(Publicado por  EL PAÍS 20-04-2019)
La corrupción ya ha hecho temblar los cimientos del poder político en Perú, pero los responsables de las principales investigaciones están determinados a llegar hasta el final para garantizar la acción de la justicia.

Las repercusiones del caso Odebrecht, una gigantesca trama de sobornos millonarios tejida en América Latina por la constructora brasileña durante dos décadas, han sacudido al país y han reavivado la conciencia crítica de la sociedad. El escándalo llegó a acorralar a cuatro expresidentes. Alan García se suicidó el pasado miércoles minutos antes de ser detenido. La justicia impuso el viernes tres años de prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski. Alejandro Toledo huyó hace dos años. Ollanta Humala también ha pisado la cárcel. En este contexto trabaja el fiscal superior Rafael Vela Barba (Lima, 45 años). Desde agosto de 2018 es el coordinador del denominado Equipo Especial Lava Jato, el grupo de investigadores encargado de esclarecer las circunstancias de las contrataciones de Odebrecht en Perú.

Vela conversó con EL PAÍS por teléfono poco después de que el juez dictara la medida cautelar contra Kuczynski, quien está acusado de lavado de dinero. Fue juez de lo penal entre 2003 y 2011, consultor y profesor de Derecho Procesal. Habla con serenidad de las dificultades a las que se enfrentan las investigaciones y defiende la necesidad de las detenciones durante la fase de instrucción para facilitar las indagaciones de un caso. La próxima semana interrogará a Jorge Barata, antiguo director ejecutivo de la compañía brasileña en Perú.

- ¿Qué está pasando en Perú con el caso Odebrecht? ¿En qué fase está?

- Estamos en una fase ya de mayor madurez procesal, buscando medidas que aseguren que los fines de la investigación sean los que correspondan al procesamiento de la información que estamos recibiendo. A través de la actividad investigativa de los fiscales soportada y tal vez potenciada por herramientas procesales como la colaboración eficaz. Son mecanismos en los que a partir de asumir culpabilidad se acercan a la Administración de justicia para brindar toda la información que tienen sobre los delitos que puedan haber cometido y reciben en contraprestaciones beneficios premiales, o sea, premios por esa información.

Hemos culminado ya un convenio de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Con esa información entramos a esa mayor agresividad procesal. Porque ya tenemos información que puede superar los altos estándares que hay para las medidas coercitivas y que nos permite asegurar a los investigados lo necesario y hacer nuestro trabajo ya con una planificación estratégica.

El fiscal se refiere a la fuga de algunos investigados. "Hemos tenido experiencias acá en el país, hay varios casos, el de Alejandro Toledo, el de Hinostroza Pariachi, el caso del señor Félix Moreno... Hay muchos casos en los que, por diferentes razones, generalmente vinculadas a esta campaña agresiva que tenemos en contra de hacer un presunto mal uso de las herramientas procesales de aseguramiento como es la prisión preventiva o la detención preliminar, no puedan permitir que esa flexibilidad genere impunidad. Y eso es contra lo que nos encontramos".

Estas medidas, defiende, responden a los métodos de consecución de la información. "Estos casos son muy complejos y la información no es de fácil acceso, sino es completamente más bien clandestina u oculta, por eso necesitamos muchas veces negociar acuerdos de colaboración eficaz porque de otra manera no podríamos acceder a la prueba y eso significaría más bien por el contrario las defensas que son muy activas".

Vela hace hincapié en un paréntesis que considera clave, esto es, el pulso con los abogados. "No se olvide usted que estamos enfrentando no solamente a toda la clase política del país que está involucrada en hechos de lavado de activos y corrupción sino también propiamente a un fenómeno de espaldas financieras muy grandes en donde también las personas de alto perfil tienen mucho dinero para pagar defensas técnicas muy calificadas", sostiene.

"Nos estamos enfrentando sin excepción a todos los grandes estudios de abogados de Lima en materia penal. Es una pelea con todo lo que el dinero puede pagar, dinero que además muchas veces tiene una condición ilimitada en la medida de que la corrupción tiene grandes fondos. La abogacía es siempre una profesión que está vinculada al ejercicio del derecho, todos tienen derecho a la defensa y todos en este caso tienen defensa muy calificada", continúa.

A eso se añade el clima político. "Nosotros tenemos investigada a la lideresa de la mayor fuerza del Congreso, que es la señora [Keiko] Fujimori, teníamos investigado al señor García. Tenemos investigado al señor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, al señor Ollanta Humala Tasso, expresidente de la República, al señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, tenemos también a personas vinculadas a la política que están siendo también objeto de investigación. Es decir, la señora Susana Villarán, el señor Luis Castañeda Lossio [exalcaldes de Lima].

Para nosotros es un fenómeno muy complejo porque no solamente nos enfrentamos al poder del dinero para contratar defensas técnicas muy calificadas, sino también a la clase política del país que en este momento está presente".

- ¿Y estas circunstancias generan presiones?

- Absolutamente. Con un ejemplo se puede tratar de establecer una fotografía de lo que nosotros pasamos. El día 31 de diciembre, cerca de las nueve de la noche, la cabeza de nuestra institución, que es la Fiscalía de la Nación, dejó sin efecto nuestras designaciones en el equipo especial, tanto a mí, que soy el jefe del equipo, fiscal superior, como el doctor José Domingo Pérez, que es un componente muy representativo del equipo especial, fiscal provincial.

