El narcoterrorismo en el teatro de operaciones, el VRAEM es uno de los principales centros de producción de cocaina en el mundo.
 

 

El ministro del Interior Carlos Basombrío ha aprobado medidas para los cien primeros días de gobierno, las que inciden en seguridad ciudadana, crimen organizado, lucha contra la corrupción, bienestar policial y asuntos institucionales. Se busca lograr impactos inmediatos, fundamentales. Estas medidas pretenden avances concretos en seguridad ciudadana, orden interno, orden público y defensa del Estado.  La delincuencia, especialmente el narco-terrorismo y el narcotráfico son la principal amenaza a la sociedad y el Estado peruano.

El narcotráfico está cada vez más presente en los barrios del país. Busca vender estupefacientes a niños, adolescentes y jóvenes. Desde ese punto de vista, el narcotráfico es la mayor amenaza al Perú: se está atacando el capital humano.

Narcotráfico

Todos los delincuentes dedicados al “raqueteo” y otras especializaciones del mundo del hampa, cuando son atrapados por la PNP, tienen en sus bolsillos paquetes de cocaína, pasta básica de cocaína y marihuana. En las cárceles abundan las drogas. Los delincuentes afirman que es más fácil encontrar drogas en las cárceles que “en la calle”. El componente violento, resultado del consumo de drogas, es cada vez mayor pese a que las víctimas entregan sus pertenencias.

El narcotráfico abarca actividades organizadas que van desde la producción, comercialización, logística, traslado de los estupefacientes a los mercados internacionales y al “mercado interno”,  corrupción de funcionarios e instituciones públicas y privadas, comunicación social, blanqueo de activos, organización de la violencia en la disputa de mercados con el fin de eliminar a los competidores, a las fuerzas del orden, a los jueces y fiscales probos y/o corromperlos. Mover miles de millones de soles al año y lavarlos para introducirlos a la sociedad tiene un alto nivel corrosivo.

El narcotráfico no es cualquier amenaza. Es la principal amenaza a la sociedad y el Estado peruano.

El narcoterrorismo, amenaza al Estado y a la sociedad

El narcotráfico lava activos en el Perú por una suma superior a los 3 mil millones de dólares anuales. Lo que se incauta es mínimo en relación con lo que se produce. Atrapar a las bandas del crimen organizado es cada vez más complicado por la relación con el crimen internacional y por el sistema organizativo: la delincuencia aprende y se especializa, además que se mueve a muy altos niveles de la sociedad y del Estado. Se ha llegado a un alto grado de organización cuando sicarios de Colombia, México y países de Europa llegan al Perú a dar muerte a criminales competidores con casi total impunidad.

El narcoterrorismo ha crecido y se ha consolidado en el VRAEM,  en las regiones y provincias del país en donde se produce droga de muy alta calidad para el mercado de Brasil, Argentina, Europa y otros mercados. Ha disminuido el número de hectáreas sembradas pero ha crecido la productividad. La coca destinada tradicionalmente al consumo personal no es la misma que se destina a la producción de cocaína. Estamos hablando de una planta que ha sido “fortalecida” por productos químicos y experimentación por las organizaciones criminales y sus efectos deletéreos son cada vez mayores.

El narcotráfico ha penetrado a los partidos políticos y se ha abierto paso en los gobiernos locales y regionales. La experiencia internacional de México y Venezuela son el espejo de lo que podría suceder en el Perú si no se mantiene con carácter y firmeza una política dura y ofensiva que combine la acción de inteligencia con la erradicación y el enfrentamiento a las organizaciones criminales.

En el negocio de lavado de activos se usan todos los medios posibles: negocios de transporte y logística, cadenas de restaurantes-gastronomía, hoteles, construcción y actividades inmobiliarias, universidades, institutos, clubes deportivos, partidos políticos entre otros.

La familia

El punto más débil de la sociedad peruana es la familia, atacada a diario por el narcotráfico. En un país en el que en más de un tercio de los hogares la madre es padre-madre, el ataque a los adolescentes y jóvenes a los que se busca incorporar como consumidores es un ataque al contenido y sentido fundamental de la sociedad. La venta de drogas desquicia a la familia, introduce la dependencia, exacerba la disfuncionalidad y los conflictos, produce violencia, robo de bienes materiales y crea infelicidad. Los delincuentes usan a los menores de edad para la venta de drogas. La estrategia es penetrar las escuelas y los barrios para ganar consumidores.

Las municipalidades

El Gobierno Nacional tiene el deber de liderar con los gobernadores y los alcaldes las políticas preventivas. Defender la familia implica un compromiso ético, legal y político. Debe  penalizarse con mayor rigor la venta de drogas a menores de edad.

La defensa de la familia es fundamental. Los alcaldes en el nivel local deben sumar a las Iglesias, a las ONG, las instituciones de la sociedad civil del Estado en la tarea de cerrarle el paso al narcotráfico. Promover barrios seguros, limpios y ordenados. Se deben promover actividades culturales, artísticas, educativas, deportivas y recreativas de calidad. Fortalecer escuelas de padres y actividades de orientación y apoyo a los adolescentes y jóvenes.

Se precisa de una gran alianza liderada por los alcaldes. Está en juego el presente y el futuro del país.

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