El pasado viernes 24 de junio se realizó el Primer Congreso Nacional de Comunidades Indígenas Mineras del Perú, con la presencia de comunidades de Apurímac, de Puno (Sandia y Carabaya), Cusco, Ayacucho y Huancavelica.

Como ha sido anunciado en un comunicado, el pasado viernes 24 de junio se realizó el Primer Congreso Nacional de Comunidades Indígenas Mineras del Perú, con la presencia de comunidades de Apurímac, de Puno (Sandia y Carabaya), Cusco, Ayacucho y Huancavelica.

Al evento también llegaron los congresistas Guido Bellido (Cusco) y Elizabeth Taipe (Apurímac), ambos de la bancada de Perú Libre, que estuvieron acompañados por la Directora Regional de Energía y Minas de Apurímac, Rosario Padilla Vidalón, que, como se recuerda, fue viceministra de Energía y Minas durante el segundo gobierno de Alan García. También llamó la atención la presencia de un representante del Frente Policial de Apurímac, el capitán PNP, Rolando Mamani.

¿Cuál es el significado de este evento? En el comunicado emitido se anuncia que se busca visibilizar “la problemática minera de las comunidades indígenas quechuas del Perú” y que se ha aprobado un informe técnico-jurídico sobre la territorialidad de los pueblos indígenas, su autonomía y recursos naturales. Finalmente, se ha anunciado que se presentará un proyecto de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Pero además el evento también es un indicador de un sector que está en franco proceso de expansión en varias zonas del país en los últimos años y que no solo genera presión en los territorios, también en el escenario político regional y nacional. Si bien en este evento solo han confluido grupos de cinco regiones del país, se sabe que es una actividad fuertemente instalada en Arequipa, Ica, La Libertad, Piura, Cajamarca, Madre de Dios, Amazonas, entre varias otras zonas. Algunos estudios hablan de alrededor de 500 mil personas dedicadas a esta actividad.

A estas alturas deberíamos preguntarnos hacia dónde vamos en relación a esta actividad. ¿Qué escenarios se vislumbran? ¿Estamos marchando hacia un escenario similar al de Bolivia, donde los denominados cooperativistas se han convertido en una base social fuerte, que termina imponiendo condiciones a los gobernantes y que controla los territorios donde desarrolla su actividad con mucha violencia?

Por lo que se aprecia en algunos territorios en el Perú, no habría que descartar esta posibilidad y al mismo tiempo no se puede omitir algunas características de la actividad: generación de impactos ambientales, graves problemas sociales, violencia, trata de personas, trabajo infantil, empleo precario, etc.

Por otro lado, este es un tema que sigue generando fuertes tensiones al interior de las propias comunidades; entre los que optan por esta actividad y los que se resisten a ella. En muchos casos, estas tensiones se están resolviendo de manera violenta, incluso con la presencia de grupos que vienen de fuera. Cabe señalar que hay comunidades que están defendiendo sus territorios para evitar que se conviertan en nuevas zonas de expansión minera.

En todo caso, todo indica que hay una ruta trazada. Ya lograron que se promulgue la Ley 31388, que amplió el plazo de formalización minera hasta el 2024 y ahora se anuncia la presentación del proyecto de una nueva ley para la pequeña minería y la minería artesanal. Los congresistas Elizabeth Taipe Coronado y Guido Bellido Ugarte se han comprometido a apoyar la propuesta de los mineros en el Congreso de la República.

Habrá que ver cuánta fuerza tienen, tanto en los territorios como en el escenario político.