A partir de lo que entendemos era una injerencia de la política dentro de la institución. Dejaron sin efecto nuestras designaciones luego de una permanente hostilización que se desató a partir de que tomamos la decisión primero de detener preliminarmente y no solicitar una prisión preventiva, que no se suele conseguir por el poder judicial, contra la señora Fujimori. Tenemos presiones de ese tipo, presiones parlamentarias permanentes, porque los parlamentarios son los primeros que siempre nos atacan.

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Vela admite que la resolución sobre el arresto de Kuczynski, ingresado en una clínica, puede ser "controvertida".  "Sin embargo", prosigue, "es un asunto judicial que tiene que resolverse a partir de la defensa técnica que tiene el señor Kuczynski". "Vamos a una doble instancia, una instancia plural, donde hay un derecho de apelación y eso se resolverá ahí. Nosotros podemos ganar o perder, pero nos sometemos a la ley.

Sin embargo, si usted ve la televisión yo he contado hasta siete congresistas criticando la resolución judicial y más bien cuestionándola fuera del contexto de respeto de lo que es poder del Estado y una institución autónoma como es el Ministerio Público y muchas veces generando un comentario sin conocer el caso. Entonces vemos que es más una consigna política".

El equipo de investigadores, que lidia con 36 carpetas, está integrado por cuatro fiscales provinciales y un fiscal superior, apoyados por algunos adjuntos. El coordinador asegura que no hacen nada extraordinario más allá de su propio trabajo y lamenta la falta de recursos, aunque asegura que cuenta con el apoyo "en todos los sentidos" de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. "Tal vez sí somos un grupo especializado, pero bastante corto. Cuando hemos pedido más dinero por ejemplo para crecer porque tenemos un caso sumamente complejo nos han dicho que no hay dinero".

- Perú ha sido el país donde las investigaciones de Odebrecht han avanzado más. ¿Por qué?

- Tiene que haber gente calificada, pero fundamentalmente tiene que haber gente que tenga la mística para hacer un trabajo por el cual uno no gana más dinero que el que corresponde a su salario. Ha sido bien complejo el proceso de selección de las personas del equipo especial. También es verdad que, dentro de la propia institución, al tratarse de un caso de gran envergadura sometido a mucha presión y a muchas circunstancias y vicisitudes complejas, de interferencia política, muchos fiscales no se quieren comprometer.

Tiene que haber una tecnificación propia de enfrentarte a los mejores abogados que el dinero puede pagar. No sería tampoco una igualdad de armas si no tienes un fiscal que pueda enfrentarse con eficiencia y con preparación académica a un abogado que seguramente es muy bien calificado porque es el dinero el que puede pagar. En esa medida, a partir del factor humano que es un hecho básico, viene la estrategia procesal y creo que es lo que define finalmente también el avance de la investigación, que es una apertura a mecanismos alternativos como las colaboraciones eficaces.

- Parece, además, que existe una mayoría social que apoya una regeneración de la vida pública en Perú. ¿Es así?

- Quisiera añadir un aspecto medible. Cuando fuimos cesados por el doctor Chávarry, que era el fiscal de la Nación de ese momento que luego dio marcha atrás, la única razón más allá de la discusión legal de esto creo que fue por la fuerza de la presión pública respecto de la legitimidad del trabajo que nosotros hacemos. Por eso retrocedió.

- Anunció en marzo que estaba cerca la acusación del expresidente Humala, pero aún no la presentaron. ¿Por qué?

- Venimos pretendiendo acusar a Ollanta Humala desde octubre 2017, pero su defensa ha presentado muchos recursos que nos han obligado a litigar. En ese momento teníamos una estrategia y habíamos logrado hablar con Marcelo Bahía Odebrecht [antiguo responsable de la constructora], algo que ninguna fiscalía del mundo lo había podido hacer. Sucedió que contábamos que íbamos a tener la ayuda del anterior fiscal, Hamilton Castro, para obtener testimonios de otros tres ejecutivos, pero se empezaron a enrarecer las relaciones entre el fiscal Castro y el señor Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, y otros se negaron a declarar. Entonces hubo que renegociar con ellos en un nuevo acercamiento para que pudieran declarar.

“No es cierto que no queremos tocar a la exalcaldesa de Lima”

El fiscal Rafael Vela insiste, al final de la conversación, en hablar del caso de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. “Nos dicen siempre que somos selectivos y que no queremos tocarla, eso no es cierto. Probablemente sea el caso en el que más evidencia tenemos, porque tenemos información de las dos empresas brasileñas, OAS y Odebrecht, que contrataron con la Municipalidad de Lima durante su período y el del [siguiente] alcalde, Luis Castañeda.

Cuando heredamos el caso Lava Jato, heredamos el caso de la señora Villarán con una decisión judicial de comparecencia con restricciones e impedimento de salida y de otras personas. Recibimos una situación jurídica resuelta y para poderla variar, necesitamos nuevos presupuestos legales. Variar una medida de coerción es muy complicado".