Por: Luis E. Forero Medina Abogado/Especialista enSaluderecho |
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En minería, el Perú ocupa un lugar preponderante en el contexto internacional: Es el primer país en el mundo en reservas de plata; el segundo productor de cobre y zinc a nivel mundial; el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina.
Permanentemente los peruanos tienen que sufrir el aumento desmedido del precio del gas licuado de petróleo y demás combustibles.
Para que el país tenga un gas barato, se ha propuesto en el Congreso de la República modificar la norma de la venta de petróleo que se vende de manera ilegal.
De alguna manera el país actualmente depende del abastecimiento del gas internacional.
El BonoGas Residencial se ideó en 2010 para subsidiar económicamente a las familias más desfavorecidas, sin embargo, se presenta continuamente abusos en su otorgamiento y utilización. En la lista de beneficiados de esos bonos están “algunos que no los necesitan, esas personas que tienen camiones o vehículos propios.”
Dicho subsidio se instituyó fundamentalmente “porque el volumen de consumo aún era pequeño frente a la inversión inicial”.
Actualmente se planea adelantar las conexiones de gas natural a instituciones de índole social, como albergues, residencias para adultos mayores, comedores populares, centros de salud y hospitales públicos.
El sector hidrocarburos, con énfasis en el gas natural, concentra el 80 % de la producción energética en el Perù; el 20% restante corresponde a la producción eléctrica.
La COVID-19 ha conducido a reestructurar diversos sectores de las economías nacionales. Fidel Kishimito aclaró que “el tránsito hacia una minería verde, que produzca minerales de forma sostenible y sustentable no busca solo minimizar la contaminación, sino integrar el concepto y asumir con responsabilidad la mitigación del cambio climático”.
El proyecto minero Quellaveco (Moquegua), avanzado en más de un 50%; Mina Justa (Ica), que empieza su producción en abril pròximo; y Ampliación Toromocho (Junín), cuya segunda fase está previsto retome en abril y finalice este año, son los más importantes proyectos que se adelantan en el Perú. Los principales inversionistas son el Reino Unido, China, Canadá, Estados Unidos, México, entre otros.
Las autoridades mineras están en proceso de robustecer la Oficina General de Gestión Social del Minem; implementar los Comités de Gestión Minero-Energético, e impulsar el monitoreo ambiental participativo en todas las regiones mineras.
Las protestas contra proyectos mineros son generalmente arrinconadas por decretos de emergencia que desnaturalizan el descontento social. “En octubre, el gobierno declaró el estado de emergencia durante 30 días en el denominado “corredor minero sur” como respuesta a una manifestación contra el proyecto minero Las Bambas. El decreto, que permitía el despliegue de las fuerzas armadas para controlar las protestas, impedía a las comunidades locales de la zona celebrar reuniones comunitarias” (Amnistía Internacional).
Otro lunar minero es la minería ilegal y el tráfico de combustible que supuestamente pasa de agache los controles del Estado; que han convertido nuevamente a Madre de Dios “en tierra de nadie, en donde la ley de la selva es la del más fuerte y la delincuencia campea poniendo en peligro la integridad de los habitantes de esa región”.
El procedimiento ilegal es común: diariamente navegan entre 30 y 40 canoas y sus propietarios, a sus anchas, vigilados por gente armada, llevan cilindros con combustible que venden a menos precio del oficial a miles de mineros ilegales.
El proyecto de Ley que garantiza el acceso al consumo del gas natural a nivel nacional y limita su exportación, señala que “En el caso peruano, las empresas privadas ponen demasiado énfasis en el lucro y la recuperación de costos; los servicios brindados a los grupos vulnerables son insuficientes y de mala calidad; y los operadores privados de las concesiones no son responsables ante el público.”
@luforero4 |
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