Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

En este país son frecuentes las escenas de un adulto mayor viviendo en un remolque, del cierre de  comedores populares, de ausencia de estos en la mayoría de distritos; de  noticias de los medios de comunicación sobre el aumento de los casos de violencia contra la mujer, niños y adolescentes, la paradoja que las mujeres estén más seguras en la calle que en casa; el olvido en que se encuentra la población rural más vulnerable; igualmente la población en condición de discapacidad; las empleadas del hogar siguen en el eterno engaño de su formalización laboral; en fin, la falta de una acción estatal real sistemática  en estas materias tan sensibles.

El tema de dichos grupos lo atienden a veces presentándose duplicidad de funciones y descoordinadamente, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que cumplió 20 años trabajando “para construir un país libre de violencia para las mujeres y toda la población y construir una sociedad igualitaria y democrática”.

El fracaso de las políticas sociales emprendidas sucesivamente por los numerosos ministros temporales de esos dos despachos, se lo atribuye reiteradamente el uno al otro.

Graves todos, han transcurrido más de cinco años, sin que se haya aprobado la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Adultas Mayores, es decir aquellas que tienen 60 años a más años; muchas privadas del derecho a una vida digna y libre de violencia, derecho a la pensión, salud, derecho a la participación, acceso a programas sociales y servicios de cuidados.

Desde mediados del año pasado o antes, no se ahora, en Huancavelica los comedores populares no tenían productos alimenticios; lo confirmado es que no hay recursos asignados a asegurar la atención alimentaria temporal por la pandemia a la población infantil y adolescentes en comedores populares, ollas comunes y otras.  En punto a la violencia de género, a la Defensoría del Pueblo le genera una especial preocupación la atención que ofrecen las instituciones del Estado a las mujeres en los casos de violencia familiar y sexual, así como en el cuidado de la salud materna.

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Según cifras de la Policía Nacional más de 900 niños, niñas y adolescentes se desaparecieron entre enero y junio del año pasado. Pese a la falta de cifras oficiales sobre los casos de feminicidio en el país, antes de la pandemia el 35% de los agresores se atribuye a la expareja, hoy es el alrededor del 51%. Tampoco se ha logrado el empoderamiento anunciado de la mujer emprendedora y empresaria. El 60% de la población que habita en las zonas rurales no accede al servicio de agua potable por medio de la red pública, de acuerdo con cifras oficiales.

La atención priorizada a las personas en condición de discapacidad (PCD) està quedando en pura labia, por cuanto un 68 % de la población beneficiaria del Programa Contigo, que entrega una subvención económica cada dos meses a personas con discapacidad severa y en condición de pobreza, no accede a la pensión. Una encuesta de este año dejo al descubierto que es rampante la vulneración de los derechos fundamentales de las empleadas del hogar: el 53% tenía un ingreso inferior al sueldo mínimo, el 42% desempeñaba jornadas laborales de más de 48 horas, el 30% no contaba con seguro de salud, el 6% tenía entre 14 y 17 años; mientras que el 15%, de 56 años a más.

De otra parte, en la educación básica y universitaria, un muestreo halló que el 88 % de los encuestados no fueron beneficiados con la subvención del servicio de Internet, y en otros eventos sigue sin hacerse efectivo el pago del Bono Universal destinado a cada ciudadano mayor de 18 años que lo necesite.

@luforero4