El Director Ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró preocupante el caso de los periodistas Fernando Valencia y Rafael León, el primero sentenciado por difamación y el segundo a punto de ser condenado por el mismo delito, no obstante que, en ambos casos, no han hecho sino ejercer su libertad para expresarse y brindar opinión.

Como se sabe, Valencia fue sentenciado a un año y 8 meses de prisión suspendida, bajo el cargo de haber publicado en una portada de Diario 16, publicación de la que era director en ese entonces, declaraciones del presidente del Perú, Ollanta Humala, en contra del ex mandatario Alan García.

En el caso de León, éste fue denunciado por escribir una columna de opinión en la revista Caretas, en la que comentó un artículo de la entonces editora del diario El Comercio, Martha Meier Miró, cuyo texto contenía fuertes críticas a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Al respecto, Walter Albán consideró que estos hechos tienen una transcendencia que va más allá de las personas afectadas, Valencia y León, toda vez que no solo se trata de la vulneración de sus derechos fundamentales, con el agravante de que se trata de profesionales del periodismo, sino porque, además, “nos encontramos una vez más ante la evidencia de una instrumentalización del Poder Judicial para impedir la crítica”.

“Resulta inaceptable que este tipo de utilización de un Poder del Estado, pueda finalmente afectar la democracia y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Por eso tenemos que reaccionar”, señaló en la última edición de La Voz de Proética.

“Más allá de impedir de que se consumen las condenas a estos periodistas, se trata de que nadie en el país tenga que encontrarse en riesgo de perder su libertad o patrimonio como consecuencia de expresar una opinión crítica”, agregó.

En ese sentido, Albán ser sumo al parecer de quienes vienen planteando la necesidad de revisar la vigencia de estos delitos de calumnia o difamación, ya que vienen siendo utilizados con mucha frecuencia para afectar derechos ciudadanos.

“Estos atropellos deben motivar una reacción ciudadana y las autoridades, en este caso el Congreso de la República, deben proceder para impedir que nuestra democracia se vea afectada por tan graves arbitrariedades y excesos de poder”, finalizó.