Walter Albán analiza en las siguientes líneas el estado actual de la crisis política y apunta que la ciudadanía va a tener que asumir la importancia del adelanto de las elecciones generales como una salida. También evalúa el desempeño de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la débil reacción de la Junta Nacional de Justicia.

—Se ha conocido ahora (vía Centro Líber) que los vuelos en el avión presidencial tampoco eran manejados en forma transparente. ¿Qué tanto agrava esto la situación del mandatario Pedro Castillo?

—Yo creo que esto lo perjudica bastante, porque pone en evidencia que no hay ninguna transparencia, tampoco un criterio prudente en sus decisiones. Nadie puede aprovecharse del Estado para hacer lo que le dé la gana. Esto complica más (a Castillo), porque aparece gente que está involucrada en las investigaciones por corrupción y aparece como parte de los acompañantes frecuentes. Esto pone las cosas en otro nivel. Hay una situación extraña de un nombre idéntico a alguien que ya estaba bajo persecución de la justicia, parece una burla.

—Y no hay una respuesta contundente y clara del Gobierno sobre esto último.

—Hace horas debieron haber explicado qué pasó, quiénes estuvieron, de quién se trata en el caso de esta persona, si hubo suplantación. La única respuesta que hubo es que es una patraña, ¿patraña de quién?, ¿de su propio entorno? Creo que hemos llegado a punto límite y no es posible que se pretenda gobernar el país de esta manera.

—El Congreso tampoco ha dado señales de firmeza en sus funciones de control frente a esto y otros tantos hechos del Ejecutivo. ¿Cómo califica este accionar del Congreso?

—Yo lo calificaría, en términos generales, como errático, altamente sospechoso y muy ineficiente. En realidad, todo esto comenzó cuando le dieron el respaldo al gabinete de (Guido) Bellido. Desde ese primer momento tocaba dar la señal clara al presidente de que no podía nombrar ministro de Estado a cualquier persona. También han mantenido en el gabinete a alguien que ha violado la ley una y otra vez, y ha salido a confrontarlos, como es el señor (Aníbal) Torres, y han mantenido a (Juan) Silva, que nunca llegó a ser censurado, y mantuvieron por buen tiempo al que fue ministro de Vivienda (Geiner Alvarado). Todo esto le dice al señor Castillo que puede hacer lo que quiere, porque no hay un Congreso capaz de ejercer control.

—¿El Congreso debió haber censurado al ministro del Interior, Willy Huerta?

—El ministro (Huerta) llega al cargo y lo primero que hace es descabezar a la Policía y manosear toda la institución policial. Luego trae a gente cuestionada para ponerlos al servicio de los intereses del presidente y tratar de frenar las investigaciones que hace el Ministerio Público. La reacción democrática mínima debió ser la censura. Si no hacen eso desde el Congreso de la República es porque están abdicando en sus funciones.

—Frente a esta situación de inacción y hasta complicidad tácita del Congreso, una alternativa planteada era el adelanto de las elecciones generales. Sin embargo, el respaldo ha decaído. ¿Cómo evalúa usted el tema en este estadio?

—Yo creo que ha perdido el mismo empuje, en parte porque desde la escena oficial y todos los sectores ha habido una reacción en contra. Creo que esa falta de liderazgo, porque no hay quien pueda levantar esa bandera con la legitimidad y con todo el respaldo que debiera merecer, produce, ciertamente, un momento de desconcierto; pero estoy convencido de que pasada esta etapa, la ciudadanía va a asumir que si no es ella misma la que se moviliza, no hay forma de llegar a una salida ante este escenario de crisis.

—Un tema que surgió sobre la marcha, y hasta fue usado como pretexto desde el Congreso, es que no se puede convocar a elecciones generales si antes no se realizan reformas previas.

—A todos nos parecería ideal llevar adelante una reforma política previa, pero me temo que eso puede dividir y darle el pretexto, efectivamente, al Congreso para armar discusiones interminables. Yo estaría dispuesto a decir que no haya esas reformas y podamos ir ya por el adelanto de elecciones generales. Lo único que sí puede ser exigible es el desarrollo de la norma constitucional para que ningún delincuente pueda postular a cargo público.

—Hemos revisado el desempeño del Ejecutivo y el Congreso, pero dentro del sistema de justicia también hay cuestionamientos serios contra la fiscal de la Nación (Patricia Benavides).

—Yo creo que esa señora (Patricia Benavides) es indigna del cargo y desacredita todo el buen trabajo que ha hecho el Ministerio Público.

—¿Cuáles son los hechos que debilitan su presencia en el cargo?

—La fiscal de la Nación se desautorizó sola el día en que se inmiscuyó en modificar las condiciones en que estaba siendo investigada su hermana. Ahí cometió una falta ética inaceptable e irreparable. Ella no tenía autoridad moral para hacer eso. Es más, le mintió al país. Dijo ante la Junta Nacional de Justicia que no tomaría injerencia y, bueno, ya lo hizo. Y mintió una segunda vez cuando usó en forma equivocada el reporte de productividad de la fiscal (Bersabeth) Revilla.

—¿Todo esto debería merituar un análisis y una respuesta de la JNJ?

—Creo que la JNJ debería rectificar el camino porque ha hecho muy mal, tanto en la designación de esta persona y en mantenerse de brazos cruzados frente a hechos como la designación del fiscal a cargo del sistema de control dentro del Ministerio Público (Juan Fernández), quien tenía cuestionamientos porque había despachado con el fiscal Peláez Bardales y tenía denuncias muy serias y que no han sido bien investigadas.

Entrevista publicado inicilamente en La Republica