Pedro Castillo enfrenta su primera acusación penal. La fiscalía presentó su requerimiento contra el expresidente por su fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022 y solicitó al Poder Judicial (PJ) que lo condene a 34 años en prisión.
 

Para el Ministerio Público, el exmandatario debe ser declarado culpable de tres delitos: rebelión (por el que piden 25 años), abuso de autoridad (tres años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (seis años). De allí resultan los 34 años solicitados como pena concreta.

El expresidente no es el único acusado. En el mismo requerimiento, la fiscalía solicita 25 años de prisión para tres de sus ministros al momento del golpe: Betssy Chávez (presidenta del Consejo de Ministros), Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), quien también es congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
 

En cuanto a Aníbal Torres, asesor de Betssy Chávez y su antecesor como titular del Consejo de Ministros, se piden 15 años. El penalista Andy Carrión estimó que la diferencia en la pena que se solicita contra este acusado se debe a su edad: 81 años.

“Ese es uno de los elementos al momento de modular la pena a solicitar. El ser adulto mayor juega un rol determinante en este aspecto”, dijo a El Comercio. Además, consideró que los 25 años solicitados para Castillo por rebelión pudieron “absorber” las penas por los otros delitos, en lugar de sumarse. “Las penas del resto sí están bien valoradas”, opinó.
 

Eduardo Pachas, defensor legal de Castillo, declaró a este Diario que “lo acusado es un imposible jurídico”. “Mi patrocinado es inocente”, afirmó el abogado.

Finalmente, se piden 25 años para tres oficiales de la policía que, según la fiscalía, siguieron las órdenes del golpe: Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.

Robeto Sánchez, Betssy Sánchez y Willy Huerta, quienes eran ministros al momento del golpe, también están acusados.
 

Solo al expresidente le atribuyen tres delitos. A los otros siete se les imputa únicamente rebelión.

La acusación incluye una solicitud para que Pedro Castillo sea inhabilitado por tres años y seis meses: dos años y seis meses por rebelión y un año por abuso de autoridad. Para los otros siete se pide inhabilitación por dos años y seis meses.

Lo que viene

La indagación a Pedro Castillo comenzó el mismo 7 de diciembre, con su detención en flagrancia. Inicialmente, fue conducida por el despacho de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Seis días después, la investigación se formalizó y se asignó a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios, dirigida por el fiscal Uriel Terán.

Uriel Terán cerró la indagación el 14 de diciembre del 2023. Durante esa etapa, la tesis fiscal fue que los procesados fueron parte del acuerdo para disolver ilegalmente el Congreso, intervenir las instituciones del sistema de justicia y gobernar por decreto. Todo esto llamando al apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas, aprovechando que Pedro Castillo, como presidente, era el jefe supremo de ambas.

El avance del caso depende ahora del despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley.
 

El 16 de diciembre, Uriel Terán fue cesado y reemplazado por el fiscal Alcides Chinchay. Esto fue parte de los cambios hechos por el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, tras la caída de Patricia Benavides. Sin embargo, tal como informó El Comercio por esos días, Terán firmó la acusación contra Pedro Castillo antes de dejar su despacho.

A pesar de ello, la acusación todavía debía procesare al interior del Ministerio Público antes de ser presentada ante el Poder Judicial. Ese trámite siguió ya con Alcides Chinchay al frente del despacho, hasta que el requerimiento se presentó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que dirige el juez Juan Carlos Checkley.

El juez Juan Carlos Checkley deberá notificar la acusación a las defensas y a la Procuraduría General del Estado (PGE) y darles un plazo para presentar sus observaciones. En ese plazo, la PGE podrá presentar su pedido de reparación civil, estimada preliminarmente en más de S/ 67 millones; mientras que las defensas podrán remitir sus recursos para que la acusación se archive en esta etapa intermedia, sin que llege a juicio

Luego, el magistrado deberá convocará a audiencias de control de acusación para definir si el caso va a juicio. Allí, la fiscalía deberá sustentar su acusación y se evaluarán todas la observaciones y recursos de las defensas. Si el juez rechaza los recursos de los abogados, el juez pasará a analizar qué pruebas se usarán en el juicio. Todo culminará con la emisión del auto de enjuiciamiento, donde se ordena formalmente que la acusación vaya a a juzgamiento. Así, la velocidad con la que esta acusación llegue a una sentencia dependerá del Poder Judicial.

Articulo publicado inicialmente en El Comercio