Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

El comercio electrónico, telesalud, educación virtual y el teletrabajo se ven frustrados por la pobreza tecnológica: más del 61% de los hogares peruanos no están conectados a Internet, y en el área rural el problema es más agudo, si se tiene en cuenta que solo   seis de cada 100 hogares cuentan con dicho servicio.

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Las más de 496 mil trabajadoras del hogar siguen expuestas a que sus derechos sean vulnerados con ocasión de la presente pandemia; el gobierno no ha tomado las medidas respectivas para garantizar sus derechos y evitar abusos por parte de los empleadores/as. Las medidas implementadas a través del Decreto Legislativo 1499 no ha considerado este gremio.

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Como si fuera poco lo anterior, el Congreso de la República sigue sin aprobar una nueva Ley que se adecúe al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que les permita gozar de los mismos derechos de los trabajadores del sector privado (vacaciones, CTS, protección frente a despidos arbitrarios, etc.).

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Otro sector ignorado por el gobierno nacional en esta emergencia son las seis mil familias pobres de la región Huancavelica, que dependen de la crianza de camélidos y de la producción de fibra, cuya temporada de venta es entre marzo y junio. Una solución propuesta es que el Estado les compre la producción a esas familias, que sin embargo se ven perjudicadas por la disminución en su precio, la ausencia de servicios de telecomunicaciones en esas alturas y que la mayoría de los pastores siguen sin acceder a los bonos estatales. La fibra es el producto más valorado de los  derivados de la alpaca (carne, lana y pieles). En el Perú esta actividad es desarrollada principalmente por mujeres.

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Tampoco el gobierno nacional ha considerado a las comunidades nativas en el padrón de beneficiados del Bono de 380 soles “dejándolas abandonadas a su suerte”, indicó la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes (Fenamad). Los pueblos indígenas de igual manera carecen de recursos para subsistir estos días que vienen.

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En esta emergencia los pliegos de peticiones de los trabajadores al gobierno se resumen en prohibir los despidos, suspender los aportes a las AFP e incluir a las trabajadoras del hogar, autoempleados y jubilados al bono de 380 soles.

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El decreto legislativo 1186 de 2015 contempla que la Policía Nacional y las fuerzas armadas sólo deben utilizar la fuerza en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional. En este tiempo de confinamiento de manera silenciosa el Congreso de la República aprobó la Ley de Protección Policial (Nº 31102), que pretende abolir es principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.

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Un millón de nuevos puestos de trabajo se crearán con la de reapertura de actividades iniciada de forma gradual, lo que permitirá generar esos  empleos en la pequeña, mediana y gran empresa; reactivar las grandes obras de infraestructura; mejorar la inversión pública y privada y crear oportunidades para los ciudadanos.

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En diferentes regiones del país en lo que resta del año, se empezarán a ejecutar siete drenajes pluviales y tratamiento de 7 ríos y 5 quebradas, se construirán   15 hospitales y 74 Colegios, uno de ellos en Huancavelica. En dichas obras se invertirán 7 mil millones de soles.

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Las exportaciones en los primeros meses de 2020 sumaron US$ 9.201 millones, cifra 16% menor a similar periodo del año anterior. Los sectores más afectados son joyería, pesca tradicional, petróleo y gas natural, pesca no tradicional y pieles y cueros.

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La CGTP (La Confederación General de Trabajadores del Perú) y el IESI realizarán el 26 de junio a las 7.00 pm el seminario virtual sobre decreto legislativo 1505 sobre medidas en materia de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria COVID-19.

@luforero4