Los hechos materia de esta investigación se circunscriben a la presunta petición por parte de Susana María del Carmen Villarán de la Puente (entonces alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima) y Jose Miguel Castro Gutierrez (entonces Gerente Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima) de dinero de procedencia ilícita a las empresas Odebrecht y OAS por las sumas de US$3´000,000 y US$1´000,000 respectivamente; a efectos de financiar la campaña de la No Revocatoria de la alcaldesa.

La petición del dinero se habría efectuado en el primer trimestre del 2013, cuando Susana Villarán y Jose Miguel Castro eran funcionarios. Precisamente, en dichas épocas, se suscribieron tanto el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima como la Adenda N° 01 del Proyecto Línea Amarilla, las cuales beneficiaron a las empresas brasileñas.

Así, se tiene como tesis de investigación que ambos investigados con la finalidad de continuar en el poder, habrían hipotecado su voluntad a favor de las empresas brasileñas. A cambio de ello habrían recibido dinero para poder financiar la campaña por la No Revocatoria, siendo que para poder camuflar los dineros ilícitos e ingresarlos al ámbito económico nacional, habría consignado en la información presentada ante la ONPE, datos de aportantes falsos.

Asimismo, requirió prisión preventiva por el mismo plazo para Gabriel Prado Ramos, Luís Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, César Simón Meiggs Rojas y Óscar Ricardo Vidaurreta Yzaga.

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 10 de mayo de 2019

En principio José Miguel Castro había pedido 6 millones

De acuerdo a un documento publicado por Panorama, entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de José Miguel Castro Gutiérrez solicitó a las empresas Odebrecht y OAS, dinero para financiar la campaña por la no revocatoria. El aporte fue US$ 3 millones por parte de Odebrecht y US$ 3 millones por parte de OAS.


Video de archivo sobre José  Miguel Castro y el caso de la Caja Metropolitana