La Comisión de Fiscalización ha citado para este viernes a la exlegisladora Alejandra Aramayo, quien se desempeña como jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Congreso, para que explique el comunicado que publicó la cuenta oficial del Parlamento en X (antes Twitter) el 16 de enero y que levantó una polvareda de críticas.

Foto capturado en X.

La publicación recogía la necropsia de Andrea Vidal, extrabajadora del Legislativo que fue tiroteada mientras se desplazaba en un taxi el 10 de diciembre y cuyo deceso desencadenó una serie de denuncias sobre una presunta red de prostitución al interior del Congreso.

Según el comunicado en cuestión, en el atentado que sufrió Vidal “los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi”. Una conclusión a la que llegan tomando como referencia la cantidad de disparos (16) que recibió José Vargas Briceño, quien conducía el vehículo, en comparación con Vidal (7), que iba como pasajera en el asiento trasero. Este, sin duda, es un dato relevante para las investigaciones, pero de ninguna manera concluyente. Hasta ahora, por ejemplo, no se han encontrado indicios de que Vargas venía siendo extorsionado ni tampoco registra antecedentes policiales. Pero esa información ha sido cuidadosamente ignorada por el Parlamento.

#SinGuion | "¿Quién tenía tanto interés en que la señorita Vidal no había sido asesinada por sicarios?". Rosa María Palacios [@rmapalacios] comenta sobre la citación de Alejandra Aramayo a la Comisión de Fiscalización.pic.twitter.com/J65adSVj18

— Política y Economía La República (@Politica_LR) January 20, 2025

La verdad, sin embargo, es que en el ataque que acabó con Vidal nada está cerrado. Al contrario, existe una serie de circunstancias extrañas que rodean su muerte y que merecen aclararse. ¿Por qué, por ejemplo, otra de las trabajadoras señaladas como integrantes de la presunta red, Isabel Cajo, presentó una denuncia por el robo de su celular que fue desmentida rápidamente por los registros de las cámaras de seguridad del distrito donde ella asegura que ocurrió el hecho? ¿Por qué tres funcionarias designadas por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para investigar el tema renunciaron al encargo? ¿Por qué Alianza para el Progreso (APP) ha negado insistentemente toda vinculación con Jorge Torres Saravia, en cuya oficina legislativa trabajaron Vidal y Cajo, pese a que existen fotos en los que se lo ve haciendo campaña por dicho partido? ¿Por qué, en resumen, se ha visto desde el principio una falta de interés de los parlamentarios por aclarar el tema, mientras que otros, como el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, han optado más bien por no colaborar con las investigaciones?

Por las repercusiones que podría llegar a tener, el homicidio de Andrea Vidal debe ser investigado hasta el final y deben darse todas las facilidades para que ello ocurra. En el Congreso, sin embargo, han optado hasta ahora por el camino inverso: le han puesto trabas a la investigación y se han apurado en darla por zanjada, generando así la sensación de que quieren quitarse de encima un gran peso…

Fuente: Editorial El Comercio