La designación del ex secretario general del MTC en reemplazo del ministro Silva es una nueva afrenta a la institucionalidad del ministerio y del país.

En poco más de medio año de gestión, la administración del presidente Pedro Castillo ha incurrido en no pocos errores repetidos. Entre todos ellos, su incapacidad crónica –o llana renuencia– para nombrar a personas probas y experimentadas en puestos claves del sector público ha sido la constante más grave.

La falta de voluntad del mandatario para enmendar malas decisiones en este aspecto ha quedado firmemente demostrada con el reemplazo del saliente titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Francisco Silva. Este viernes, juró al frente del sector Nicolás Bustamante Coronado, nada menos que el secretario general de la misma entidad y persona de confianza de Silva.

Nicolás Bustamante Coronado, ministro del MTC.

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La forma y fondo de la elección de quien deberá liderar el ministerio con el mayor presupuesto para inversión del Estado –S/9.306 millones en el 2022– son una afrenta y una burla para la institucionalidad del Perú. En primer lugar, es inconcebible el tiempo que le tomó al presidente Castillo tomar la decisión de separar a Silva. El exministro carecía de experiencia en el sector más allá de estar ligado a organizaciones de transportistas informales –a quienes les abrió las puertas del ministerio–, hizo todo lo que pudo para desmantelar las incipientes reformas que empujaba el MTC y forzó la salida del personal capacitado para reemplazarlo por allegados sin calificaciones ni escrúpulos, según relató la renunciante viceministra de Transportes, Fabiola Caballero.

Más relevante aún, Silva tuvo un lugar protagónico en las declaraciones de Karelim López, lobbista convertida en aspirante a colaboradora eficaz, quien lo vincula con una mafia que habría tomado el MTC para repartirse obras públicas. A pesar de todo, el mandatario mantuvo a Silva a su lado desde el primer Gabinete de Guido Bellido, y solo lo separó cuando su situación era ya políticamente insostenible.

En segundo lugar, y como ya es habitual en el actual gobierno, el ministro Bustamante no registra experiencia relevante para el puesto. Según su declaración jurada, antes de entrar al MTC como director de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción en agosto del año pasado, Bustamante fue analista legal de la Municipalidad de Miraflores. Previo a ello, desempeñó cargos similares en las municipalidades del distrito de Lajas y de la provincia de Cutervo, ambos en Cajamarca. El ministro Bustamante, lógicamente, es también natural de Chota.

En tercer lugar, y lo más grave, es que el nuevo ministro parece garantizar que la misma cultura de informalidad, compadrazgo y corrupción permanecerá inalterable en el MTC. Bustamante, quien también ha estado en el MTC desde inicios de este gobierno respaldado por Silva, sería apenas la extensión de este último. El presidente Castillo y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, optaron por un cambio de personas que significa que no están dispuestos a hacer modificaciones de fondo, que no han sacado ninguna lección de los últimos meses y que no son conscientes del futuro político y legal que les espera al final de esta corta ruta.

El nombramiento de Bustamante, en suma, es una falta de respeto para la institucionalidad del MTC y para el país, pero esto –sabemos ya– no es nada nuevo en el gobierno. Es apenas la reconfirmación de que el presidente no quiere o no puede actuar como el líder que la nación necesita, y que el Congreso debe –más temprano que tarde– tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde.

Fuente: Editorial de El Comercio