LA PAZ - Bolivia ha vivido una década dorada de expansión económica durante la presidencia de Evo Morales, que este viernes cumple diez años al frente del país, en los que además se ha logrado una disminución significativa de la pobreza extrema y se ha avanzado en la erradicación del hambre. Sin embargo, no se han resuelto muchas de las carencias existentes en aspectos como la sanidad o la violencia machista y ya se empiezan a atisbar los nubarrones que supone la caída de los precios del petróleo y el gas, que proporcionan gran parte de los ingresos bolivianos.

Desde que asumió el poder el 22 de enero del 2006, Morales puso en marcha una serie de reformas para desmontar el modelo "neoliberal", hacer del Estado un actor central de la economía e impulsar la industrialización del país, uno de los sueños más extendidos en Bolivia, pero que no termina de nacer.

Con una nueva política económica, bautizada como "Modelo Económico Social Comunitario Productivo", Bolivia consiguió un crecimiento medio del 5,1 % entre 2006 y 2014, convirtiéndose en una de las economías más pujantes del continente.

En ese mismo período la extrema pobreza (menos de un dólar de ingreso diario) se redujo del 38,2 % al 17 % y el objetivo ahora es bajar al 9,5 % para el 2020 y colocarla en cero hacia el 2025, cuando Bolivia cumpla 200 años como país independiente.

Los resultados de esa década sorprenden a propios y extraños si se comparan con los periodos previos, en los que Bolivia siempre registró los peores desempeños económicos regionales, en medio de agudas crisis políticas y sociales. En ese sentido, ha sido clave la continuidad del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, que acompaña al presidente Morales en el mismo cargo desde hace diez años.

Varios simpatizantes indígenas de Evo Morales asisten a la ceremonia de conmemoración de los diez años de su presidencia en Tiahuanaco Varios simpatizantes indígenas de Evo Morales asisten a la ceremonia de conmemoración de los diez años de su presidencia en Tiahuanaco

Los problemas sociales persisten

Esa década económica dorada, sin embargo, cojea en avances sociales, con un estado de derecho minado por la crisis de la Justicia, los altos índices de violencia machista y contra la infancia, el legalizado trabajo infantil y la deficiente sanidad.

Una de las principales promesas de Morales cuando llegó al poder fue la de mejorar la vida de los bolivianos más desfavorecidos, los débiles, los más pobres en el entonces país más pobre, pero aunque ha logrado avances importantes en la erradicación del hambre, otros indicadores del bienestar social siguen bajo mínimos.

Así lo ha denunciado el defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien en los últimos años ha aumentado la intensidad de sus críticas hacia Morales y su Gobierno, al considerar que el estado de derecho y los derechos humanos han sufrido un retroceso en el país andino.

La violencia contra las mujeres y la infancia es uno de los asuntos de los que no puede presumir el Gobierno boliviano. Bolivia es, según datos de la ONU, el país latinoamericano con mayores índices de violencia machista, y aunque fue este Gobierno el que por fin aprobó una ley,-pospuesta por años, para tratar de frenar esta lacra, de momento los resultados son escasos.

Al menos 107 bolivianas, según el Defensor del Pueblo, fueron asesinadas el año pasado (en España, con una población cuatro veces mayor, fueron la mitad: al menos 56) y el 80 % de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia que también se hace extensiva a los menores y que en muchos casos se produce dentro del hogar. Con la nueva ley han aumentado las denuncias, pero no se ha logrado el pretendido efecto disuasorio.

Una mujer en un puesto de miniaturas de La Paz Una mujer en un puesto de miniaturas de La Paz

Una justicia debilitada

Este asunto se entrelaza con otro de los problemas más acuciantes que enfrenta Bolivia, el de una Justicia gravemente debilitada por la corrupción, la falta de medios y la más absoluta falta de confianza por parte de la población. Reiterados escándalos, con grabaciones en vídeo incluidas, involucran a jueces y fiscales, el propio Gobierno ha tachado de "vergüenza" al poder judicial y la lentitud de los procesos ha desembocado en cárceles hacinadas en las que la mayor parte de los reos no tiene sentencia firme.

