Este comportamiento archiconocido suscita la codicia en cualquier honesto funcionario siempre con el interés de ganarse la vida fácil y con buena plata en el bolsillo. La tentación es grande porque el control se compra también fácil.

Ayer domingo, un reportaje emitido por el programa Punto Final reveló la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, en un caso denominado como “El Club del Tarot”, en el cual una empresa supuestamente brindaba un servicio ilegal que consistía en informar a una empresa cliente sobre las ofertas presentadas por sus competidores en los concursos del Estado, a fin de poder presentar una mejor oferta y ganar la concesión.

Según se dio a conocer en el informe periodístico, en esta trama estarían involucrados como agentes clave una persona de carácter privado y otra que se encontraría al interior del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), mediante los cuales se habrían obtenido las propuestas de concursantes a contratos públicos a fin de favorecer a sus competidores, esto al menos durante los durante los últimos dos años.

Ante el conocimiento de esta situación, la entidad supervisora estatal salió al frente y se pronunció al respecto, manifestando a través de un comunicado su rechazo a las acciones cometidas en contra de la ley, así como su disposición a colaborar con las autoridades para el inicio de las investigaciones pertinentes.

“El OSCE oficiará a la Fiscalía Anticorrupción y a la Procuraduría General del Estado, a fin de solicitar se impulsen las investigaciones destinadas para identificar a los responsables y sean sancionados conforme a la ley”, se señaló en el documento emitido por el órgano supervisor.

Por su parte, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) anunció que se iniciará un proceso de investigación interno “de manera inmediata”, a fin de verificar los hechos revelados en el citado reportaje y corroborar las situaciones irregulares que su hubieran presentado al interior de la entidad.

¿Cómo se dieron las supuestas irregularidades?

Un punto crucial señalado por el informante clave ante la Procuraduría Anticorrupción es que los datos de las ofertas concursales eran obtenidos por medio de contactos, información que era ofrecida a otros consorcios empresariales a través de un servicio ilegal informático llamado Tarot, cuyo costo podía elevar hasta un monto de 30 mil dólares americanos por consulta.

Cabe mencionar que, en lo que respecta a concursos públicos, el factor determinante para obtenerlos está relacionado al precio ofrecido por los grupos interesados. En este caso, según se establece en las bases, quienes oferten el menor precio serán los beneficiados.

En este sentido, con la intervención de Tarot, los empresarios que tuvieran por objetivo hacerse de un concurso en particular podían conocer este detalle en particular de sus competidores. De este modo, podían obtener una ventaja irregular sobre los mismos al conocer los detalles de su oferta. Esto les permitiría ofrecer ante el Estado una propuesta más atractiva y, en consecuencia, ganar la adjudicación de la obra de interés.