Durante los últimos años, hemos sido testigos del acelerado crecimiento de un ‘nuevo’ cáncer que desgarra el tejido social, económico, político, institucional y ambiental de nuestra sociedad: las economías ilegales.

En 2021, se estima que estas actividades generaron al menos 7,500 millones de dólares anuales, superando así la pérdida económica ocasionada por la corrupción y la inconducta funcional, la cual se calculó en aproximadamente 6,500 millones de dólares en 2023, equivalente a 2.4% del PBI.

Las economías ilegales tienen un grave impacto en diversos ámbitos. En 2024, El Comercio reportó 369 víctimas de sicariato, y Global Witness ubicó a Perú entre los diez países más peligrosos para defensores ambientales, lo que evidencia el riesgo directo en seguridad ciudadana y ambiental. La minería ilegal, el cultivo de coca y la acelerada deforestación en la Amazonía también vienen afectando los ecosistemas y agravan la crisis climática, visible en el estrés hídrico que enfrenta el norte del país. A esto se suma el incremento del tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de terrenos y la piratería.

Este crecimiento acelerado de las economías ilegales responde a la incapacidad del Estado para hacerle frente y evitar que penetren en la economía formal. A esto se suma la corrupción de funcionarios, quienes no solo se hacen de la vista gorda y no controlan, sino que, además, emiten normas que no pasan por un test de validación conductual, como las suelo llamar. Es evidente que responden a intereses personales o de grupos de poder, y no al bien común; pero la emisión de normas sin el análisis adecuado altera los incentivos que rigen a actores legales e ilegales, formales e informales. Como resultado, esas nuevas regulaciones carecen de efectividad y, en muchos casos, son contraproducentes.

Hoy, las economías ilegales penetran en el Estado desde la cima del poder mediante el financiamiento de campañas electorales. Es crucial evitar que las elecciones generales de 2026 se conviertan en un medio para que estas economías capturen áreas clave del Estado. Porque, además de operar fuera de la ley, estas logran influir en políticas y regulaciones, lo que se conoce como “captura del Estado”, debilitan la institucionalidad, la buena gobernanza y promueven la corrupción e impunidad.

Un ejemplo de esta situación es el problema de la minería ilegal y los esfuerzos fallidos por combatirla a través del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera). En 2023, la Contraloría evidenció que la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas no cumplió con el monitoreo y seguimiento de los planes de trabajo para la formalización minera; y el porcentaje de mineros que logran formalizarse es del orden del 2%.

Claramente, no hay efectividad y la minería ilegal sigue incrementándose

La pesca ilegal es otro ejemplo alarmante. El año pasado la Contraloría también reveló que la Dirección General de Pesca brindó permisos irregulares para exportar este producto por un valor superior a los 677,000 dólares. Perú, uno de los 15 mayores exportadores de aletas de tiburón a China según la FAO, enfrenta un incremento en el comercio ilegal de esta especie, que amenaza tanto la supervivencia de los tiburones como el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Es también sorprendente el número de alcaldes y gobernadores regionales investigados o con sentencias por corrupción y vinculados a economías ilegales. Esto evidencia cómo la falta de control institucional fomenta su crecimiento. Estas economías se aprovechan de la debilidad estatal y erosionan la confianza en las instituciones públicas, que se refleja en el retroceso de Perú en el Índice Global de Percepción de Corrupción, pasando del puesto 96 al 121 entre 2017 y 2023.

Es urgente que el Estado responda de manera integral y coordinada. Necesitamos un liderazgo sólido y creíble, que es fundamental para movilizar los esfuerzos necesarios y enfrentar el desafío de las economías ilegales de forma efectiva y sostenida, con una estrategia de país, multiactor y multinivel que convoque y comprometa a todos los estamentos de la sociedad y también a la cooperación internacional transfronteriza, porque las economías ilegales están presentes y en constante interacción con nuestros países vecinos y principales socios comerciales.

Fuente: Peru21