Por: Fernando Rospigliosi - Blogero

El gobierno reaccionó erróneamente luego de la matanza en un centro comercial de Independencia proponiendo medidas no solo absurdas, que no detendrán la delincuencia, sino algunas muy amenazadoras para los usuarios legales de armas.

>>>>>>>Leer también: La epidemia del miedo y temor en las ciudades

Entre las disposiciones desatinadas está la de colocar arcos detectores de metales en los centros comerciales. Eso solo ocasionaría gigantescas congestiones y molestias para los visitantes en las horas de mayor afluencia, además de aumentar los costos, que se cargarían sobre los consumidores. Y no serviría para nada. En el supuesto negado que esa disposición funcionara, un desquiciado podría ir a un cine, a un paradero de transporte público, a un restaurante, a una iglesia o subir a un ómnibus y atacar. ¿También pondrán arcos detectores en esos lugares?

Pero hay algo muy alarmante. Según el Ministerio del Interior, “se ha ordenado distribuir en las comisarías las listas de las personas que se encuentran con sus permisos de portar armas de fuego ya vencidos, con la finalidad de que la Policía pueda tomar acción e ir a verificar esta información y, de ser el caso, decomisar el armamento.”

Es decir, van a hacer lo que se habían comprometido pública y reiteradamente a no hacer: tratar a los usuarios legales con licencias vencidas igual que los delincuentes que tienen armas ilegales (robadas, contrabandaeadas, etc.).

Entregar a las comisarías la relación de los usuarios legales es peligrosísimo

En primer lugar, posiblemente ocasionará que algunos policías se dediquen a extorsionar a usuarios legales con licencia vencida, amenazándolos con decomisar el arma o aplicarle la ley de armas ilegales con penas altísimas de cárcel (cosa que, reitero, se habían comprometido a no hacer y que ahora están anunciando que harán).

En segundo lugar, peor todavía, algunos policías en comisarías podrían vender esa relación de usuarios legales de armas a delincuentes para que roben las armas en esas casas.

En síntesis, no resolverán nada y agravarán las cosas pues los delincuentes podrían tener más armas para sus fechorías. Los grandes perjudicados, además de la sociedad entera: los usuarios legales de armas, los que compraron un arma en una tienda y obtuvieron una licencia. Un incentivo más para la informalidad, de parte de un gobierno que dice querer reducirla.

Por último, cabe mencionar que todavía no se modifica el ilegal reglamento de armas dictado por el anterior gobierno en julio del año pasado. Ojalá que, asustados por la temporal reacción mediática ante los sucesos de Independencia, no lo empeoren.

Fuente: Blog huevosdeesturion.blogspot.pe)