y aún no se ha emitido ningún pronunciamiento formal sobre el tema, señaló Shack Yalta desde la región Ucayali.
 
En estas reuniones, informó que este año se concretará la absorción de las Oficinas de Control Institucional (OCI) de las entidades provinciales, dotándolas con personal profesional que dependerá solo de la Contraloría General, fortaleciéndolas con equipos multidisciplinarios para la ejecución de servicios de control, proyectándose a atender la demanda de control a nivel de las municipalidades distritales.
 
Del mismo modo, informó que se ha exhortado al Congreso de la República para que apruebe la Ley por la cual se desplegará el modelo de control concurrente a todas las obras públicas que se desarrollan en el país