LIMA | El último 17 de marzo, el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus que solicita se reestablezcan los efectos del indulto otorgado en diciembre de 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en favor del exdictador Alberto Fujimori.

Los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Miranda votaron en contra de concederle la gracia, mientras que José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero hicieron lo propio a favor. El voto dirimente de este último sirvió para que el fallo concluya a favor de excarcelar a Fujimori.

Días después, se dio a conocer la ponencia de Ernesto Blume, la cual fue duramente criticada por expertos y abogados en materia de derechos humanos a raíz de sus falencias y ausencia de fundamentos jurídicos. “Si la sentencia es como esta ponencia, los tres magistrados firmaron un mamotreto con el fin de liberar a Alberto Fujimori”, sostuvo Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA para asuntos de Perú y profesora de Ciencia Política.

Asimismo, criticó los motivos por los cuales se señala que el juez penal y la Corte Suprema no son competentes para evaluar el indulto y argumentó que no se menciona por qué serían subjetivas sus resoluciones sobre las irregularidades en la tramitación de la gracia presidencial.

“La resolución de la Corte Suprema que anula el indulto del 2017 sustenta los vicios que lo rodea, pero la ponencia de Blume los rechaza sin haberlos analizado, y simplemente dice que son subjetivos”, manifestó.

Ponencia de Ernesto Blume

En esa misma línea, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que defiende a familiares del caso Barrios Altos, evidenció que no se había hecho mención a que se trata de un caso de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como puntualizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Se nota que la han hecho para justificar la liberación de Fujimori, de manera absurda, inmotivada e inconstitucional, y sobre todo que transgrede la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, dijo anteriormente en conversación a los medios de comunicación.

A esta opinión se sumó Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), quien dijo que en la ponencia se menciona que no existe legitimidad por parte de las víctimas para presentar acciones en contra del indulto al exdictador.

“Incluso señala que las víctimas no tienen legitimidad para presentar una acción de convencionalidad sobre el indulto porque ya se dio una condena, pero no es así, pues existe jurisprudencia del sistema de derechos humanos con respecto al derecho de participación de las víctimas”, mencionó.

Corte IDH podría resolver aun sin recibir información del Estado peruano

Al no haberse publicado de manera oficial el documento, la Procuraduría Supranacional no pudo remitir la sentencia de habeas corpus que libera al exdictador Alberto Fujimori a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, solo se remitiría un informe parcial con el compromiso de enviar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) una vez esté lista.

A pesar de que de manera extraoficial ha trascendido que la fecha en que el TC emitirá la sentencia en favor de Fujimori sería el lunes 28 de marzo, en el Ministerio de Justicia se considera que la Corte IDH podría tomar una decisión sobre la liberación del exdictador incluso sin tener una respuesta completa del Estado peruano.

Fuentes señalan que es bastante probable que la Corte IDH convoque a una audiencia en la que se escucharía a los representantes tanto de las víctimas como del Estado. Asimismo, el órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha hecho público que el miércoles 6 de abril realizará una audiencia de cumplimiento de la sentencia del caso Barrios Altos, referida al cumplimiento de reparaciones. Se presume que en esa misma audiencia se vea el tema del habeas corpus y el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski.

Fuente: La Republica