En cumplimiento de sus atribuciones, la Contraloría General de la República realiza la verificación de la legalidad de los nombramientos de funcionarios y servidores en toda la administración pública.

Como en el 2019 con el operativo “Designación de funcionarios en cargos de confianza en gobiernos regionales y locales”, al inicio de la gestión de nuevas autoridades, corresponde también efectuar la fiscalización de la legalidad de los nombramientos y/o designaciones que se realicen durante la transferencia del gobierno en curso.

Desde julio de 2021 están vigentes las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa para los casos de incumplimiento de la normatividad vigente, que puedan conllevar a responsabilidades y a eventuales sanciones de suspensión o inhabilitación de la función pública.

Es responsabilidad de las autoridades competentes velar por el cumplimiento de los perfiles de puesto observando el marco legal, los documentos de gestión de la entidad y los lineamientos de SERVIR, para garantizar el correcto desempeño de la administración pública y la provisión adecuada de servicios públicos a la ciudadanía.