La ineficacia del sistema se refleja también en el aumento de los linchamientos, en los que las turbas toman la justicia por su mano alegando que actúan bajo la justicia indígena originaria, que aunque está reconocida en la Constitución (2009) al mismo nivel que la Justicia ordinaria, sin embargo no ampara el castigo físico y menos las ejecuciones.

A Morales también le han costado críticas algunas desmesuradas inversiones en temas sin una repercusión directa en el bienestar de la población. Entre esos proyectos, el lanzamiento de un satélite (300 millones de dólares, más de 275 millones de euros), la construcción de un museo dedicado a la "revolución" en el apartado pueblo natal del mandatario o el empeño del presidente en ofrecer su país como sede de cumbres del más diverso signo, sin reparar en gastos.

Los abundantes recursos destinados a esas iniciativas contrastan con la precaria situación de los hospitales públicos bolivianos, donde los niños con cáncer se ven obligados a costearse el tratamiento con iniciativas como la venta de tarjetas navideñas pintadas por ellos mismos.

Bajo el Gobierno de Morales, también tuvo lugar, en 2014, la legalización del trabajo infantil, una decisión que levantó ampollas entre organizaciones de derechos humanos pero que los niños trabajadores, y más aún sus familiares, aplaudieron. En Bolivia trabajan unos 850.000 menores, algunos en sectores de especial dureza como la minería, la agricultura y la venta callejera, sin que esta situación tenga visos de mejorar a corto plazo.

Inversión contra los nubarrones del horizonte

Lo más preocupante, en cualquier caso, es la perspectiva de futuro ante el descenso de los precios de las materias primas y, en particular, de los productos energéticos. Casi todos los análisis coinciden en que el origen del "milagro boliviano" está en el fuerte tirón que le dieron a su economía los altos precios de esos productos, en concreto el gas natural, que es exportado a los mercados de Brasil y Argentina.

Entre los años 2006 y 2014 los ingresos por la renta petrolera sumaron alrededor de 28.000 millones de dólares (unos 26.000 millones de euros), casi cuatro veces la cifra global del Producto Interior Bruto (PIB) anterior al 2005. La bonanza del período permitió el crecimiento del PIB anual hasta alrededor de los 32.000 millones de dólares (29.500 millones de euros), para un país con una población de poco más de diez millones de habitantes, pero cuya población económicamente activa es mayoritariamente informal.

Sin embargo, el fin del ciclo mundial de los precios altos del petróleo, a los que se indexan los del gas natural, plantea nubarrones en el horizonte para el Gobierno porque en 2015 comenzaron a mermar los ingresos provenientes de la energía. En 2015, la renta petrolera sumó 3.500 millones de dólares (unos 3.225 millones de euros), un 35 % menos que en 2014, y la situación puede agravarse este año porque el precio del petróleo sigue a la baja. El precio del gas natural boliviano se sitúa hoy en cerca de cinco dólares por millón Unidades Térmicas Británicas (BTU), la mitad de lo que percibía Bolivia antes del desplome de los precios.

Morales ha anunciado que pedirá ayuda a expertos "amigos" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica Para América Latina (Cepal) y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, para planificar cómo enfrentar esa rebaja del precio de los productos energéticos, pero la situación también plantea interrogantes sobre la situación financiera y el tamaño de las petroleras nacionalizadas.

De momento, la producción no ha logrado diversificarse y las exportaciones de gas y de minerales representan el 80 % de todas las ventas nacionales anuales; los sueños de la industrialización del hierro y la petroquímica tampoco han dado sus primeros frutos. Como respuesta a la crisis y como apuesta de futuro, Morales presentó en diciembre un plan de inversión estatal de 48.574 millones de dólares (casi 45.000 millones de euros) hasta el 2020, con el objetivo de que el PIB crezca hasta los 55.000 millones de dólares (más de 50.000 millones de euros).

Fuente: RTVE