La semana pasada grupos de transportistas de Lima y Callao realizaron un paro por el aumento de extorsiones que ha ocasionado el asesinato de tres personas en la capital. Y esta semana, los anuncios de nuevas paralizaciones aún continúan.

Una vez más, el Gobierno de Dina Boluarte ha respondido con la declaración de un nuevo estado de emergencia en catorce distritos de Lima y Callao; pero como ha señalado OjoPúblico en anteriores reportajes, estas medidas no son una medida real para enfrentar el incremento de la violencia en las calles.

En esta entrevista, Nicolas Zevallos Trigoso, cuestiona las estrategias de seguridad pública del gobierno, especialmente para enfrentar la extorsión. El también director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología analizó, además, las repercusiones a corto y mediano plazo de la ley Nº 32108, que retira un listado de delitos vinculados a las organizaciones criminales y prohíbe el allanamiento sin la presencia del investigado y su abogado. “Este escenario de inseguridad es un caldo de cultivo para el autoritarismo”, advierte.