El Ministerio Público a través de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa, logró que se ratifique la prisión preventiva contra Elmer Cáceres Llica por presuntamente liderar una organización criminal, y se amplíe el plazo de duración de la medida coercitiva de 24 a 36 meses.

En el mismo sentido para la consejera Jeymi Natividad Flores Quicana; los exfuncionarios: Marcelo Córdova Monroy y Napoleón Segundo Ocsa Flores, y el dirigente Mario Jacobo Jacobo, que continuarán en prisión. Adicionalmente, se ratificó la comparecencia con restricciones para el funcionario Wilfredo Llaiqui Cáceres y el pago de la caución por 50 mil soles.

Entre tanto, en el caso del consejero regional Ronal Veto Bernal Huarca y el exfuncionario Gregorio Palma Figueroa, la prisión preventiva se revocó por una comparecencia restringida, y el pago de una caución de 60 mil soles, por disposición de la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial.

La sustentación en apelación de parte del Ministerio Público estuvo a cargo de la fiscal superior María del Rosario Lozada Sotomayor y los fiscales adjuntos al superior, Carlos Alberto Herrera Mogrovejo y Katerine Salazar Calderón Samalvides.

La investigación del caso está a cargo del fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva, que se encargará de las distintas diligencias a realizarse, como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, secretos bancarios y el secreto bursátil; adicionalmente las pericias de análisis digital forense en equipos y celulares incautados, homologación de voces, pericias grafotécnicas, entre otras.

Según la hipótesis fiscal, la autoridad regional habría captado a algunos consejeros regionales, a fin de que no lo fiscalicen y blinden a los funcionarios de su confianza ante los pedidos de interpelación que se presentaban en el Consejo Regional; a cambio de este apoyo, el gobernador había realizado ofrecimientos y entrega de dádivas, terrenos y obras a los consejeros regionales supuestamente captados, por intermedio de diferentes funcionarios o servidores públicos.

Para la entrega de terrenos se habría pactado con dirigentes de la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas, Asociación de Productores Sol Radiante de Majes y Asociación Cuatro de Diciembre de Caravelí, por intermedio de testaferros, identificados por la Fiscalía.